La Guardia Civil señala que Díez usó esa expresión para referirse al líder socialista en diversas conversaciones con personas presuntamente implicadas en la trama y concluye que fue Cerdán quien le encargó efectuar una serie de trabajos con el objetivo de "proteger" al Gobierno.
El sumario de la causa del caso Leire recoge que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la exmilitante socialista Leire Diéz, más conocida como la 'fontanera' del PSOE, decía actuar "por orden" del presidente Pedro Sánchez, a quien se refería como el 'one', es decir, el "número uno", en distintas conversaciones investigadas en el marco del denominado caso Leire.
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Según un informe incorporado a la causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, los agentes concluyen que la referencia solo podría corresponder al secretario general del PSOE y jefe del Ejecutivo, al ser la única persona con capacidad para dar instrucciones al entonces secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, citado en las conversaciones como 'S' o 'Santi'.
En una de las grabaciones analizadas, fechada en febrero de 2025, Díez afirma: "Ayer le dijo el 'one' a 'S' que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo". El informe también señala que la exdirigente presumía de contactos con "los de arriba del Gobierno".
Así consta en la declaración como testigo que prestó el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba. Según refleja el acta del sumario de la causa, Villalba compareció "de forma voluntaria" ante la Guardia Civil el pasado 28 de mayo, un día después de que agentes de la UCO entrasen en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, en busca de documentación, tras haber ser citado telefónicamente por las autoridades.
La UCO apunta a Cerdán y Díez como cabecillas de la red
El informe de la UCO considera, asimismo, que Cerdán y la propia Díez, quien ya se encontraba bajo investigación por el cobro de unas comisiones, lideraron una trama cuyo objetivo era socavar cualquier investigación contra el Gobierno Sánchez.
El documento, desvelado este miércoles por la cadena 'Antena 3', sostiene además que Cerdán, como uno de los principales responsables de la formación socialista, "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido". Todo ello con el fin, según apunta la investigación, de "proteger los intereses del presidente del Gobierno".
De acuerdo con la UCO, en el 2024, Cerdán encargó a Díez realizar una serie de trabajos cuyo "último" propósito "habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".
La UCO considera que "desde sus inicios" Cerdán puso a disposición de la trama tanto a su personal como sus dependencias "para la celebración de reuniones", e incluso se hizo cargo del "coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos,...) de algunos de sus miembros".
En ese sentido, apuntan a un "grupo de personas" que, entre 2024 y 2025, presuntamente habrían llevado a cabo una serie de actuaciones "cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".
Es en el marco de esta investigación que los agentes de la UCO entraron la semana pasada en la sede del PSOE en Madrid, así como en los domicilios de varias personas presuntamente vinculadas con la trama, para ejecutar un requerimiento de documentos sobre presuntos pagos del partido emitido por el juez Pedraz. Al final de la jornada, las autoridades abandonaron la vivienda de Cerdán con seis mochilas, dos maletas y dos cajas.
El magistrado considera especialmente relevante una reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024, en mitad del "periodo de reflexión" anunciado por el presidente del Gobierno tras la apertura de varias causas judiciales contra personas de su entorno más próximo, que habría supuesto un auténtico "punto de inflexión" en la organización de las maniobras que centran la investigación.
El PSOE desvió fondos de su campaña de las europeas
Precisamente fue en ese período cuando el partido socialista emitió una factura de 18.125 euros a una colaboradora de Díez, la periodista Patricia López, quien le habría suministrado unas grabaciones que el excomisario José Manuel Villarejo tenía en su poder relacionadas con un negocio de saunas en el que participó Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez. La situación llevó a la oposición a acusar a Sánchez de vivir en un piso comprado por su suegro usando dinero de la prostitución
La factura, desvelada este miércoles por 'El Confidencial', fue hallada durante la operación de la UCO en la sede de la formación. El documento fue emitido por el medio 'Crónica Libre', del que López y Díez eran copropietarias, y fue abonada por Iki Group Communications SL, una agencia de medios con sede en Barcelona que colabora habitualmente con el Partido Socialista de Cataluña (PSC).
La propia López habría admitido que e PSOE le realizó un pago de cerca de 20.000 euros, de acuerdo con una grabación a la que ha tenido acceso el diario digital. Según la periodista, fue Cerdán quién aprobó el pago y, aprovechando que ese 2024 se celebraban elecciones autonómicas y europeas, lo camufló como si fuera fruto de alguna campaña de publicidad en 'Crónica Libre'.
El PSOE había reconocido anteriormente pagos a Díez por su funciones como asesora autónoma. En un principio, la formación habló de pagos por valor de unos 15.000 euros, sin embargo, este martes se supo que el Partido Socialista de Cantabria abonó cerca de 45.000 euros a Díez por trabajos de comunicación entre 2015 y 2017.
De acuerdo con la documentación remitida al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Díez trabajó como autónoma para el PSOE cántabro en dos periodos diferenciados. El primero se extendió desde septiembre de 2015 hasta febrero de 2017, por el que percibió 32.903 euros brutos. El segundo, entre marzo y septiembre de 2017, ascendió a 11.956 euros, una cantidad que incluye la compensación por la rescisión unilateral del contrato.