Los fiscales sostienen que Meta conocía el daño que sus plataformas causaban a la salud mental de los jóvenes, pero lo ocultó para seguir explotando sus datos.
Meta se enfrenta actualmente en Oakland (California) a un macrojuicio impulsado por cuatro estados de Estados Unidos, Colorado, California, Nueva Jersey y Kentucky. El caso podría cambiar de forma permanente la manera en que se diseñan las populares plataformas de redes sociales como Facebook e Instagram.
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Los estados acusan al gigante de las redes sociales de diseñar deliberadamente sus plataformas para generar adicción entre los usuarios más jóvenes y de ocultar lo que sabía sobre los efectos perjudiciales en su salud mental, extremos que Meta ha negado de forma reiterada.
El juicio, que comenzó el martes, ha sido calificado por el fiscal general de Kentucky, Russell Coleman, como la mayor demanda de protección de los consumidores de la historia de Estados Unidos.
Las declaraciones de los primeros tres días de vista ya han dejado afirmaciones llamativas sobre qué sabía Meta y desde cuándo.
El denunciante Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta, declaró que los informes públicos de Aplicación de las Normas Comunitarias de la compañía, que miden con qué frecuencia se muestra a los usuarios contenido que vulnera las políticas de Meta, podrían estar infravalorando el riesgo real hasta por un factor de 100, según encuestas internas a usuarios que preguntaban directamente por sus experiencias negativas en las plataformas.
'Captar, explotar, ocultar'
La vicefiscal general de California, Megan O'Neill, aseguró al jurado en su alegato inicial que el modelo de negocio de Meta podía resumirse en cuatro consignas: "Captar a los usuarios. Retenerlos el mayor tiempo posible. Aprovechar sus datos. Ocultar la verdad al público cuando se hacen declaraciones públicas".
Denunció que Meta ocultó la verdad sobre los riesgos reales de sus plataformas para los usuarios más jóvenes con el fin de engancharlos y explotar sus datos, y acusó a la empresa de intervenir activamente en sus propias investigaciones sobre salud mental para ocultar aún más esos riesgos.
El abogado de Meta, Paul Schmidt, replicó que el gigante tecnológico tiene un historial de compartir información sobre los daños asociados a las redes sociales y que aplicar las políticas sobre contenidos y límites de edad es complejo. Verificar la edad de un usuario mediante documentos como un documento de identidad oficial o una tarjeta de crédito, explicó, plantea sus propios problemas, ya que no todos los usuarios disponen de ellos.
Schmidt añadió que los empleados de Meta están trabajando para mejorar el impacto de las plataformas en el bienestar de los usuarios y pidió al jurado que mantuviera la mente abierta.
Los fiscales sostuvieron además que Meta sabía que un gran número de menores de 13 años eran activos en Instagram pese a las normas de la plataforma.
Béjar declaró que sus propias investigaciones habían detectado a decenas de miles de usuarios menores de 13 años, mientras que la tecnología de la propia Meta era capaz de identificar potencialmente a millones más.
Según dijo, en lugar de esforzarse por expulsarlos, el enfoque de la empresa era, en la práctica, "no preguntes, no lo cuentes".
Béjar explicó al jurado que, pese a las repetidas advertencias, Meta siguió tratando la seguridad como algo secundario, también durante el lanzamiento de funciones importantes como Reels, donde, según afirmó, "la seguridad no fue un factor a la hora de ponerla en marcha inicialmente".
Contó que había escrito un correo electrónico a Chris Cox, director de producto de Meta, para señalar lo que consideraba una brecha evidente entre el daño que relataban los usuarios y aquello en lo que la empresa ponía el foco y comunicaba al público.
Béjar ha explicado anteriormente que, en una conversación previa, Cox fue el primer directivo de Meta capaz de responder, de memoria, qué porcentaje de usuarios sufría este tipo de daño, un momento que Béjar calificó de "desgarrador", porque significaba que la cúpula de Meta ya lo sabía y había decidido no actuar.
Meta mide principalmente el daño en sus plataformas a través de la prevalencia de contenidos que vulneran sus propias normas.
Béjar rechazó de plano este indicador. Poniendo como ejemplo a un menor de 13 años que comparte su angustia y pide ayuda, dijo al tribunal: "El daño es aquello que las personas viven como daño. La prevalencia es una medida muy limitada de algo muy específico".
También afirmó que Instagram había pasado de ser una plataforma que los usuarios elegían usar activamente a una que, cada vez más, les utilizaba a ellos, en gran medida porque su feed evolucionó de mostrar sobre todo a personas a las que se seguía a mostrar mayoritariamente a desconocidos, un cambio que, según dijo, introdujo riesgos sustanciales nuevos.
El desenlace del juicio podría tener efectos en cadena mucho más allá de Meta. Como el caso se basa en el argumento de que la interfaz y las decisiones de diseño de una plataforma, y no solo piezas concretas de contenido, pueden generar responsabilidad legal, una sentencia contraria a Meta podría influir en cómo rivales como Snapchat, TikTok o YouTube abordan esas mismas cuestiones.