La Comisión Europea propuso el 17 de febrero que el Consejo de la UE firme el acuerdo sobre Gibraltar negociado con Londres. El texto, cerrado el 12 de diciembre de 2025, aplica normas Schengen en el Peñón sin convertirlo en parte del espacio.
Cuando el Reino Unido salió de la Unión Europea a finales de 2020, el acuerdo de comercio y cooperación firmado con Bruselas dejó deliberadamente a Gibraltar fuera de su alcance. Era un asunto demasiado delicado, con décadas de disputa de soberanía entre España y el Reino Unido de fondo, para meterlo en el mismo paquete.
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Lo que vino después fue una negociación que se prolongó más de cuatro años y que, según reconoce el propio texto de la Comisión, solo pudo cerrarse en las últimas semanas porque los asuntos de circulación de personas y mercancías resultaron enormemente complejos desde el punto de vista legal y político.
El acuerdo que la Comisión presentó al Consejo el 17 de febrero de 2026 resuelve, al menos sobre el papel, el principal problema práctico que generó el Brexit para el territorio: la frontera entre el Peñón y La Línea de la Concepción. Antes de que el Reino Unido abandonara la UE, esa frontera era prácticamente invisible. Después, se convirtió en un punto de fricción para los miles de trabajadores transfronterizos que cruzan a diario.
El texto propone que los controles de la frontera exterior del espacio Schengen se ejerzan en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar, bajo responsabilidad española. España aplicará allí la normativa europea pertinente, aunque con excepciones en ciertas medidas coercitivas que requerirán el acuerdo del Reino Unido en algunos casos concretos. Gibraltar no pasa a formar parte del espacio Schengen, pero sus fronteras funcionarán con arreglo a sus reglas.
España, con veto sobre residencia y visados
El aspecto más llamativo del acuerdo, desde el punto de vista de la posición española, es el papel que se le reserva en cuestiones que hasta ahora eran competencia exclusiva de Londres. España tendrá capacidad de veto en la expedición de permisos de residencia en Gibraltar. También asumirá la emisión de visados de corta duración para quienes visiten el Peñón como destino principal y entren por primera vez por su territorio.
Además, el acuerdo contempla un mecanismo de evaluación a los cuatro años de su entrada en vigor que podría derivar, en caso de incumplimientos graves, en la terminación del propio acuerdo. Y la solicitud de esa terminación puede venir de España.
En materia económica, el texto establece una unión aduanera entre la UE y el Reino Unido respecto a Gibraltar, lo que supone la equiparación progresiva del sistema fiscal indirecto del Peñón al de la Unión. El acuerdo incluye compromisos sobre fiscalidad justa y estándares contra la evasión fiscal en línea con los criterios de la OCDE, algo que los críticos con Gibraltar han venido reclamando durante años.
Un engranaje político complejo con muchas piezas móviles
El acuerdo se articula en siete partes, tres protocolos y varios anexos. Su arquitectura institucional crea un Consejo de Cooperación que supervisará su aplicación y tres comités especializados, circulación de personas, economía y comercio, y aviación, con poderes y funciones específicas. El modelo se inspira en el acuerdo de comercio y cooperación del Brexit, aunque adaptado a las singularidades de Gibraltar.
La propuesta de la Comisión pide al Consejo que apruebe la firma del acuerdo y su aplicación provisional. La conclusión definitiva requerirá un paso adicional. El texto subraya que el acuerdo no afecta a las posiciones de soberanía ni de España ni del Reino Unido sobre el territorio, una línea roja que ambas partes defendieron desde el primer momento de las negociaciones.
Lo que queda por ver es si el Consejo respalda el texto sin sobresaltos. La unanimidad es necesaria en algunos de los artículos que sustentan la decisión, lo que significa que cualquier Estado miembro tiene capacidad de plantear objeciones.
Por el momento, la Comisión considera cerrada la negociación que llevaba pendiente desde que el Brexit convirtió a Gibraltar en el único territorio de la UE que, de facto, quedó sin un marco claro para su relación con el bloque.
Los puntos clave del acuerdo, de un vistazo:
- Circulación de personas. Se elimina la frontera física entre Gibraltar y España. Los controles de entrada al espacio Schengen pasarán a ejercerse en el aeropuerto y el puerto del Peñón bajo responsabilidad española, aunque Gibraltar no se integra formalmente en Schengen. España tendrá veto en la concesión de permisos de residencia y un papel central en la expedición de visados.
- Unión aduanera y fiscalidad. Se crea una unión aduanera entre la UE y el Reino Unido respecto a Gibraltar. El sistema fiscal indirecto del Peñón se alineará progresivamente con el de la Unión tras un período transitorio de tres años. El puerto y el aeropuerto quedarán cerrados al tráfico comercial hasta que Gibraltar forme parte plena del territorio fiscal europeo.
- Comercio y competencia. El acuerdo establece un marco de libre competencia que incluye compromisos sobre ayudas de Estado, fiscalidad directa alineada con estándares de la OCDE, normas laborales y medioambientales equivalentes a las europeas y un sistema de fijación de precios del carbono equiparable al de la UE.
- Trabajadores transfronterizos. Los ciudadanos de la UE que residan en España y los nacionales británicos que residan legalmente en Gibraltar tendrán derecho a trabajar en ambos lados de la frontera. El acuerdo incluye coordinación de la seguridad social para estos trabajadores.
- Mecanismo financiero. Se crea un fondo de cohesión entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar financiado por ambas partes para fomentar el empleo y la formación. La contribución de la UE saldrá de los fondos de cohesión asignados a España.
- Resolución de disputas. Los conflictos derivados del acuerdo podrán llevarse a un panel de arbitraje independiente. El Tribunal de Justicia de la UE tendrá competencia cuando la disputa implique interpretación del derecho comunitario.
- Aplicación provisional urgente. La Comisión propone aplicar el acuerdo provisionalmente a partir del 10 de abril de 2026, fecha prevista para el despliegue del nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES) de la UE. Si el acuerdo no entra en vigor en esa fecha, Gibraltar quedaría sometida a controles fronterizos plenos, con el consiguiente impacto sobre los miles de personas que cruzan a diario.