Los hechos ocurren tras unas declaraciones de su director general en Davos, asegurando en un panel que la confianza de los inversores y empresas en EE.UU. se ha resentido. El banco tomó la decisión de congelar sus cuentas tras el intento de insurreción posterior a las elecciones de 2020.
Donald Trump ha presentado una demanda contra JP Morgan Chase en un tribunal de Florida, alegando que el mayor banco de Estados Unidos lo "excluyó" de sus activos financieros por motivos políticos tras los dramáticos acontecimientos del 6 de enero de 2021. Según la demanda del presidente, el cierre de sus cuentas no se debió a riesgos comerciales, sino que fue el resultado de presiones políticas y de una intención de dañar su crédito.
Según la demanda de Trump, el banco le causó graves pérdidas económicas, imposibilitó el funcionamiento de su negocio y lo incluyó en una "lista negra" informal del sector financiero. Trump no solo demandó a JP Morgan Chase, sino también al director ejecutivo Jamie Dimon, quien ganó alrededor de 43 millones de dólares (39,6 millones de euros) el año pasado.
Hace unos días, Dimon expresó una crítica cautelosa hacia el presidente en el Foro Económico Mundial de Davos. "Si me preguntara si Estados Unidos se ha vuelto poco fiable, le diría que no. Más bien se trata de que antes se confiaba plenamente en ella, pero ahora esa fiabilidad es menor", afirmó el director general, añadiendo que también durante la presidencia de Joe Biden hubo cosas que no le gustaron, pero que los periodistas nunca le preguntan por ellas.
JP Morgan Chase rechaza categóricamente las acusaciones
Según la defensa, el cierre de las cuentas del republicano no fue una decisión política, sino exclusivamente una decisión de gestión de riesgos que tomaron muchos otros bancos en el caso de Trump y su entorno después de 2021.
La cuestión clave en el juicio será si hubo discriminación política demostrable o si el banco tomó una decisión de riesgo reconocida por la legislación. En la práctica, esto significa que un gestor de cuentas no está obligado a mantener una relación comercial con un cliente que suponga un riesgo para la reputación del banco, incluso si el origen de su dinero es legítimo.
El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 se saldó con víctimas mortales de los empleados federales que trataban de defender la sede legislativa. Tras su salida, el Congreso inició una larga investigación para determinar si había incitado a la revuelta.
Todo esto suponía un riesgo comercial y de reputación para el banco, ya que estaba relacionado con un cliente que generaba constantemente una atención pública negativa. Desde el punto de vista bancario, Trump no se convirtió en un cliente "prohibido", sino que se volvió incómodo, ya que la mera mención de su nombre atraía la presión pública y la atención de la prensa hacia la entidad financiera.
Si el argumento legal de Trump se sostiene, aunque sea parcialmente, podría sentar un precedente: podría limitar la libertad de gestión de riesgos de los bancos, aumentar la protección legal de los actores políticos y, sobre todo, abrir un nuevo frente en la ya delicada y controvertida relación entre el sector financiero y la alta política.
¿Qué es JP Morgan Chase?
JP Morgan Chase no es solo un banco, sino uno de los pilares del sistema financiero estadounidense. Entre sus predecesores se encuentra la empresa J.P. Morgan & Co. del siglo XIX, que desempeñó un papel importante en el rescate de bancos, la financiación de la deuda pública y la gestión de crisis. La famosa frase de su fundador sigue vigente hoy en día en la filosofía de la institución financiera: "Ve tan lejos como puedas ver, y cuando llegues allí, verás aún más lejos".
Hoy en día, JP Morgan es el banco más grande de Estados Unidos en términos de balance total, con una enorme presencia global tanto en el sector minorista como en el corporativo.
La ofensiva legal de Trump no es un fenómeno nuevo
La demanda contra JP Morgan encaja en la estrategia general de Donald Trump, que ataca simultáneamente a bancos, empresas de medios de comunicación y adversarios políticos, utilizando la ley como arma.
En los últimos años, Trump ha tomado medidas contra varios medios de comunicación importantes: en 2022, demandó a la 'CNN' por difamación por una cantidad de cientos de millones de dólares, pero finalmente perdió el caso, aunque dejó claro que considera a la prensa como un adversario político.
Tras el asalto al Capitolio, Trump amenazó con emprender acciones legales contra la 'BBC' y otros medios de comunicación internacionales por sus coberturas del 6E, principalmente por el uso de los términos "levantamiento" y "revuelta". A raíz de sus ataques públicos, la 'BBC' inició una investigación interna sobre la cobertura del Capitolio y, al final del proceso, varios editores jefe dimitieron, aunque el caso no llegó a la fase judicial formal.