El movimiento Fatah y otros grupos nacionales e islámicos han convocado una huelga en toda Cisjordania, incluyendo a Jerusalem, en protesta por la aprobación por parte del Parlamento israelí de la ley de pena de muerte para los presos palestinos condenados por terrorismo.
Comercios e instituciones públicas palestinas cerraron el miércoles en toda la Cisjordania ocupada en protesta por una nueva ley israelí que permite la ejecución de palestinos condenados por atentados mortales, pero no de israelíes declarados culpables de delitos similares.
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El Parlamento israelí aprobó definitivamente la controvertida ley a principios de esta semana. Según el texto, quien cause intencionadamente la muerte de una persona en un acto de terrorismo, con la intención de negar la existencia del Estado de Israel, será castigado con la pena de muerte.
En las principales ciudades del territorio, Hebrón, Ramala y Nablús, la mayoría de los comercios permanecieron cerrados después de que el partido Fatah del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, convocara una huelga general.
Se cerraron centros comerciales enteros, así como el principal mercado de Ramala, sede de la Autoridad Palestina al norte de Jerusalén. "Es una locura que se apruebe esta ley, es una locura y es completamente racista", dijo Mohammed Gussein, un estudiante de 24 años de la Universidad Al-Quds, que como todas las universidades palestinas, permaneció cerrada el miércoles.
"No hay una sola persona aquí de pie que no tenga un hermano, un marido, un hijo o incluso un vecino en prisión. No hay familia palestina sin un preso", afirmó Riman, psicólogo de 53 años de Ramala.
"Hoy sentimos mucha rabia, porque también hay una verdadera debilidad en la solidaridad con ellos. La ocupación israelí apuesta por la debilidad de la calle", señaló Riman.
La nueva ley, aprobada en el Parlamento israelí a última hora del lunes, supondría para los palestinos la pena de muerte como condena por defecto si son declarados culpables por tribunales militares de llevar a cabo atentados mortales clasificados como terrorismo.
Dado que los palestinos de los territorios ocupados son juzgados automáticamente por los tribunales militares israelíes, la medida crea de hecho una vía legal separada y más dura para los palestinos.
En los tribunales civiles de todo Israel, la ley permite la pena de muerte o la cadena perpetua para los condenados por matar con intención de dañar al Estado. Aunque la ley no prevé la aplicación retroactiva, los críticos afirman que la distinción pone de relieve un sistema de desigualdad.
Históricamente, Israel rara vez ha recurrido a la pena de muerte y sólo la ha aplicado en casos excepcionales. La última persona ejecutada en Israel fue el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en 1962.
Israel ocupa Cisjordania desde 1967 y la violencia allí se ha disparado desde el ataque dirigido por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó una ofensiva de represalia israelí de dos años en Gaza, en la que murieron decenas de miles de personas en todo el enclave.
Amnistía Internacional ha condenado enérgicamente la aprobación de esta ley. "La comunidad internacional debe ejercer la máxima presión sobre las autoridades israelíes para que deroguen de inmediato la ley de pena de muerte, para que quede abolida por completo y desmantelen todas las leyes y prácticas que contribuyen al sistema de apartheid contra los palestinos".