En las grandes economías de la UE se repara menos de uno de cada cinco electrodomésticos averiados: el precio y las molestias empujan a muchos consumidores a comprar uno nuevo. Esta situación cuesta a los europeos unos 12.000 millones de euros al año.
Los europeos generan 35 millones de toneladas de residuos cada año al desechar electrodomésticos averiados. Francia y Bélgica registran tasas de reparación de apenas el 18% y el 15%, respectivamente. De los cerca de 28 millones de averías domésticas que se producen cada año, solo cinco millones terminan en una reparación profesional.
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Alrededor del 77% de los ciudadanos preferiría reparar los productos antes que sustituirlos. Sin embargo, solo en el 5% de las lavadoras y el 33% de las aspiradoras el precio hace que una reparación profesional resulte económicamente rentable. La mayoría se encuentra en una zona 'límite' o 'no rentable', en la que comprar una máquina nueva puede salir más barato que pagar las piezas de recambio.
"El acceso a la reparación no es el principal cuello de botella; el problema es el precio", afirma Alex Bunodiere, investigador de doctorado en el grupo de Ingeniería del Ciclo de Vida de la KU Leuven.
La Unión Europea quiere cambiar esta situación mediante nuevas normas sobre el "derecho a reparar", que obligan a los fabricantes a ofrecer piezas de repuesto, herramientas y manuales asequibles y prohíben los bloqueos de software. El objetivo es que los europeos reciban presupuestos transparentes y dispongan de opciones de reparación locales e independientes, de modo que les resulte más fácil arreglar un aparato que comprar uno nuevo.
Diseñados para ser reemplazados
Cuando falla un pequeño componente, los hogares suelen sustituir todo el aparato, que puede pesar entre 60 y 80 kilos. La reparación de una lavadora por 280 € puede llegar a costar lo mismo que comprar una nueva.
"Cuando compras un producto nuevo, obtienes una garantía de dos años. Pero cuando encargas una reparación, normalmente solo garantizan la pieza que sustituyen", señala Bunodiere.
La comodidad es otro factor: un aparato nuevo puede llegar en 24 horas, mientras que una reparación puede tardar semanas. La Comisión Europea calcula que estas situaciones cuestan a los ciudadanos 12.000 millones de euros al año.
Los datos muestran que algunos fabricantes dificultan la reparación independiente restringiendo las cadenas de suministro. Hasta el 80% de los técnicos independientes afirma haberse visto bloqueado por fabricantes que limitan el acceso al software de diagnóstico y a las piezas, o que vinculan digitalmente los componentes.
Las marcas también organizan su producción en torno a la reducción de costes y a cadenas de suministro rápidas para responder a la demanda de precios más bajos. Pequeñas decisiones de diseño pueden provocar la retirada prematura de un aparato. En lugar de utilizar componentes modulares, los fabricantes suelen soldar piezas baratas y sometidas a desgaste a las placas de control principales, lo que puede convertir una reparación de 50€ en la sustitución de un módulo de 250€.
"Pueden ganar dinero con las reparaciones, pero creo que normalmente ganan más con la venta que con una reparación", añade Bunodiere, que subraya que las empresas tienen así más incentivos para vender productos nuevos que para arreglar los que ya existen.
El coste ambiental del consumo sin freno
Según la organización de defensa de los consumidores Euroconsumers, los teléfonos inteligentes y las tabletas se desechan de media antes de cumplir tres años. Los televisores se sustituyen rápidamente a medida que evoluciona el software y las aplicaciones de 'streaming' dejan de ser compatibles. Los consumidores también desechan lavadoras y lavavajillas cuando sufren averías mecánicas importantes y reemplazan las aspiradoras sin cable tras una media de apenas 4,5 años, en gran medida por el deterioro de sus baterías de litio.
Esa vida útil más corta tiene un coste ambiental. "En general, diría que la reparación es casi siempre la opción más eficiente desde el punto de vista ambiental", señala Bunodiere, aunque admite que, en ocasiones, tiene sentido sustituir electrodomésticos muy antiguos cuando los modelos nuevos consumen menos energía.
Los aparatos desechados generan cada año 261 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. En el marco del Pacto Verde Europeo, la UE se ha fijado objetivos jurídicamente vinculantes para alcanzar las cero emisiones netas y una economía plenamente circular de aquí a 2050.
Los legisladores asumieron que no podrían cumplir estos objetivos climáticos sin reducir los más de 30 millones de toneladas de materias primas que se utilizan cada año para fabricar productos de sustitución. Tras años de presión de la coalición Right to Repair Europe y en un contexto de fuerte inflación, la Comisión presentó la propuesta legislativa en 2023. El Parlamento Europeo y el Consejo la aprobaron a comienzos de 2024.
Todo lo que incluye la nueva directiva
La Directiva sobre el Derecho a Reparar es una norma de 'armonización plena', lo que significa que todos los Estados de la UE deben adaptar su legislación a ella. Abarca dos ámbitos principales: los requisitos de diseño previos a la comercialización y los derechos de los consumidores tras la venta.
Para mejorar la transparencia en el comercio minorista, la UE también introducirá etiquetas armonizadas, que incluirán índices oficiales de reparabilidad y pasaportes digitales de producto con información sobre su durabilidad.
Las normas se aplicarán a nivel nacional a través de las autoridades de vigilancia del mercado y los organismos de protección del consumidor, y cada país fijará las sanciones económicas por incumplimiento.
Las nuevas medidas de la Directiva se centran en la protección de los consumidores. Si un producto se estropea durante el periodo de responsabilidad legal del vendedor, el consumidor podrá optar por la reparación o la sustitución. Si elige repararlo, ese periodo se ampliará 12 meses, mientras que los Estados miembros podrán permitir nuevas prórrogas en caso de reparaciones repetidas.
Para determinados productos que fallen posteriormente, los consumidores podrán seguir solicitando su reparación al fabricante cuando existan normas europeas de reparabilidad aplicables.
Más garantías y transparencia para reparar electrodomésticos
Esto es importante porque, de otro modo, una reparación puede ofrecer menos protección que la sustitución del producto. Bunodiere recuerda que un aparato nuevo incluye una garantía de dos años, mientras que una reparación suele cubrir únicamente la pieza sustituida, lo que deja al consumidor desprotegido si poco después se produce otra avería.
La Directiva también introduce un Formulario Europeo de Información sobre Reparaciones para facilitar la comparación de ofertas. Podrá incluir la identidad del reparador, los costes de reparación y diagnóstico, la duración prevista, el lugar de entrega, los gastos de transporte y la disponibilidad de un equipo de sustitución temporal. Cuando se utilice, las condiciones presupuestadas deberán mantenerse válidas normalmente durante al menos 30 días.
Los consumidores podrán recibir un aparato de sustitución temporal mientras se realiza la reparación y seguirán siendo libres de acudir a reparadores independientes en lugar de al fabricante.
También deberán recibir información más clara sobre sus derechos. Los productores tendrán que facilitar detalles sobre los servicios de reparación y las opciones disponibles, mientras que los Estados miembros deberán hacer que esta información sea fácilmente accesible, incluso a través de páginas web nacionales.
Obligaciones para los fabricantes
Las nuevas normas obligan a los fabricantes a ofrecer reparaciones salvo que sean realmente imposibles. No podrán negarse porque la reparación resulte cara o porque un reparador independiente haya trabajado previamente en el producto.
Deberán poner a disposición de los reparadores piezas de recambio, herramientas e información para la reparación, de modo que los profesionales independientes puedan competir y los consumidores dispongan de más opciones. Tampoco podrán utilizar bloqueos de software, restricciones de hardware ni cláusulas contractuales para impedir reparaciones independientes.
Los fabricantes deberán aceptar piezas originales, usadas, compatibles o impresas en 3D siempre que sean seguras y legales. También tendrán que publicar en línea precios orientativos para las reparaciones más habituales, lo que ayudará a los consumidores a decidir si les compensa económicamente reparar.
Cuando proceda, la información deberá ser gratuita y las piezas de recambio y las herramientas deberán ofrecerse a precios que no desincentiven la reparación.
Cuando los fabricantes estén obligados a reparar, deberán hacerlo en un plazo razonable y de forma gratuita o a un precio considerado razonable. Pero Bunodiere sostiene que la cuestión clave está precisamente en cómo se define 'razonable'.
Los fabricantes pueden considerar razonable un precio teniendo en cuenta sus necesidades de almacenamiento, mano de obra y logística, mientras que los consumidores pueden seguir considerándolo demasiado elevado como para justificar la reparación.
"¿Qué es un plazo razonable? ¿Qué es un precio razonable? La cuestión es cómo se determina eso", plantea.
La aplicación de estas medidas
La directiva debía estar transpuesta a las legislaciones nacionales el 31 de julio de 2026. Para esa fecha, los Estados miembros debían informar también a Bruselas de sus puntos de contacto nacionales y fijar las sanciones por infracciones, pero muchos países van con retraso.
La Comisión Europea señala que solo diez Estados miembros han respetado el plazo: Dinamarca, Alemania, Irlanda, Croacia, Grecia, Finlandia, Lituania, Hungría, Austria y Eslovaquia.
Una aplicación desigual genera fragmentación. "Los consumidores tendrán distintos niveles de derechos según el país en el que vivan y no podrán invocar directamente la directiva frente a particulares", advierte el eurodiputado René Repasi, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas y ponente del expediente en el Parlamento Europeo.
Para Repasi, el mayor problema está en el artículo 5, relativo a la obligación de reparación de los fabricantes.
"Mientras la directiva, y en concreto el artículo 5, no se aplique, los fabricantes pueden, en virtud de la normativa anterior, simplemente rechazar o dificultar las reparaciones y empujar al consumidor a comprar un producto nuevo", explica.
Los consumidores tienen derecho a reparar
En estos casos, los consumidores pueden exigir responsabilidades al Estado miembro por los daños sufridos. "Los consumidores pueden reclamar una reparación de daños contra el Estado miembro por una aplicación incorrecta o inexistente. Así, si los consumidores tienen derecho a reparar pero no pueden ejercerlo y se ven obligados a comprar un producto nuevo, pueden reclamar al Estado miembro por los perjuicios sufridos", explica el ponente.
La velocidad de aplicación varía en función de las leyes nacionales existentes. Los Estados miembros con una protección del consumidor más sólida tendrán que introducir menos ajustes en sus normas nacionales.
"El periodo de garantía de un producto en los Países Bajos es mucho más largo que, por ejemplo, en Alemania, por lo que la cuestión de ampliar el periodo de garantía para las reparaciones no se plantea en los Países Bajos de la misma manera que en Alemania. Lo mismo ocurre en Finlandia", explica Repasi.
En Suecia, los ciudadanos ya disfrutan de una ventaja fiscal: la mitad del coste de la mano de obra de las reparaciones se deduce de la factura. En Francia, los índices de reparabilidad de los productos son obligatorios desde 2021 tanto en las tiendas en línea como en los comercios físicos.
Algunas herramientas clave aún no están listas. La Plataforma Europea de Reparación no estará operativa hasta el 1 de enero de 2028 y la interfaz en línea para toda la UE no estará disponible hasta julio de 2027.
La plataforma incluirá secciones nacionales para ayudar gratuitamente a los consumidores a encontrar talleres de reparación locales, vendedores de productos reacondicionados, compradores de artículos defectuosos o iniciativas comunitarias de reparación. Los países que prefieran contar con su propio portal nacional deberán tenerlo preparado para esa misma fecha.