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Greenpeace se enfrenta a una demanda de 290 millones de euros: ¿Podrá sobrevivir?

Líderes y abogados de Greenpeace escuchan la pregunta de un reportero en el condado de Morton, Dakota del Norte, el 19 de marzo de 2025.
Líderes y abogados de Greenpeace escuchan la pregunta de un reportero en el condado de Morton, Dakota del Norte, el 19 de marzo de 2025. Derechos de autor  AP Photo/Jack Dura
Derechos de autor AP Photo/Jack Dura
Por Jack Dura con AP
Publicado Ultima actualización
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La demanda está relacionada con las protestas de hace una década contra el oleoducto Dakota Access, un proyecto petrolero que generó una fuerte oposición.

Greenpeace se juega su supervivencia en la justicia de Dakota del Norte, donde un juez ha decidido ordenar que el grupo ecologista pague unos 345 millones de dólares (292 millones de euros) a una compañía energética cuya construcción del oleoducto Dakota Access desató protestas hace casi una década.

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El año pasado, un jurado consideró responsables a tres entidades de Greenpeace de numerosas reclamaciones y otorgó a Energy Transfer una indemnización de más de 660 millones de dólares (559 millones de euros), cantidad que el juez James Gion redujo casi a la mitad. Una vez se registre oficialmente la orden que prometió el 24 de febrero, se espera que ambas partes recurran ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte.

El conglomerado energético, con sede en Dallas, valorado en 64.000 millones de dólares (54.000 millones de euros), propietario y operador de miles de kilómetros de oleoductos en 44 estados, ha rechazado que se reduzca a la mitad la cuantía fijada. Greenpeace USA, por su parte, ha declarado que su efectivo y activos están muy lejos de poder afrontar una indemnización de esa magnitud.

"Solicitaremos un nuevo juicio y, si se nos niega, recurriremos la sentencia ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte, donde Greenpeace International y las entidades de Greenpeace en Estados Unidos cuentan con sólidos argumentos para que se desestimen todas las reclamaciones legales presentadas contra nosotros", afirmó el 26 de febrero Kristin Casper, asesora jurídica general de Greenpeace International.

ARCHIVO, en esta foto del viernes 28 de septiembre de 2018, el buque insignia de Greenpeace, el Rainbow Warrior, permanece atracado en Wellington, Nueva Zelanda.
ARCHIVO, en esta foto del viernes 28 de septiembre de 2018, el buque insignia de Greenpeace, el Rainbow Warrior, permanece atracado en Wellington, Nueva Zelanda. AP Photo/Mark Baker, File

¿Puede sobrevivir Greenpeace?

Greenpeace International, con sede en Países Bajos, Greenpeace USA y su brazo financiero, Greenpeace Fund Inc., han asegurado que nunca dejarán de trabajar para proteger el planeta.

Presente en más de 55 países, Greenpeace se define como "una red mundial de organizaciones independientes de campaña que utilizan la protesta pacífica y la confrontación creativa para sacar a la luz los problemas medioambientales globales y promover soluciones esenciales para un futuro verde, justo y alegre".

Fundada en 1971 en Canadá por activistas medioambientales que querían frenar las pruebas de armas nucleares en el archipiélago de las Aleutianas, en Alaska, la organización fletó un barco para "ser testigo" de una de esas pruebas, siguiendo la tradición de protesta cuáquera.

La Guardia Costera les interceptó, pero la acción se convirtió en una victoria cuando Estados Unidos puso fin a las pruebas en la isla. El nombre, según la página web del grupo, surgió cuando alguien salió de una reunión levantando dos dedos y diciendo "'Peace!'", a lo que el ecólogo canadiense Bill Darnell respondió: “"Hagámoslo un Green Peace".

¿Qué ha hecho Greenpeace?

Los activistas de Greenpeace han escalado puentes para colgar pancartas y se han enfrentado en el mar a barcos balleneros. Tres de sus barcos recorren el mundo para impulsar las causas de la organización.

En 1981, miembros de Greenpeace treparon por la chimenea de una planta química para denunciar la contaminación tóxica, y en 1995 ocuparon una plataforma petrolífera del mar del Norte. En 2017 desplegaron una pancarta con la palabra 'Resist' desde una grúa cerca de la Casa Blanca, pocos días después de que el presidente Donald Trump actuara para reanudar las obras del Dakota Access. Y en 2023 cubrieron con una tela negra la residencia campestre del entonces primer ministro británico Rishi Sunak para protestar contra nuevas perforaciones de petróleo y gas.

Pero fueron las protestas en Dakota del Norte en apoyo a la tribu sioux de Standing Rock las que sumieron a las organizaciones en problemas judiciales.

ARCHIVO - Manifestantes se enfrentan a la policía local durante una protesta contra la ampliación del oleoducto Dakota Access, cerca de Cannon Ball, Dakota del Norte, el 2 de noviembre de 2016.
ARCHIVO - Manifestantes se enfrentan a la policía local durante una protesta contra la ampliación del oleoducto Dakota Access, cerca de Cannon Ball, Dakota del Norte, el 2 de noviembre de 2016. AP Photo/John L. Mone, File

¿De qué trata la demanda contra Greenpeace?

Los planes para el oleoducto Dakota Access, valorado en varios miles de millones de dólares y que ahora transporta petróleo por cuatro estados del Medio Oeste, generaron una fuerte oposición después de las quejas de la tribu, cuya reserva se encuentra aguas abajo del punto en el que el oleoducto cruza el río Misuri. La tribu sostiene desde hace años que el oleoducto amenaza su suministro de agua.

La protesta de la tribu atrajo a miles de simpatizantes, que acamparon en la zona durante meses intentando frenar la construcción. Las manifestaciones, a menudo caóticas, en 2016 y 2017 se saldaron con centenares de detenciones.

Un abogado de Energy Transfer, Trey Cox, afirmó que Greenpeace se aprovechó de un asunto local pequeño y desorganizado para impulsar su agenda. Calificó al grupo de "maestros de la manipulación" y "engañoso hasta la médula". Acusó a Greenpeace de pagar a manifestantes profesionales, organizar formaciones para activistas, compartir información sobre el trazado del oleoducto e incluso enviar dispositivos de bloqueo para que los manifestantes pudieran encadenarse a la maquinaria.

Las organizaciones de Greenpeace sostienen que no hay pruebas que respalden esas acusaciones y que su implicación en las protestas fue mínima o nula. Calificaron la causa judicial de 'lawfare', una estrategia destinada a silenciar a activistas y críticos.

Sin embargo, el jurado consideró responsable a Greenpeace USA de todos los cargos, entre ellos difamación, conspiración, allanamiento, alteración del orden público e interferencia ilícita en contratos. Las otras dos entidades fueron consideradas responsables de parte de las reclamaciones.

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