El Gobierno español se juega este viernes en el Congreso dos decretos de vivienda que Junts, PP y Vox rechazan. Si caen, el presidente Sánchez barajaría convocar elecciones el 29 de noviembre, según fuentes del ejecutivo aunque otras versiones lo descartan. La ley fija 54 días desde la convocatoria.
Si usted sigue desde fuera la política española, hay un número que explica la semana: siete. Son los diputados de Junts, el partido independentista catalán cuya Ejecutiva Nacional acordó por unanimidad votar en contra de los dos decretos de vivienda que el Congreso debate este viernes. Según El Español, esas siete abstenciones habrían bastado para evitar su caída.
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El Pleno arranca a las 11:00 y los resultados podrían conocerse hacia las 15:00. Se votan el Real Decreto-ley 26/2026 de España, centrado en desahucios y vivienda asequible, y el 27/2026, que busca dar más estabilidad a los alquileres. El Consejo de Ministros los aprobó el martes tras una negociación muy tensa con Sumar, socio minoritario de la coalición.
Junts sostiene que las medidas reducirán la oferta de alquiler y elevarán los precios, y pide retirar el texto y redactar uno nuevo. PP y Vox también votarán no. Podemos ha confirmado su apoyo, y el PNV respaldará el decreto principal con reservas, pero tumbará el de alquileres. Sánchez ha dicho que mantiene la votación y que su Gobierno no dará un paso atrás en vivienda.
El debate llega tras semanas de crispación por el desahucio de Maricarmen, y con el Sindicato de Inquilinas acampado desde el sábado en la Puerta del Sol por el grave problema de vivienda que atraviesa el país.
Entre la hipótesis y el desmentido
Los medios españoles no coinciden. 'ElDiario.es', citando fuentes del Gobierno, avanzó que Sánchez estudia convocar elecciones generales el 29 de noviembre. Según otro medio, su equipo ya trabaja en ese escenario excepcional, que depende de lo que ocurra en el Congreso y de la reacción en la calle.
'El Español' recogió que miembros del Ejecutivo dan por muy probable la convocatoria si caen los decretos y que algunos ministros y dirigentes del PSOE la defienden por considerar insostenible la situación. Una de las informaciones apunta al 6 de diciembre como alternativa. 'Artículo14' ha adelantado que voces de peso del Ejecutivo no descartan que Sánchez apueste por unas elecciones anticipadas.
Otras fuentes van en sentido contrario. En el PP, según 'El Confidencial', hay dirigentes que no consideran confirmado que Sánchez prepare unas elecciones para el 29 de noviembre y esperan un último intento con los Presupuestos. Hasta ahora no hay ningún anuncio oficial.
Conviene recordar un matiz jurídico: perder los votación de los decretos no obliga a Sánchez a dimitir ni activa por sí solo unas elecciones.
La vicepresidenta, Yolanda Díaz, ha comentado en el programa de 'Cadena Ser' Hoy por hoy que ha hablado con el presidente y que va a mantener su discrección: "Mi discrección va a ser absoluta".
Lo que dice la ley sobre unas elecciones anticipadas
Si finalmente se produce, la fecha depende de la ley. El artículo 115 de la Constitución permite al presidente proponer la disolución de las Cámaras, previa deliberación del Consejo de Ministros, y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que las elecciones se celebran el día 54 posterior a la convocatoria.
Con una disolución formalizada hoy y publicada el sábado 3 de octubre, la votación sería el jueves 26 de noviembre. Si el decreto se firmara el lunes 5 y se publicara el martes 6, las urnas se abrirían el domingo 29 de noviembre, día habitual para votar en España. Anunciar una decisión no pone en marcha el reloj electoral: lo hace la expedición y publicación del real decreto.
El precedente es de 2023. Sánchez anunció el 29 de mayo el adelanto de las generales y la votación se fijó para el 23 de julio.
Con los datos disponibles, nada está decidido. El resultado de la votación de hoy y el movimiento posterior de Moncloa marcarán si el 29 de noviembre se queda en hipótesis o pasa a ser fecha oficial para unas nuevas elecciones generales ante la crispación que hay en España por los problemas de corrupción en el Gobierno, las cloacas, Villarejo, las joyas del expresidente Zapatero, y el entorno familiar del presidente.
Todo ello con una inflación al alza y un problema arrastrado durante legislaturas, la vivienda y unos presupuestos de Estado que siguen posponiéndose debido a la falta de apoyos del Partido Socialista.