Por Adam Jourdan y Daniel Ramos
SANTA CRUZ/LA PAZ, 2 ene - Manifestantes del departamento agrícola boliviano Santa Cruz bloqueaban el lunes carreteras de salida del territorio del oriente del país, amenazando con paralizar el transporte nacional de cereales y alimentos mientras hierve la ira tras la detención del gobernador local, Luis Camacho.
La región, bastión de la oposición conservadora al presidente socialista Luis Arce, vive su sexto día de protestas, en las que miles de personas han salido a las calles y se han registrado noches de enfrentamientos con quema de coches y petardos.
El martes, cientos de mujeres marcharon hasta la jefatura de policía de la capital departamental en apoyo a Camacho, exigiendo su liberación. En las vías cercanas había vehículos quemados, hogueras humeantes y bloqueos producto de los choques nocturnos.
Las protestas, desencadenadas por el arresto de Camacho el 28 de diciembre por un supuesto golpe de Estado en 2019, han ahondado la división entre Santa Cruz, en el llano tropical, y La Paz, sede del gobierno central en la zona andina y más indígena, enfrentadas desde hace años por la política y los fondos estatales.
El gobernador fue capturado por fuerzas especiales de la policía, sacado de su región en helicóptero y quien ahora se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad altiplánica de El Alto. Niega todos los cargos relacionados con la destitución del exmandatario socialista Evo Morales hace tres años.
Los líderes de Santa Cruz prometen luchar hasta que Camacho sea liberado y piden un sistema federal que dé a la zona más autonomía y más recursos del Estado. "Tenemos el mandato de nuestra asamblea de que nada salga de Santa Cruz y eso es lo que vamos a hacer", dijo Rómulo Calvo, jefe del poderoso grupo cívico Comité Pro Santa Cruz.
Marcelo Cruz, presidente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz, informó que se estaba intensificando el bloqueo de rutas. "Ningún grano, animal o insumo de las fábricas debe salir de Santa Cruz hacia el resto del país. Se están reforzando los puntos de bloqueo", explicó.
"ESTADO FORAJIDO"
Morales y sus aliados -incluido el actual mandatario Arce- dicen que su derrocamiento fue un golpe de Estado y han procesado a figuras de la oposición a las que culpan de ello. Jeanine Anez, que se convirtió en presidenta interina tras su destitución, fue encarcelada en 2022 con una condena de 10 años.
Grupos de derechos humanos afirman que el Gobierno está usando un sistema judicial débil para perseguir a la oposición. "Ya no somos más un Estado de derecho, somos un Estado forajido", dijo Erwin Bazán, del partido conservador Creemos, agregando que el caso de Camacho tiene motivaciones políticas.
Otros culpan al gobernador, un abogado y líder cívico de derechas de 43 años, de las tensiones de 2019, que se saldaron con decenas de muertos en protestas, entre ellos partidarios de Morales.
"Que entre 30 años a la cárcel. Queremos justicia", dijo María Laura, simpatizante del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). Morales sigue siendo el líder de la agrupación, aunque en ocasiones se ha enfrentado al nuevo presidente Arce.
Paul Coca, abogado y analista en La Paz, ligó en parte la detención a las divisiones internas en el MAS, con Arce tratando de neutralizar las críticas de Morales. "(Podía) enfrentarse a su jefe de su partido o directamente ir con todo contra Luis Fernando Camacho. Y optó obviamente por ir con todo contra Luis Fernando Camacho", consideró.
El bloqueo podría mermar el suministro de alimentos a otras partes del país, las exportaciones y el crecimiento, mientras Bolivia se enfrenta un gran déficit fiscal y bajas reservas. "Santa Cruz es el bastión económico de Bolivia", afirmó Gary Rodríguez, Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
La región es la principal productora de soja, caña de azúcar, trigo, arroz, maíz y ganado. "Todo este gran esfuerzo productivo privado está en peligro", añadió Rodríguez.