La Casa Blanca defiende los ataques como parte de una ofensiva para frenar el narcotráfico y aumentar la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Estados Unidos intensificó esta semana su campaña militar y de presión política en el Caribe y el Pacífico oriental, combinando ataques letales contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico con nuevas amenazas directas contra el Gobierno de Venezuela.
El Ejército estadounidense confirmó el lunes un ataque letal contra una embarcación de bajo perfil en aguas internacionales del Pacífico oriental, presuntamente utilizada para el contrabando de drogas. Según el Mando Sur, la operación fue ejecutada por la Joint Task Force Southern Spear siguiendo órdenes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y dejó al menos una persona muerta.
Las autoridades estadounidenses aseguraron que los servicios de inteligencia confirmaron que la nave transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y estaba operada por organizaciones designadas como terroristas. Con este ataque, ya suman al menos 105 muertos en 29 operaciones desde septiembre, cuando la Administración del presidente Donald Trump inició una ofensiva sostenida contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico.
Paralelamente, Trump lanzó el lunes una nueva advertencia directa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, mientras la Guardia Costera de Estados Unidos incrementa la interdicción de petroleros venezolanos sancionados en el mar Caribe. Rodeado de sus principales asesores de Seguridad Nacional, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, Trump afirmó que está dispuesto a escalar aún más la presión contra Caracas.
"Si juega duro, será la última vez que pueda hacerlo", dijo Trump, al referirse a Maduro, al tiempo que reiteró su intención de imponer un bloqueo contra petroleros sancionados que transportan crudo venezolano. Washington sostiene que estas naves forman parte de una "flota oscura" utilizada para evadir sanciones internacionales, varias de las cuales ya han sido perseguidas o incautadas por la Guardia Costera, con apoyo de la Marina.
Impacto internacional y críticas a la ofensiva estadounidense
Entre los casos recientes figuran la incautación de los buques Centuries y Skipper, ambos registrados en Panamá y señalados como parte de esa red clandestina. Trump ha insistido en que las medidas buscan frenar el narcotráfico y presionar la salida de Maduro del poder, además de exigir la devolución de activos confiscados a empresas petroleras estadounidenses.
La escalada ha tenido repercusiones internacionales. Rusia comenzó a evacuar a familiares de diplomáticos desde Caracas, mientras que el canciller venezolano denunció "agresiones, actos de piratería y ejecuciones extrajudiciales" por parte de Estados Unidos. En respuesta a las incautaciones, la Asamblea Nacional venezolana avanzó en un proyecto de ley que criminaliza cualquier cooperación con bloqueos o confiscaciones de buques, con penas de hasta 20 años de prisión.
En el plano interno, las operaciones estadounidenses enfrentan creciente escrutinio de legisladores y expertos legales, quienes cuestionan si los ataques cumplen con la legislación estadounidense e internacional y si existe evidencia suficiente de que los objetivos eran efectivamente narcotraficantes. Organizaciones de derechos humanos advierten que el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin debido proceso podría constituir ejecuciones extrajudiciales.
Mientras tanto, en las costas venezolanas, la presencia cada vez más escasa de petroleros cerca de refinerías como El Palito refleja el impacto económico de las sanciones y el aislamiento. Residentes locales recuerdan una época de mayor actividad petrolera, en contraste con la actual crisis, marcada por inflación, escasez y una creciente tensión militar en la región.