La comunidad latina en Minnesota tiene miedo. La vida cotidiana se ha transformado en una sucesión de redadas migratorias, controles y presencia constante de agentes federales, en medio de una crisis social y legal sin precedentes.
La comunidad latina de Minnesota atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Tras semanas de una intensificación sin precedentes de los operativos migratorios federales, el miedo se ha instalado en barrios, escuelas y centros comunitarios.
Arrestos masivos, redadas, puntos de control y la presencia constante de agentes armados han transformado la vida cotidiana de miles de familias inmigrantes, muchas de ellas con estatus legal o incluso ciudadanía estadounidense.
"Pasamos de estar asustados a estar completamente paralizados", resume Grecia Lozano, portavoz y cofundadora de Latino Voices Minnesota, una organización que da apoyo directo a migrantes en el suroeste del estado. "Es mucho peor de lo que jamás vivimos en el COVID. La gente ni siquiera quiere asomarse a la ventana".
Redadas migratorias sin precedentes en Minnesota
La escalada comenzó el 1 de diciembre, cuando la Administración federal lanzó la llamada Operación Metro Surge, un despliegue masivo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en Minnesota. Desde entonces, según organizaciones locales y autoridades estatales, la presencia federal ha ido aumentando de forma exponencial.
Para la profesora de Derecho de la Universidad de Minnesota Ana Pottratz Acosta, esta ofensiva se está desarrollando en un marco de vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales. "Hemos visto muchas violaciones de derechos constitucionales, especialmente de la Cuarta Enmienda", afirma en una entrevista con 'Euronews'. "Los agentes están entrando en casas sin orden judicial, y eso es claramente inconstitucional".
Pottratz Acosta subraya que muchas de estas actuaciones se apoyan en órdenes administrativas emitidas por las propias agencias federales, que no tienen el mismo valor legal que una orden judicial. "Una orden administrativa no tiene el mismo valor que una orden firmada por un juez, aunque el Gobierno actúe como si lo tuviera", explica.
Consecuencias mortales y denuncias de abusos constitucionales
En las últimas semanas, esta ofensiva ha derivado en consecuencias mortales. Días después de que Renée Good muriera tras recibir un disparo de un agente de inmigración, el sábado pasado otro agente federal mató a Alex Pretti en Minneapolis. Dos muertes que han elevado la tensión política y social al máximo.
Desde el punto de vista legal, Pottratz Acosta cuestiona la justificación del uso de fuerza letal. "No eran manifestantes. Eran observadores legales formados por la comunidad para observar y grabar abusos", afirma. "Observar y grabar a la Policía es un derecho protegido por la Primera Enmienda. No había justificación legal para el uso de fuerza letal contra esas personas".
Minnesota planta cara al Gobierno federal
Ante esta situación, el estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul presentaron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alegando una violación sin precedentes de la Constitución y de los derechos civiles.
El fiscal general demócrata del estado, Keith Ellison, aseguró en una rueda de prensa que "estamos ante un abuso constitucional completamente nuevo. Nadie recuerda haber visto algo así". La demanda cuenta además con el respaldo de fiscales generales de 19 estados y del Distrito de Columbia, que presentaron un escrito de apoyo advirtiendo de que, si no se frena, el Gobierno federal podría repetir estas prácticas en otros estados.
En audiencias celebradas esta semana en un tribunal federal de Minneapolis, una juez escuchó los argumentos del estado y de las autoridades locales, que solicitan la suspensión de la denominada Operación Metro Surge. En el momento de escribir estas líneas, la juez no había emitido una decisión definitiva, y el proceso judicial continúa abierto mientras ambas partes presentan sus alegaciones.
El miedo se instala en la vida cotidiana
Mientras el pulso legal se libra en los tribunales, en las calles el impacto es inmediato. Según Grecia Lozano, el miedo ya no distingue entre estatus migratorios. "El miedo no es si tienes documentos, sino si eres latino", explica a 'Euronews'.
Pottratz Acosta confirma esta percepción desde su doble rol como jurista y como miembro de la comunidad afectada. "Todas las personas dentro de Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, tienen derechos básicos bajo la Constitución", recuerda. Sin embargo, advierte de que en la práctica se están produciendo detenciones basadas en perfiles raciales. "Estamos viendo paradas y detenciones basadas en perfiles raciales, no en sospechas reales".
En las últimas semanas, se han registrado detenciones de inmigrantes indocumentados, personas con procesos legales en curso, residentes permanentes e incluso ciudadanos estadounidenses. Algunas de estas personas permanecen desaparecidas durante horas, sin que sus familias sepan dónde están. "Eso genera un pánico que paraliza a toda la comunidad", denuncia Lozano.
Otro de los efectos más visibles es el impacto en la infancia. Muchas familias han dejado de enviar a sus hijos a la escuela por miedo a que sean detenidos en el trayecto o en las paradas de autobús. Hay menores que llevan más de tres semanas sin salir de casa.
Las escuelas del distrito han alertado de un aumento significativo del absentismo, mientras organizaciones comunitarias tratan de buscar soluciones para evitar que los niños pierdan el curso escolar.
La profesora denuncia además una práctica que, a su juicio, dificulta gravemente la defensa legal de las personas detenidas: los traslados exprés fuera del estado. "El Gobierno está trasladando a los detenidos en cuestión de horas para evitar que las cortes de Minnesota mantengan jurisdicción", explica. "El habeas corpus se está convirtiendo en una carrera contrarreloj para los abogados".
Mientras tanto, en los vecindarios, la respuesta ha sido la autoorganización. Grupos de vecinos comparten alertas sobre la presencia de vehículos de migración, vigilan las paradas escolares y se avisan mutuamente de cualquier movimiento sospechoso. "Incluso si alguien recibe visita, avisa al vecindario para evitar el pánico", cuenta Lozano.
Pottratz Acosta defiende la legitimidad de estas redes comunitarias frente a las críticas que las acusan de fomentar tensión. "Los grupos comunitarios solo avisan a su comunidad con silbatos para que la gente se quede en casa. No es violencia, es autoprotección", afirma.
Hostigamiento a organizaciones y efectos económicos
Las organizaciones que prestan asistencia humanitaria tampoco han quedado al margen. Centros comunitarios y locales que reparten alimentos o artículos de primera necesidad han sido visitados por agentes federales con órdenes administrativas sin cargos concretos.
"Tuvimos que cerrar nuestra oficina y retirar los carteles con nuestro nombre para no llamar la atención", explica Lozano. Incluso un local no latino que colaboraba recogiendo donaciones fue inspeccionado por agentes federales, únicamente por apoyar a la comunidad inmigrante.
El miedo también está afectando a la economía local. En ciudades pequeñas de menos de 60.000 habitantes ya han cerrado varios negocios, incluidos comercios no latinos que dependen de mano de obra migrante. Restaurantes sin personal, servicios de limpieza paralizados y pérdidas económicas crecientes han llevado a numerosos negocios a sumarse a jornadas de apagón económico y protestas.
Para la comunidad latina, estas acciones son un mensaje de solidaridad y pertenencia. "Nos recuerdan que este estado también es nuestro hogar", afirma Lozano. Cuando se le pide resumir en una sola frase lo que viven hoy las comunidades latinas en Minnesota, Grecia Lozano no duda: "Alemania en la Segunda Guerra Mundial. No hay otra forma de resumirlo".
Cada día, explica, escribe a sus amigos y familiares para asegurarse de que siguen a salvo. "Repórtate, dime que estás bien", es el mensaje que se repite cada mañana y cada noche.