Por Brian Ellsworth
MIAMI, EEUU, 4 abr - Un exsoldado colombiano se declaró "no culpable" el lunes de los cargos de la fiscalía de conspirar para cometer un asesinato o un secuestro fuera de Estados Unidos, en relación con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo en enero que Mario Palacios formaba parte de un plan diseñado inicialmente para secuestrar a Moïse que terminó en uno de asesinato después de que los conspiradores no pudieron encontrar un avión para sacar al funcionario de Haití.
El abogado de Palacios, Alfredo Izaguirre, en una breve audiencia en el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida, presentó la declaración de no culpabilidad, y más tarde dijo a periodistas que Palacios no era consciente de lo que se estaba planeando.
"Es simplemente un soldado que fue llevado de Colombia a Haití", dijo Izaguirre a la salida del tribunal. "Esto fue orquestado por otras personas"
Moïse fue asesinado en su residencia de Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021. Recibió 12 disparos.
Palacios formaba parte de un grupo de cinco hombres conocido como el "Equipo Delta" que entró en la habitación de Moïse para matarlo a tiros, según un informe de agosto de la Policía Nacional de Haití sobre el asesinato. Los otros cuatro miembros de ese grupo están bajo custodia en Haití.
Palacios fue detenido en Jamaica en octubre e iba a ser deportado a Colombia en enero cuando aceptó, durante una escala en Panamá, viajar a Estados Unidos, según el Departamento de Justicia.
Estados Unidos se ha involucrado cada vez más en la investigación del asesinato de Moïse, ya que la pesquisa de las autoridades del país caribeño está estancada.
El ciudadano haitiano-chileno Rodolphe Jaar ha sido acusado en Estados Unidos y el exsenador haitiano John Joel Joseph, que fue detenido en Jamaica en enero, podría ser extraditado.
Haití ha detenido a decenas de personas tras el asesinato de julio que dejó un vacío político en la nación, pero la justicia no ha acusado a ningún sospechoso.
La investigación ha suscitado quejas por los retrasos y tres jueces han renunciado desde agosto, alegando amenazas e intimidaciones.