Por Yew Lun Tian y Tony Munroe
BEIJING - La jefa de derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet, cuya inusual visita a China fue criticada por grupos de derechos y países occidentales, dijo que instó a Pekín a revisar sus políticas antiterroristas para garantizar que cumplen las normas internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, Bachelet reiteró que su viaje de seis días, que finalizó el sábado e incluyó una visita a la región occidental de Xinjiang, no representa un análisis sobre las políticas de derechos humanos de China, sino una oportunidad para dialogar con el Gobierno.
Bachelet comenzó su viaje a China, el primero de un Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en 17 años, el lunes en la ciudad sureña de Cantón antes de dirigirse a Xinjiang. Su oficina dijo el año pasado que creía que los uigures de esa zona habían sido detenidos ilegalmente, maltratados y obligados a trabajar.
"He planteado preguntas y preocupaciones sobre la aplicación de medidas antiterroristas y de desradicalización de amplia aplicación, en particular el impacto sobre los derechos de los uigures y otras minorías predominantemente musulmanas", dijo la expresidenta de Chile durante una rueda de prensa online el sábado.
China niega todas las acusaciones de abusos en Xinjiang.
El acceso de Bachelet fue limitado, ya que China dispuso que viajara en un "circuito cerrado" -aislando a la gente dentro de una burbuja virtual para evitar la propagación del COVID-19- sin presencia de prensa extranjera.
Los grupos de derechos y los países occidentales temen que China utilice su viaje como un respaldo a su historial de derechos. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo el martes que era "un error aceptar una visita en estas circunstancias".
China negó inicialmente la existencia de campos de detención en Xinjiang, pero en 2018 dijo que había creado "centros de formación profesional" necesarios para frenar lo que, sostiene, es terrorismo, separatismo y radicalismo religioso en la región.
Bachelet dijo que planteó al Gobierno chino la falta de supervisión judicial independiente sobre el funcionamiento de los centros y las denuncias de uso de la fuerza, malos tratos y severas restricciones a la práctica religiosa.