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Golpe de la justicia británica al plan del Gobierno de deportar a Ruanda a solicitantes de asilo

Una manifestante muestra un par de carteles con consignas, ante la sede del Tribunal Supremo del Reino Unido, en Londres.
Una manifestante muestra un par de carteles con consignas, ante la sede del Tribunal Supremo del Reino Unido, en Londres. Derechos de autor Kirsty Wigglesworth/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Derechos de autor Kirsty Wigglesworth/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Por Euronews en Español
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La máxima instancia judicial de la nación, ha confirmado la ilegalidad del polémico plan del Gobierno para deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo llegados de manera ilegal a territorio británico.

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El Tribunal Supremo del Reino Unido, máxima instancia judicial de la nación, ha confirmado la ilegalidad del polémico plan del Gobierno para deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo llegados de manera ilegal a territorio británico.

Los magistrados desestimaron un recurso del Ejecutivo de Rishi Sunak y dictaminaron que el Tribunal de Apelación tenía razón, al concluir que Ruanda no podía considerarse un 'tercer país' seguro.

Así, en un dictamen unánime de cinco jueces, el presidente del Supremo, Robert Reed, consideró que, "a la luz de las evidencias, hay un riesgo de que los demandantes de asilo puedan estar en peligro de ser deportados a sus países de origen, de los que huyeron".

El Supremo dio a conocer su decisión después de que el Gobierno Sunak recurriera el dictamen de una corte inferior, la Corte de Apelación. Un organismo que consideró también que Ruanda no era "un país seguro" para enviar a migrantes en situación irregular.

Con el dictamen de la máxima instancia judicial del Reino Unido, los magistrados dieron la razón a varios solicitantes de asilo y organizaciones no gubernamentales, que argumentaron en todo momento las deficiencias del país africano en materia de derechos humanos.

El Consejo para los Refugiados saludó el fallo legal al afirmar que supone "una victoria para los derechos de hombres, mujeres y niños que simplemente quieren estar seguros".

La decisión supone un duro varapalo para la política migratoria del Gobierno conservador, puesto que el plan de Ruanda era crucial para atajar el aumento de las embarcaciones con migrantes que cruzan el canal de la Mancha, que separa Inglaterra de Francia.

Este programa había sido defendido por la ahora ex ministra británica de Interior Suella Braverman, quien fue destituida por Sunak el pasado lunes a raíz de sus críticas contra la Policía británica.

Entretanto, el Gobierno del país africano ha 'impugnado' la decisión adoptada por el Tribunal Supremo del Reino Unido.

"Impugnamos la decisión de que Ruanda no es un tercer país seguro para los solicitantes de asilo y los refugiados", declaraba Yolande Makolo, portavoz del Ejecutivo de Kigali.

Así, el primer ministro del reino Unido, Rishi Sunak, y el presidente ruandés, Paul Kagame, se han comprometido a continuar su cooperación para que el plan británico para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda salga adelante, pese al revés judicial que ha sufrido en el Tribunal Supremo.

En una conversación telefónica, ambos líderes acordaron "trabajar juntos para abordar las inquietudes del Supremo", que en su decisión de hoy consideró que hay riesgo de que los solicitantes de asilo sean deportados a sus países de origen una vez lleguen a Ruanda.

Sunak señaló previamente en el Parlamento que está dispuesto a modificar los "marcos legales" para conseguir que el plan de Ruanda salga adelante, y su ministro de Interior, James Cleverly, adelantó que el plan del Gobierno es elevar el nivel del acuerdo para convertirlo en un tratado internacional.

El Reino Unido y Ruanda acordaron el 14 de abril de 2022 un plan a cinco años para enviar a Kigali a la mayoría de migrantes que lleguen por vías no autorizadas a territorio británico.

A cambio, Londres ha facilitado al país africano 120 millones de libras esterlinas (unos 138 millones de euros) en fondos para el desarrollo, y se haría cargo de los costes de tramitación e integración de cada persona reubicada.

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