El Ministerio de Hacienda ha actualizado su lista de jurisdicciones no cooperativas y excluye a Gibraltar, 35 años después, inscrita desde 1991. Al mismo tiempo, incorpora a Rusia, en línea con la posición adoptada por la Unión Europea.
La orden ministerial publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (PDF) certifica algo que llevaba años sobre la mesa: Gibraltar deja de ser considerado paraíso fiscal por España, junto a Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles y Trinidad y Tobago.
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La decisión llega respaldada por criterios técnicos, no por gestos diplomáticos. El Peñón firmó un acuerdo bilateral de cooperación tributaria con España en 2019, que entró en vigor en marzo de 2021, y su funcionamiento ha sido verificado de forma satisfactoria.
El Ministerio de Hacienda subraya que Gibraltar forma parte del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y que ya no mantiene un régimen de baja o nula tributación conforme a los parámetros de la OCDE. Además, el territorio participa en el marco inclusivo BEPS y ha ratificado el Pilar II, el acuerdo de la OCDE que establece un impuesto mínimo global del 15% para las multinacionales.
La salida de Gibraltar no es un gesto de cortesía diplomática: es la certificación técnica de que cumple las reglas fiscales internacionales, algo que durante 35 años fue imposible de verificar. El ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, lo recibió con alivio: habló de "una injusticia histórica de más de 30 años" y dijo que era algo que "se debería haber producido hace mucho tiempo".
La medida tiene también un contexto europeo inmediato. El acuerdo presentado por la Comisión Europea al Consejo en febrero de 2026 establece, entre otras cosas, compromisos sobre fiscalidad justa y estándares contra la evasión fiscal alineados con los criterios de la OCDE, algo que los críticos venían reclamando desde hacía años. La salida de Gibraltar de la lista española llega, precisamente, cuando el marco regulatorio entre el Peñón, la UE y el Reino Unido empieza a tomar forma definitiva tras el Brexit.
No obstante, la decisión no está libre de críticas. Organizaciones como la Tax Justice Network sitúan a Gibraltar en el puesto 37 de su ranking de paraísos fiscales corporativos y estiman que el territorio genera una pérdida de ingresos de 7.354 millones de dólares anuales para otros países. Expertos en tributación internacional señalan que los listados oficiales miden únicamente el intercambio formal de información, no las prácticas fiscales reales.
Rusia entra en la lista con impacto limitado
En el otro extremo de esta actualización, Rusia pasa a integrar por primera vez la relación española de jurisdicciones no cooperativas. La Unión Europea ya la había incluido en su propia lista negra en febrero de 2023, por la falta de cooperación en materia fiscal con el bloque comunitario. España sigue ahora esa misma línea, al constatar la existencia de un régimen fiscal considerado perjudicial según los parámetros internacionales.
En la práctica, el impacto económico directo de esta medida es reducido. Las sanciones derivadas de la guerra en Ucrania ya han restringido en gran medida el flujo económico entre España y Rusia, de modo que la inclusión en la lista añade una capa adicional de fiscalización sobre unas relaciones comerciales ya muy limitadas.
La incorporación eleva la presión sobre los capitales rusos en España y dificulta las transacciones con entidades rusas, incluidas las de las empresas españolas que aún mantengan algún vínculo comercial con Moscú.