El Sindicato de Inquilinas pide al Congreso que convalide el viernes los dos decretos de vivienda del Gobierno, aunque critica que se hayan dividido, y convoca caceroladas y movilizaciones para presionar a Junts, Podemos y el resto de grupos.
Giro de 180º por parte del Sindicato de Inquilinas en menos de 24 horas. El martes seguía rechazando que el Gobierno troceara su decreto de vivienda; este miércoles, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha pedido al Congreso que convalide los dos textos en el pleno extraordinario del viernes y que ningún partido vote en contra.
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Defienden que en solo seis días la presión de la calle ha conseguido que el Ejecutivo apruebe casi todo lo que reclamaban en el llamado 'decreto Maricarmen', un nombre que alude a una mujer de 87 años desahuciada en Madrid hace unos días. El troceo les sigue sin gustar. Temen que separar la renovación automática de los contratos en un segundo decreto facilite que algún grupo la tumbe, y la consideran la medida más estructural de todas.
Para presionar a los grupos que aún dudan, sobre todo Junts y Podemos, han convocado caceroladas este jueves a las 20:00 frente a los ayuntamientos y manifestaciones el fin de semana del 3 y 4 de octubre, con 22 movilizaciones ya confirmadas. Admiten que un decreto de urgencia no va a deshacer décadas de políticas que han hecho de la vivienda un negocio, pero ven una "ventana de oportunidad histórica" y apuntan a una huelga general por la vivienda.
Qué recogen los decretos que respalda el Sindicato de Inquilinas
El primer texto amplía hasta 2030 la protección frente a los desahucios, regula los alquileres de temporada y de habitaciones, prohíbe hasta 2028 que los fondos buitre compren vivienda y prorroga dos años los contratos que terminen antes del 31 de diciembre de 2028.
También pone un tope del 2% a la actualización de las rentas, aplica un 10% de IVA a los pisos turísticos y crea bonificaciones fiscales para inquilinos con ingresos de hasta 30.000 o 33.000 euros, una ayuda que, según la Agencia Tributaria, llegaría a 1,6 millones de hogares.
El segundo decreto es el de la renovación automática de los contratos, con excepciones si el propietario o un familiar necesitan la vivienda u otras circunstancias sobrevenidas. Si el casero la incumple, tendrá que indemnizar al inquilino con 12 meses de renta.
Los decretos-ley ya se aplican mientras el Congreso decide, pero decaen si la Cámara no los convalida, y el Ejecutivo no tiene mayoría absoluta. La votación es el viernes 2 de octubre.
PP y Vox dicen no; Junts y Podemos, sin decidir
PP y Vox ya han anunciado su rechazo. Feijóo resumió su postura en el Congreso así: "Yo no voy a apoyar a un Gobierno tramposo". De ahí que el sindicato haya dirigido su presión hacia la oposición: su portavoz en Madrid, Alicia del Río, se plantó este miércoles ante la sede nacional del PP, en la calle Génova, y dijo que solo hay dos opciones, la vida o la especulación.
Con PP y Vox en contra, los siete diputados de Junts son decisivos. Míriam Nogueras dijo este miércoles que su formación está "decepcionada y preocupada" y que los decretos no responden a sus dos prioridades, proteger a las familias y frenar a los fondos buitre, aunque no adelantó el voto. Fuentes del partido criticaron además el "numerito" de dividir las medidas en dos decretos. El decreto principal incluye, eso sí, las bonificaciones fiscales a los caseros que pedía el partido de Puigdemont.
Podemos tiene cuatro diputados y una reunión con el sindicato este jueves antes de decidir. Ione Belarra tachó de trampa el troceo y pidió retirar ambos textos para aprobar uno solo, sin concretar su voto. En Sumar dan por casi inverosímil que Podemos se desmarque y atribuyen esas críticas a una puesta en escena. El PNV tampoco ha desvelado su posición.
El precedente de abril
El Gobierno ya vivió este escenario hace seis meses. El Congreso tumbó el real decreto-ley que prorrogaba hasta dos años los alquileres que vencieran hasta finales de 2027, con 177 votos en contra, 166 a favor y cinco abstenciones, las del PNV; rechazaron PP, Vox y Junts. La norma solo estuvo en vigor entre el 22 de marzo y el 28 de abril.
Esta vez, al menos, todos los ministros entraron al Consejo de Ministros, sin el plantón de los de Sumar que marcó el anterior decreto. Los últimos escollos eran regular el alquiler de habitaciones y la prórroga automática, dos reclamaciones del sindicato. Este anunciará sus siguientes pasos el sábado, cuando se conozca el resultado de la votación.