El Gobierno quiere volver a aprobar los decretos de vivienda pese a la disolución del Congreso. La Diputación Permanente será clave para decidir su futuro: explicamos qué es, cómo funciona y qué apoyos necesita Sánchez.
El Gobierno pretende volver a aprobar el martes los dos reales decretos ley sobre vivienda que fueron rechazados el viernes por el Congreso, apenas un día después de que Pedro Sánchez haya anunciado la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre.
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La intención del Ejecutivo es llevar nuevamente las medidas al Consejo de Ministros y tratar de salvarlas pese a la disolución de las Cortes. Fuentes de Moncloa citadas por varios medios señalan que los decretos volverán este martes a la mesa del Consejo de Ministros.
Pero, ¿puede el Gobierno aprobar decretos cuando el Congreso ya ha sido disuelto? La respuesta es sí.
La disolución de las Cortes no paraliza al Gobierno
La convocatoria de elecciones supone la disolución del Congreso y del Senado, pero no convierte inmediatamente al Ejecutivo en un Gobierno en funciones. Sánchez y sus ministros mantienen sus competencias hasta la celebración de las elecciones. A partir de entonces, el Gobierno continuará en funciones hasta que tome posesión el nuevo Ejecutivo.
Por tanto, durante el periodo que transcurre entre la disolución de las Cortes y las elecciones, el Ejecutivo mantiene sus atribuciones y puede aprobar reales decretos-leyes.
La Constitución permite al Gobierno recurrir a esta figura legislativa en casos de "extraordinaria y urgente necesidad". Se trata de normas que entran en vigor sin necesidad de ser aprobadas previamente por el Parlamento, aunque posteriormente deben someterse a su control.
Y ahí aparece una cuestión fundamental: si el Congreso está disuelto, ¿quién decide si esos decretos siguen adelante?
¿Qué es la Diputación Permanente?
La respuesta está en la Diputación Permanente del Congreso, un órgano que permanece activo precisamente para garantizar que determinadas funciones parlamentarias puedan continuar cuando las Cortes han sido disueltas o ha terminado su mandato.
La Constitución establece que cada Cámara cuenta con una Diputación Permanente cuyos miembros representan proporcionalmente a los diferentes grupos parlamentarios. Este órgano continúa ejerciendo sus funciones hasta que se constituyen las nuevas Cortes después de las elecciones.
Entre sus competencias se encuentra precisamente una especialmente relevante en este caso: convalidar o derogar los reales decretos-leyes aprobados por el Gobierno. Normalmente, un decreto-ley debe ser sometido al Congreso en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación. Cuando la Cámara está disuelta, esa función pasa a la Diputación Permanente.
El procedimiento es similar al de un pleno: un miembro del Gobierno defiende el decreto y, después del debate, los integrantes de la Diputación Permanente votan. Los votos favorables permiten su convalidación y los negativos suponen su derogación.
Por tanto, la convocatoria de elecciones no deja automáticamente en suspenso la capacidad del Ejecutivo para aprobar este tipo de medidas.
Una votación con una mayoría diferente
La clave política está en que la composición de la Diputación Permanente no reproduce exactamente una votación con los 350 diputados del Congreso.
La Diputación Permanente está formada por 69 miembros y representa proporcionalmente a los distintos grupos parlamentarios. Esta aritmética puede modificar el resultado respecto al pleno del Congreso y permitir que el primero de los decretos salga adelante sin necesitar el apoyo de Junts, siempre que el Gobierno conserve los respaldos que obtuvo en la votación del viernes.
El primer decreto, conocido como 'decreto Maricarmen' y que incluye medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables, contó entonces con el respaldo del PNV. El segundo, relacionado con la prórroga de los contratos de alquiler, fue rechazado también por los nacionalistas vascos, por lo que tendría más dificultades para superar una nueva votación.
¿Puede la Diputación Permanente aprobar leyes?
La Diputación Permanente no sustituye al Congreso en toda su actividad ordinaria. Sin embargo, la Constitución le atribuye expresamente determinadas funciones cuando las Cámaras han sido disueltas, entre ellas el control de los reales decretos-leyes.
El Reglamento del Congreso establece que la convalidación o derogación de un real decreto-ley puede realizarse tanto en el Pleno como en la Diputación Permanente y fija un plazo máximo de 30 días desde su promulgación.
No sería, además, una situación inédita. Tras la disolución de las Cortes en septiembre de 2019, la Diputación Permanente llegó a convalidar siete reales decretos-leyes antes de la constitución del nuevo Congreso.
Así, aunque España haya entrado en periodo electoral, la actividad política no se detiene por completo. El Gobierno puede seguir aprobando reales decretos-leyes y, con el Congreso disuelto, corresponde a la Diputación Permanente decidir sobre su convalidación o derogación.