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"Arma de distracción masiva": ¿Qué pasa con la extraña política italiana?

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el viceprimer ministro, Matteo Salvini.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el viceprimer ministro, Matteo Salvini. Derechos de autor Tiziana Fabi, AP Photo
Derechos de autor Tiziana Fabi, AP Photo
Por Giulia Carbonaro
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Polémicas medidas contra las fiestas rave, prohibición del chatbot ChatGPT, ilegalización de la carne sintética y un plan para imponer multas por utilizar palabras en inglés. Estas son algunas de las normas que ha propuesto el Gobierno italiano.

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Primero fueron las polémicas medidas contra las fiestas rave. Después, la prohibición del chatbot ChatGPT. A esto le siguió la prohibición de la carne sintética. Por último, un plan para imponer fuertes multas por utilizar palabras en inglés en documentos oficiales.

Después de que la coalición de ultraderecha que lidera la Primera Ministra italiana, Giorgia Meloni, impulsara una serie de políticas inverosímiles en los últimos meses, algunos se han preguntado: ¿qué está pasando realmente con los dirigentes italianos y las políticas extravagantes?

Francesco Strazzari, profesor de Relaciones Internacionales en la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna de Pisa, cuenta a Euronews que la reciente oleada de leyes aprobadas por el Gobierno de Meloni es "un arma de distracción masiva".

Mientras Italia se enfrenta a graves problemas, como otros muchos países europeos, entre ellos una persistente crisis energética y del coste de la vida y un creciente flujo migratorio, estas iniciativas legislativas hyan generado un intenso debate en tanto en redes sociales como entre la opinión pública italiana.

"Cada vez que el Gobierno de Meloni se encuentra en un momento difícil, presenta políticas polémicas utilizadas para desviar la atención de los malos resultados y medidas desastrosas", afirma Strazzari.

¿Qué problemas se esconden tras estas "políticas superficiales"?

El Gobierno italiano aprobó una ley que prohibía las fiestas rave ilegales el pasado mes de noviembre, sin que fuese una medida prioritaria en la agenda italiana, según comenta Strazzari. El asunto no suponía un problema inmediato para el país y podría haberse resuelto en el futuro.

"Pero se intentó darle importancia a la prohibición, dirigir la atención pública e intentar alejarla de lo que se avecinaba: una nueva ley en torno a las misiones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, sobre la que ya existía un fuerte debate", sostiene Strazzari.

Poco después de esta nueva norma, el Gobierno de Meloni aprobó una ley que prohíbe a los barcos de búsqueda y rescate de las ONG embarcarse en más de una operación a la vez y les obliga a desembarcar en los puertos indicados por las autoridades, que según Strazzari suelen ser "muy remotos".

Este decreto-ley, que limita considerablemente la capacidad operativa de los buques de búsqueda y salvamento de las ONG, ya ha provocado choques en el Mediterráneo con las autoridades italianas.

Las políticas más recientes en torno al ChatGPT, la carne sintética y el uso de palabras inglesas y extranjeras en las comunicaciones oficiales llegan en un momento en que se está desarrollando en Italia un debate muy serio en torno al sistema penitenciario del país y las condenas, reavivado por la huelga de hambre del recluso Alfredo Cospito.

Según Strazzari, el duro castigo impuesto a Cospito, un anarquista italiano que cumple un estricto régimen penitenciario reservado normalmente a los capos de la mafia, es "muy polémico en cuanto a normas internacionales, porque en los países del Estado de Derecho la severidad de una condena debe medirse en términos de duración, no de condiciones de encarcelamiento".

Pero en lugar de abordar retos complejos y a largo plazo como los que plantean la huelga de hambre de Cospito o la llegada de inmigrantes a las costas italianas, el Gobierno de Meloni ha centrado sus esfuerzos legislativos en una serie de políticas "en nombre del nacionalismo cultural", afirma Strazzari.

El debate en torno a estas políticas nacionalistas sirve una vez más para distraer la atención de nuevas leyes mucho más importantes -y polémicas- que el Gobierno de Meloni está intentando aprobar, como un proyecto de ley que penaliza la gestación subrogada realizada en el extranjero.

El mes pasado, el Parlamento italiano empezó a debatir una controvertida ley que ampliaría la prohibición de gestación subrogada que pesa desde hace tiempo sobre las parejas que viajan al extranjero para someterse al procedimiento, a países como Estados Unidos, Canadá e India. 

Según la ley propuesta, impulsada por Hermanos de Italia y la Liga, quienes busquen en el extranjero una madre de alquiler podrían enfrentarse a penas de entre tres meses y dos años o enfrentarse a multas de entre 600.000 y un millón de euros.

Esta ley sería especialmente restrictiva con las parejas del mismo sexo que intenten tener un bebé mediante gestación subrogada.

¿Italia contra la Unión Europea?

Las políticas propuestas por el Gobierno de Meloni se encuentran "bien en línea con la ideología del partido", afirma a Euronews Marianna Griffini, profesora del Departamento de Estudios Europeos e Internacionales del King's College de Londres.

"El partido de Meloni es uno de los que defienden la soberanía de Italia, y estas políticas están enviando el mensaje: 'No interfieras en nuestros asuntos internos', aunque solo se trate de asuntos culturales, de soberanía cultural", añade. 

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¿El destinatario de este mensaje? La UE.

La prohibición italiana de la carne sintética, según Griffini, puede verse como una forma de que Italia reclame a la UE soberanía en asuntos relacionados con su alimentación, después de que la Comisión ya hubiese dado luz verde a la carne cultivada en laboratorio.

Griffini no es el único que lo ve así. Para Strazzari, las políticas "ridículas" del Gobierno de Meloni, que "movilizan llamadas superficiales a la identidad nacional y a la retórica nacional", van todas en la dirección de un impulso soberanista cuyo objetivo es escabullirse del control de la Unión Europea, siguiendo los pasos de Polonia y Hungría.

Debido a sus políticas anti-LGBT, Polonia ha chocado con la UE sobre la primacía de la legislación nacional por encima de la de la UE, una cuestión que ha sido planteada por Meloni incluso antes de que llegara al poder el año pasado.

En 2018, cuando Meloni aún estaba en la oposición, el político de extrema derecha fue el primer firmante de una propuesta legislativa que pedía modificar dos artículos de la Constitución italiana que establecen que Italia reconoce la primacía del derecho europeo sobre el nacional. "Esa propuesta sigue ahí", comenta Strazzari. "No se ha debatido, pero tampoco se ha retirado: está como congelada ahí".

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Según Strazzari, ahora hay "un intento de encontrar congruencias" en Italia con Polonia y Hungría en cuanto a la introducción de políticas nacionalistas que tienen el potencial de ir en contra de los derechos fundamentales reconocidos por la UE. La propuesta de prohibición de los vientres de alquiler es un ejemplo de esta iniciativa.

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, que fue presidente del Parlamento Europeo entre 2017 y 2019, comentó recientemente las críticas del Parlamento Europeo al Gobierno de Meloni por la introducción de una ley que podría prohibir la gestación subrogada para los italianos que viajan al extranjero para someterse al procedimiento diciendo que "las regulaciones de Italia se hacen en Italia, no en Bruselas."

"Es una declaración bastante sorprendente por parte de alguien que fue presidente del Parlamento Europeo y conoce bastante bien cuáles son las prerrogativas del Parlamento de la UE, que es elegido, entre otros, por los italianos. Delegamos parte de nuestra soberanía en ese Parlamento", asegura Strazzari. 

Pero Griffini ve los esfuerzos soberanistas del Gobierno de Meloni simplemente como "batallas simbólicas" más que como un intento real de rebelarse contra la UE. "Hay demasiado en juego", dijo Griffini. "Están en juego los fondos del famoso plan nacional de recuperación y resiliencia, así que no creo que la relación con la UE llegue al punto de la hostilidad".

El plan de recuperación de Italia, que siguió a la crisis sin precedentes de la pandemia, consta de 132 inversiones y 58 reformas y está respaldado por 68.900 millones de euros en subvenciones y 122.600 millones en préstamos al país.

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"Italia sigue necesitando este dinero", zanja Griffini.

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