La UE sigue sin acuerdo sobre la nueva ley de retorno de migrantes, que prevé registros domiciliarios y centros de expulsión fuera del bloque para acelerar las devoluciones.
El Parlamento Europeo y los países de la UE no han logrado un acuerdo sobre las nuevas normas para el retorno de inmigrantes, y eurodiputados y diplomáticos discrepan sobre cuándo deben entrar en vigor.
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La nueva ley, conocida como 'reglamento sobre retornos', prevé medidas más estrictas para acelerar la devolución de inmigrantes en situación irregular, incluidas la creación de centros de expulsión fuera de la UE, períodos más largos de detención y vetos de entrada para nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en Europa.
Tras tres rondas de negociación en Estrasburgo, los negociadores dieron por terminadas las conversaciones y acordaron retomarlas el 1 de junio. Según varias fuentes presentes en la reunión, el único punto de fricción es el calendario de aplicación.
Mientras el Parlamento quiere que la ley se aplique de inmediato, los Estados miembros presionan para retrasar la entrada en vigor de la mayoría de las disposiciones hasta dentro de dos años. Algunos gobiernos alegan que necesitan tiempo para adaptar sus sistemas. No obstante, varios diplomáticos explican a 'Euronews' que el resto de cuestiones, incluidas las más polémicas, han quedado provisionalmente cerradas.
"Dada la urgencia de la situación migratoria, nos hemos opuesto firmemente a las propuestas de retrasar su aplicación uno o incluso dos años. Esos retrasos no se pueden justificar", declaró a 'Euronews' el negociador del Partido Popular Europeo (PPE), François-Xavier Bellamy.
Y no todos los eurodiputados están satisfechos con el texto en su conjunto. La eurodiputada de Los Verdes/ALE Mélissa Camara, que participó en las negociaciones, calificó la reunión de "parodia de negociación". "En lugar de luchar por un texto digno y humano, optaron por centrarse en una batalla ridícula sobre cuándo empezaría a aplicarse", añadió.
Mano dura con la inmigración irregular
Según el texto provisional, las autoridades nacionales podrán registrar domicilios u otros locales pertinentes de los inmigrantes en situación irregular, una disposición que ONG y organizaciones de la sociedad civil comparan con las polémicas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Cualquier registro domiciliario deberá estar sujeto a una orden judicial previa o a una orden administrativa, y tendrá que ser proporcionado y debidamente justificado por la urgencia de la actuación. La ley también permitirá a los países de la UE devolver a inmigrantes en situación irregular a terceros países sin vínculo con su origen, siempre que exista un acuerdo bilateral para establecer en su territorio los llamados "centros de retorno".
Este punto nunca ha estado en cuestión, ya que cuenta con el respaldo del Parlamento y del Consejo. Algunos Estados miembros ya se han aliado para crear centros de retorno fuera de Europa. El Gobierno italiano, por ejemplo, desarrolla un proyecto similar en Albania.
Tanto el Parlamento como los Estados miembros también quieren permitir las expulsiones a terceros países de familias con menores, excluyendo únicamente a los menores no acompañados. Sin embargo, los negociadores han eliminado una controvertida disposición respaldada inicialmente por el Parlamento Europeo que permitía entablar conversaciones con entidades de terceros países no reconocidas a efectos de readmisión.
Esa propuesta fue muy criticada porque podía abrir la puerta a cooperar con regímenes no democráticos, como los talibanes en Afganistán, aunque la UE ya colabora en este ámbito con gobiernos controvertidos como los de Libia, Egipto o Siria.
La ley aumentará el periodo máximo de detención de los inmigrantes en situación irregular en espera de devolución, que pasará de seis meses a dos años, con una duración ilimitada para quienes sean considerados una amenaza para la seguridad. También ampliará de cinco a diez años la duración de las prohibiciones de entrada en la UE, con posibles vetos de por vida para quienes representen un riesgo.
El Parlamento y los Estados miembros también han acordado modificar el efecto suspensivo automático de los recursos. Con la legislación vigente, cualquier expulsión queda suspendida hasta que haya una sentencia firme. La nueva ley pretende dejar esta decisión en manos de las autoridades judiciales, caso por caso.
Unificar la línea en migración
Pese al aplazamiento de las negociaciones, el Parlamento y el Consejo coinciden en su voluntad de endurecer la respuesta a la inmigración irregular, y un acuerdo para el 1 de junio parece al alcance de la mano.
La Comisión Europea, que ha insistido en la necesidad de aumentar la tasa de retornos, presionará para cerrar el acuerdo antes de que el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo entre en vigor a mediados de junio. Según Eurostat, en torno al 28% de los inmigrantes a los que se ordena abandonar el territorio son efectivamente devueltos fuera de Europa.
Una vez alcanzado el acuerdo, el texto final deberá ser aprobado formalmente por el Parlamento y por los Estados miembros. En la Eurocámara, es probable que el PPE se alinee con los grupos de extrema derecha para sacar adelante el texto, como ya ha ocurrido en otros expedientes migratorios durante esta legislatura, pese a las críticas por su cooperación en la redacción de la propuesta a nivel de comisión, incluso a través de un chat privado de WhatsApp.
Los grupos de izquierdas votarán en contra de la ley, y muchos de sus eurodiputados ya han expresado dudas sobre su compatibilidad con los derechos fundamentales.