La reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei permite a las provincias autorizar actividades mineras en áreas cercanas a glaciares. Ambientalistas, la ONU y organizaciones sociales alertan de riesgos para reservas estratégicas de agua.
El Gobierno de Javier Milei ha impulsado una reforma de la Ley de Glaciares que flexibiliza la protección ambiental vigente desde 2010 y abre la puerta a actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares. El proyecto, enviado al Congreso a finales del año pasado y aprobado por el Senado en febrero, otorga a las provincias la potestad de definir qué áreas cercanas a los glaciares pueden explotarse.
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La modificación ha sido defendida por el oficialismo, pero ha generado un amplio rechazo entre organizaciones ambientalistas y expertos internacionales, incluidos relatores de Naciones Unidas, que advierten de los riesgos para las reservas de agua y el impacto climático.
Una ley pionera que cambia su alcance
La reforma modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010, considerada pionera en América Latina, que establecía la protección de glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua.
Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Argentina cuenta con cerca de 17.000 glaciares que alimentan 36 cuencas hídricas en más de un millón de kilómetros cuadrados. Sin embargo, estas reservas se han reducido un 17% en la última década.
La normativa original consideraba los glaciares bienes públicos esenciales para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad y la investigación científica. Por ello, prohibía actividades como la minería, la instalación de industrias o el vertido de contaminantes.
Qué cambia con la reforma
La nueva normativa sustituye esa protección general por un modelo condicionado. Solo quedarán protegidos los glaciares y zonas periglaciares que demuestren un "aporte hídrico relevante y verificable".
Además, serán las autoridades provinciales las encargadas de decidir qué áreas quedan protegidas y qué actividades pueden realizarse. La evaluación ambiental estratégica solo será obligatoria si la autoridad competente lo considera necesario.
La reforma también reduce el papel del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que pasará de supervisar a desempeñar únicamente funciones de registro.
En la práctica, la nueva ley permitirá a cada provincia aplicar criterios propios y autorizar proyectos extractivos en zonas periglaciares que no aporten agua de forma directa a las cuencas hidrográficas.
La iniciativa ha provocado protestas en las calles de Buenos Aires. Durante la votación, manifestantes denunciaron que la reforma pone en riesgo reservas estratégicas de agua y prioriza intereses privados sobre el derecho a un ambiente sano.
Activistas de Greenpeace se encaramaron a la Estatua de la República, frente al Parlamento, para desplegar un cartel con el mensaje: "Diputados no traicionen a los argentinos. La ley de glaciares no se toca".
Cuatro relatores de la ONU también enviaron una carta al Gobierno argentino expresando su preocupación por el impacto potencial de la medida sobre el cambio climático y los derechos humanos.
Los ambientalistas advierten que la reforma debilita la protección de ecosistemas clave y podría permitir actividades extractivas en zonas fundamentales para el abastecimiento de agua en un contexto de creciente presión climática.