La Guardia Civil y la Policía Nacional, con apoyo de Europol y policías de Francia, Portugal y Polonia, han desarticulado una organización que combinaba narcotráfico y tráfico de personas entre España y Argelia. Hay 78 detenidos y 27 personas en prisión provisional.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han puesto fin, en una operación conjunta con la colaboración de Europol, a una de las estructuras criminales más complejas detectadas hasta ahora en el Mediterráneo.
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En la fase final del operativo han participado más de 180 agentes, con la implicación adicional de la Policía Nacional de Francia, la Policía Judiciaria de Portugal y la Policía Nacional de Polonia.
El balance asciende a 78 personas detenidas, 77 en España y una en Argelia, de las cuales 27 han ingresado en prisión provisional. Entre los arrestados figuran cuatro responsables considerados Objetivos de Alto Valor por las autoridades y el llamado 'hawalader', encargado de gestionar la infraestructura económica del grupo mediante un sistema informal de transferencias.
La investigación, abierta en 2023, ha permitido documentar 64 episodios migratorios que se atribuyen a esta organización, a través de los cuales habría introducido en territorio español a más de 2.000 personas.
Los beneficios generados por esa actividad superarían los 24 millones de euros. Se trata, según los cuerpos policiales, de la mayor estructura de origen argelino dedicada al tráfico de personas mediante embarcaciones de alta velocidad detectada hasta el momento.
Una organización jerarquizada y con ramificaciones en varios países
El entramado estaba compuesto por más de 78 miembros repartidos en tres niveles. El primero asumía la dirección estratégica y el control general de las operaciones. El segundo agrupaba a pilotos, transportistas y responsables de los medios operativos.
El tercero incluía a colaboradores, captadores, vigilantes, personal logístico, suministradores de combustible, gestores financieros y testaferros. Al frente de todo el sistema había un único líder, encargado de la planificación, la financiación y la coordinación general, que además suministraba armamento y sustancias estupefacientes.
Las subestructuras operaban en Andalucía, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana e Islas Baleares, con ramificaciones adicionales en Francia, Portugal, Italia y Polonia.
Para sostener esta actividad, la red disponía de embarcaciones de alta velocidad, motores de gran potencia, vehículos de transporte y vigilancia, pisos de seguridad, comunicaciones cifradas, teléfonos satelitales y sistemas GPS.
Durante la investigación se han intervenido 18 embarcaciones de tres y cuatro motores, con esloras de entre ocho y 14 metros, valoradas en conjunto en más de cinco millones de euros.
El negocio combinaba dos flujos: en el trayecto de ida hacia Argelia se transportaba MDMA, una droga sintética con alta demanda en el norte de África, y en el trayecto de vuelta se trasladaba a los migrantes. Cada persona pagaba hasta 12.000 euros por el viaje, en travesías que en ocasiones sumaban hasta 50 pasajeros. A esos ingresos se añadía el llamado petaqueo, el negocio de abastecer de combustible a estas embarcaciones.
Violencia extrema y decomisos en cuatro provincias
Los agentes han constatado un nivel de violencia elevado tanto dentro de la organización como hacia los migrantes bajo su control. El grupo aplicaba un sistema de disciplina interna basado en amenazas, coacciones y agresiones físicas, con referencias reiteradas a secuestros y ajustes de cuentas, y mantenía contactos con estructuras como la mafia francesa o italiana, desde donde se impartían directrices de control.
Esa misma violencia se dirigía contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando intentaban interceptar las embarcaciones, dado el elevado valor económico de estas.
Las travesías, según describe la investigación, se realizaban en condiciones peligrosas: los migrantes viajaban hacinados, a gran velocidad, sin luces ni chalecos salvavidas, y en algunos casos eran atados para evitar caídas al agua. Antes de embarcar, muchos permanecían en infraviviendas en condiciones de hacinamiento e insalubridad.
Se han practicado 17 registros en Almería, Murcia, Cartagena y Alicante, con la incautación de:
- 26.675 euros en efectivo
- 15.000 pastillas de MDMA
- 61 kilos de hachís
- 500 gramos de cocaína
- 40 gramos de metanfetamina
- Un revólver del calibre 38
- Un subfusil simulado
- Munición
- Cuatro vehículos
- 725 litros de gasolina
- Material de comunicación especializado.
También se han bloqueado cuentas corrientes, viviendas y vehículos vinculados a los principales dirigentes. A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, almacenamiento y transporte ilícito de combustible, robos con fuerza, amenazas, extorsiones, detenciones ilegales, contrabando y blanqueo de capitales.