Nuevos documentos y testimonios han reactivado el interés sobre el rancho de Jeffrey Epstein en Nuevo México. Este es el contexto, los antecedentes y las claves de Zorro Ranch, la propiedad que vuelve a estar bajo escrutinio.
Las autoridades de Nuevo México (Estados Unidos) anunciaron esta semana que han reabierto la investigación sobre Zorro Ranch, una remota propiedad que perteneció al multimillonario y condenado delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de que hayan salido a la luz documentos y denuncias que apuntan a posibles delitos graves cometidos en el lugar.
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El extenso complejo, conocido como Zorro Ranch, fue adquirido por Epstein en 1993 al exgobernador demócrata Bruce King. Allí levantó una imponente mansión de 2.480 metros cuadrados en lo alto de una colina, además de construir una pista de aterrizaje privada que facilitaba el acceso discreto a la finca, situada en una zona aislada a decenas de kilómetros de Santa Fe.
La investigación estatal se ha reactivado tras la difusión de miles de documentos desclasificados del caso Epstein que contienen referencias al rancho. Entre ellas, un correo electrónico anónimo de 2019 aseguraba que dos menores extranjeras habrían sido estranguladas durante actos violentos y enterradas en las colinas cercanas a la propiedad, afirmación que ha generado alarma entre las autoridades fiscales y policiales.
Además de estas denuncias, legisladores de Nuevo México aprobaron por unanimidad la creación de una comisión bipartidista, una "comisión de la verdad", encargada de recopilar testimonios de supervivientes, revisar las pruebas y esclarecer si en la finca se produjeron abusos sexuales, tráfico de menores u otras actividades criminales que hasta ahora no habían sido investigadas de forma exhaustiva.
El fiscal general estatal ha solicitado también copias sin censura de los correos claves y trabaja con otras agencias para examinar el material contenido en los archivos desvelados recientemente. Hasta ahora, el rancho no había sido objeto de una investigación federal profunda, incluso cuando muchas víctimas describieron experiencias traumáticas allí durante los años en que Epstein lo controló.
Tras la muerte de Epstein en 2019 mientras esperaba juicio en Nueva York, la propiedad permaneció en manos de sus herederos hasta que fue vendida en 2023 a la familia de Don Huffines, candidato republicano de Texas en la elección estatal para el cargo de contralor. Los ingresos de la operación se destinaron a los acreedores del patrimonio de Epstein.
Huffines explicó en la red social X que la finca fue rebautizada como San Rafael Ranch, en honor a un santo asociado con la sanación, y aseguró que su familia tiene previsto convertir el lugar en un retiro cristiano.