La familia de Antonio Sequea y Fernando Noya sigue sin noticias de su liberación tras los anuncios oficiales en Venezuela, mientras organizaciones de derechos humanos advierten de que el número de presos políticos excarcelados es inferior al comunicado por el Gobierno de Delcy Rodríguez.
A principios de enero, cuando el Gobierno interino venezolano anunció el inicio de la liberación de presos políticos, apenas cinco días después de la captura de Nicolás Maduro, Verónica Noya volvió a permitirse algo que llevaba años evitando: imaginar el reencuentro. Pensó en sus hijos escuchando de nuevo la voz de su padre. Pensó en su madre abrazando a su hermano. Pensó, aunque fuera por un instante, que la espera podía estar llegando a su fin.
Pero los días pasaron. Y la noticia de su liberación no llegó.
Verónica es esposa, hermana, madre y exiliada. También es familiar de cuatro presos políticos que actualmente se encuentran encarcelados en Venezuela. Su marido, el capitán Antonio Sequea, y su hermano, Fernando Noya, que al igual que Verónica posee doble nacionalidad venezolana-española, llevan casi cinco años encarcelados. A ellos se suman su suegra, de 71 años, y una tía política, ambas desaparecidas forzosamente desde hace meses.
Antonio Sequea, uno de los líderes principales de la incursión marítima de la Operación Gedeón en 2020, y Fernando Noya estuvieron recluidos durante casi cuatro años en el temido Helicoide, cuyo cierre fue anunciado hace apenas unos días. Hace un año y ocho meses, Sequea y Noya fueron trasladados "bajo engaño" al centro penitenciario Rodeo I. "Durante este año y ocho meses yo no he tenido ningún tipo de contacto con ellos", dice Verónica desde España, donde vive con sus tres hijos.
"No solo mi esposo y mi hermano: todos los presos políticos que se encuentran en ese centro están en aislamiento prolongado", denuncia. Según su testimonio, pasan 23 horas al día encerrados en una celda de dos por dos metros, duermen sobre una colchoneta colocada en una base de cemento y solo pueden salir al patio una hora diaria. "No tienen comunicación con el exterior de ningún tipo", añade. "Les continúan violando sus derechos humanos más fundamentales".
Y la represión no terminó con ellos. La única persona que podía ver al capitán Sequea era su madre, una mujer de 71 años. Hace casi cuatro meses, fue interceptada por hombres encapuchados junto a su sobrina, de 60 años. Desde entonces, ambas permanecen en desaparición forzada. "No sabemos dónde están, ni cómo están, ni si reciben sus medicamentos", denuncia Verónica.
Juicios clandestinos y condenas sin defensa
Tanto Antonio Sequea, militar de la Guardia Nacional que participó en el alzamiento del 30 de abril de 2020, como Fernando Noya fueron acusados de terrorismo y traición a la patria, cargos habituales en causas contra presos políticos en Venezuela. Verónica asegura que nunca tuvieron un juicio justo.
"El tribunal fue trasladado a El Helicoide. Los hicieron firmar una lista de asistencia y con eso montaron la sentencia", relata. Fueron condenados a casi 30 años de prisión sin abogados privados, con defensores públicos impuestos y sin acceso posterior al expediente. El juez que los condenó, añade, hoy se encuentra preso por corrupción.
"La Justicia no puede ser selectiva"
Las recientes excarcelaciones han generado esperanza, pero también frustración. "Empiezo a ver la luz al final del túnel", reconoce Verónica, "pero no puede haber una transición real si la Justicia es selectiva". Pese al anuncio oficial de liberaciones y a las más de 50 excarcelaciones confirmadas hasta ahora, ningún militar ha sido puesto en libertad. Un dato que, para los familiares, resulta especialmente grave y revelador.
"Siempre se decía que los militares no actuaban, que eran cómplices del régimen", denuncia. "Pero cuando algunos dieron un paso al frente, cuando decidieron actuar apegados a la Constitución, hoy están olvidados".
Los militares encarcelados por motivos políticos, muchos de ellos vinculados a intentos de alzamiento o a la Operación Gedeón, llevan años en condiciones de aislamiento extremo, sin juicios justos ni contacto con sus familias. Para Verónica, excluirlos ahora de las excarcelaciones envía un mensaje peligroso: que la libertad puede ser selectiva incluso en un contexto de transición.
"No pueden dejarlos de último ni borrarlos del relato", insiste. "Cuando se habla de presos políticos, muchas veces solo se piensa en dirigentes o activistas civiles. Pero estos militares también son presos políticos. Son personas a las que se les pidió que actuaran y lo hicieron. Hoy pagan ese precio en silencio".
Vigilia y presión desde dentro y fuera del país
Mientras tanto, en Venezuela, madres, esposas e hijas mantienen una vigilia frente al Rodeo I desde hace días. Otras protestas se han trasladado a la Universidad Central de Venezuela, con el apoyo de estudiantes. "Es un trabajo de hormiguitas, pero invaluable", dice Verónica. "Muchas familias ni siquiera saben que sus parientes están detenidos allí".
"Hace unos días se decía que no había presos políticos en Venezuela", concluye. "Hoy reconocen que existen, pero solo han liberado a unas 50 personas. Aún quedan unas 750 familias esperando. Esto no puede parar. El mundo tiene que verlo", asegura.
Un gesto clave para una transición real
Para las familias, la liberación de los militares no es solo una cuestión de justicia individual, sino un termómetro del cambio político. "Si de verdad se quiere iniciar una transición a la democracia", sostiene Verónica, "el primer gesto humanitario debe ser la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares, sin excepción".
Mientras eso no ocurra, advierte, la promesa de apertura seguirá siendo incompleta. Y cientos de hombres, muchos de ellos uniformados, seguirán presos en centros como Rodeo I, sin rostro público ni fecha de salida.