Este tramo del río junto a la capital onubense acumula décadas de residuos tóxicos generados por la empresa Fertiberia. Una plataforma local, con tres procesos judiciales interpuestos ante el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno, lucha por frenar la solución que ideó la compañía.
La plataforma Mesa de la Ría (MRH) mueve ficha para desterrar la Declaración de Impacto Ambiental positiva que el Gobierno otorgó a un proyecto de entierro de residuos contaminantes en la desembocadura del río Tinto, a orillas de Huelva capital, el cual lleva movilizando décadas a la ciudadanía onubense hasta el punto de conseguir representación en el Ayuntamiento del municipio andaluz durante dos legislaturas (en 2011, 2015 y 2019) para frenar este proyecto.
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En concreto, MRH envía a su caso interpuesto ante la Audiencia Nacional un nuevo recurso que trata de demostrar que las balsas encargadas de enterrar el residuo del ácido fosfórico (que se combina con ácido sulfúrico para ser utilizado como fertilizante, cuya producción por parte de la compañía Fertiberia se paralizó por orden judicial en 2010) no solo son ineficaces sino que agravan el problema. Ello es manifiestamente visible, defienden los demandantes, tras el tren de borrascas que afectó a Andalucía occidental a lo largo del último invierno.
¿Las consecuencias? Estos residuos almacenados se desbordan en el tramo del Tinto situado frente a Huelva (a 300 metros de algunas casas de este municipio) y Palos de la Frontera, al otro lado del río. Ello afecta no solamente a la salud de los residentes sino también a la biodiversidad del paraje natural de las Marismas del Odiel, situada apenas unos kilómetros curso abajo, y a la desembocadura de ambos ríos en el golfo de Cádiz, aumentando sus niveles de arsénico entre otras consecuencias.
"El Ministerio aprobó un proyecto que confiaba en que el agua desapareciera sola. La realidad es que las balsas están llenas y el problema se ha multiplicado", señalan desde MRH. La organización, además del recurso presentado ante la AN, mantiene otros dos contenciosos adminstrativos tanto en el consistorio onubense como en la Junta de Andalucía, quienes también otorgaron su beneplácito burocrático mediante una licencia de obra y una Autorización Ambiental Integrada, respectivamente.
Los demandantes también aseguran que el Ministerio de Transición Ecológica comandado por Sara Aagesen habría puesto a disposición de Fertiberia un informe sobre la situación de evaluación ambiental en la conocida como zona 4 de las balsas, elaborado por una empresa privada, Emigrisa, pero sin que dicho documento esté a disposición de todas las partes.
Los activistas ponen el foco en la situación de la balsa 3. "Se encuentra completamente colmatada", denuncia el recurso interpuesto ante la AN al que ha podido acceder 'Euronews', "así como los canales perimetrales de la balsa nº2, prestando igualmente las balsas de la zona 2 un grado de llenado aproximado del 90%" a fecha del 20 de febrero.
La maldición histórica del Tinto: los fertilizantes se suman ahora a la minería y la radioactividad
Tras la llegada de la democracia, la Junta de Andalucía obliga a los dueños de esta empresa química, presente en varias partes de la Península Ibérica, a frenar los vertidos a un río Tinto ya de por sí extremdamente contaminado por el uso de la minería en la zona desde la edad de Cobre y por el accidente radiactivo de Acerinox en 1998, que provocó que se vertiesen cantidades radiactivas de cesio 137 en el sector de la zona 4, con cancerígenos como el polonio 210, el radón 222 o el radio 226.
Según Rafael Gavilán, portavoz de la Mesa de la Ría, la compañía aseguró entonces que el agua contaminada volvía a su fábrica a través de un circuito cerrado, pero se hizo patente que los vertidos de los conocidos como fosfoyesos, además del cesio radiactivo, seguían afectando a la calidad del agua.
Fertiberia, que deja de producir este residuo a partir de 2010 tras una sentencia que acaba con más de 40 años de vertidos, es condenada también a buscar una solución reparatoria. Sus directivos presentan ante las administraciones públicas un plan para instalar una serie de balsas que entierren en el subsuelo los derivados y evaporen el agua contaminada en la superficie. Gavilán denuncia que la solución, avalada por la Junta, el Ayuntamiento y el Gobierno, nunca fue eficaz.
"La realidad ha dejado en evidencia al Ministerio. El proyecto no solo no soluciona el problema, sino que lo agrava. Las balsas están llenas, el agua contaminada sigue ahí y no hay ningún plan para tratarla", expresan. Durante su proceso judicial ante la Audiencia Nacional, MRH ha incoporado un informe de académicos de las universidades de Huelva y Sevilla para probar sus alegaciones, además de un segundo estudio del Instituto Nacional de Toxicología encargado a instancias de la propia Fiscalía.
"La Declaración de Impacto Ambiental se basa en un sistema de evaporación natural diseñado hace más de una década bajo hipótesis climáticas e hidrológicas que han resultado completamente desvirtuadas por la realidad y la evolución reciente del régimen pluviometrico, evidenciándose que la evaporación no compensa los aportes hídricos sino que se está produciendo una acumulación progresiva de agua que impide materialmente la ejecución del sellado en las condiciones previstas y agrava los riesgos de contaminación de suelos y aguas advertidos por el propio Instituto Nacional de Toxicología", concluye el último recurso presentado.
'Euronews' se ha puesto en contacto con el organismo dirigido por Sara Aagesen para conocer si mantendrán su declaración favorable de impacto ambiental, entre otras cuestiones, pero no ha recibido respuesta al respecto en el momento de la publicación de este artículo.