Por Alexander Villegas
LIMA, 3 feb - El Congreso de Perú archivó el viernes por la noche el proyecto de ley de la presidenta Dina Boluarte para adelantar las elecciones a 2023, dejando en el aire una de las principales reivindicaciones de los manifestantes cuyas protestas han sacudido el país en las últimas semanas.
Boluarte presentó el miércoles un proyecto de ley para adelantar los comicios a octubre de 2023 en un intento de calmar las mortíferas protestas. Un Congreso fracturado ha fracasado repetidamente a la hora de ponerse de acuerdo sobre su propio proyecto de ley tras semanas de luchas políticas internas.
Una comisión del Congreso examinó el proyecto el viernes por la tarde, pero lo archivó por un tecnicismo antes incluso de que llegara a debatirse. Ahora no podrá retomarse hasta julio, cuando comience un nuevo año legislativo.
La celebración rápida de nuevas elecciones ha sido una de las principales reivindicaciones de los manifestantes desde que el expresidente izquierdista Pedro Castillo fue destituido y encarcelado en diciembre tras intentar disolver de manera ilegal el Congreso.
Ocho semanas de protestas antigubernamentales se han saldado con 48 muertos en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, la mayoría en el sur de Perú, rico en cobre.
El Congreso ya había acordado adelantar las elecciones previstas inicialmente para 2026 a 2024, pero eso no detuvo las protestas.
Un proyecto de ley para convocar elecciones este año, presentado por el partido derechista Fuerza Popular, fracasó el miércoles tras días de negociaciones a puerta cerrada que no lograron un consenso.
Perú Libre, el partido de Castillo, presentó otro proyecto de ley para convocar elecciones anticipadas y un referéndum no vinculante para una nueva Constitución, pero fue rechazado el jueves por la noche.
Otros proyectos de ley para adelantar las elecciones siguen su curso legislativo, pero ninguno ha logrado el consenso.
Los manifestantes de todo Perú han bloqueado carreteras con árboles, piedras y neumáticos, han tomado aeropuertos regionales y han quemado edificios, afectando al transporte de mercancías, a los negocios y al funcionamiento de algunas minas clave en el segundo productor mundial de cobre.