El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza ordenar de forma inmediata el desalojo de la acampada de Sol que reclamaba la Comunidad, pero no cierra el caso: la Abogacía del Estado tiene hasta el miércoles para alegar y el tribunal decidirá después por la vía ordinaria.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado ordenar de forma inmediata el desalojo de la acampada de Sol, como pedía el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los magistrados reconocen que hay urgencia, pero no quieren decidir sin escuchar antes a la Delegación del Gobierno, a la que piden explicar por qué no ha intervenido. Las tiendas siguen, de momento, frente a la sede del Ejecutivo regional.
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El auto de la Sección Sexta de lo Contencioso-Administrativo no entra en el fondo del asunto. Desestima la medida cautelarísima, que se resuelve sin oír a la otra parte, y abre una pieza separada para tramitar la petición por la vía ordinaria. La Abogacía del Estado, que representa a la Delegación del Gobierno, tiene hasta el miércoles a las 9:00 para presentar su escrito. Contra esta resolución no cabe recurso.
Por qué el TSJM no ordena el desalojo de la acampada de Sol
La Sala admite que concurren "circunstancias de especial urgencia", pero sostiene que no puede valorar los requisitos de la medida sin oír antes a la Administración General del Estado, sobre todo después de que la Comunidad acuse de inactividad a la Delegación. Pesan también el derecho de reunión de las personas acampadas y las consecuencias irreversibles que tendría un desalojo acordado por esta vía.
El tribunal recuerda además que debe respetarse el principio de proporcionalidad y que disolver una reunión es el "último recurso". Y añade un detalle práctico: si los acampados no se marchan tras un requerimiento verbal, la Policía podría tener que emplear la fuerza física.
Ayuso anunció el 1 de octubre en la Asamblea que su Gobierno iría a los tribunales contra la inacción del delegado del Gobierno, al que acusa de negarse a desalojar la acampada de Sol. La Comunidad sostiene que la concentración excede los límites del derecho de reunión y alega que perjudica el funcionamiento de la Real Casa de Correos, donde tiene su sede, y la actividad comercial y turística de la zona.
También habla de daños en la fachada y en la estatua del Oso y el Madroño, de problemas de higiene y de su preocupación por los actos previstos el 12 de octubre. El caso llegó primero a una jueza de lo contencioso, que se declaró incompetente el viernes y lo remitió al TSJM.
"Esta lucha no va a esperar a ningún calendario electoral"
El Sindicato de Inquilinas ha asegurado este lunes, desde la Puerta del Sol, que la vivienda será uno de los principales asuntos de la próxima campaña electoral tras el anuncio del adelanto de los comicios. La organización ha dejado claro, además, que mantendrá su agenda de movilizaciones al margen del calendario electoral.
"Esta lucha no va a esperar a ningún calendario electoral", ha advertido su portavoz, Alicia del Río, que ha reclamado a los partidos que aclaren si "van a introducir las medidas que exige el pueblo o van a seguir siendo esbirros del rentismo".
El siguiente objetivo del sindicato es convocar una huelga general por el derecho a la vivienda en noviembre, aunque la fecha todavía está por concretar. "En los próximos días iremos anunciando la fecha", ha señalado Del Río, que ha definido la movilización como un "clamor social" y ha defendido la "desobediencia" frente a las "leyes rentistas".
La organización ya no se limita a reclamar contratos de alquiler indefinidos, sino que exige también la expropiación de viviendas en manos de fondos de inversión y una reducción drástica de los precios de los alquileres.
La comparecencia del sindicato se ha producido tres horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral y mientras el Ejecutivo estudia cómo recuperar algunas de las medidas en materia de vivienda que fueron rechazadas el pasado viernes en el Congreso.
La Moncloa analiza volver a aprobar esta misma semana parte de esas medidas, aunque con modificaciones, con el objetivo principal de recuperar el escudo antidesahucios. El adelanto electoral no impide al Gobierno aprobar nuevos decretos, ya que el Ejecutivo no entrará en funciones hasta después de las elecciones.
Una vez disueltas las Cortes, sin embargo, la convalidación de los decretos dejará de depender del pleno del Congreso y pasará a la Diputación Permanente. Este nuevo escenario podría facilitar la aprobación del primer decreto, mientras que el segundo tendría más dificultades para salir adelante debido a la oposición del PNV.
En cualquier caso, el Sindicato de Inquilinas ha dejado claro que la convocatoria electoral no frenará sus movilizaciones ni modificará sus planes de continuar con la acampada en la Puerta del Sol. Para Del Río, las protestas iniciadas tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, han despertado a una ciudadanía que ya no está dispuesta a permanecer al margen. "Ya no hay vuelta atrás. No vamos a caer en la apatía. Hemos aprendido que juntas podemos cambiar las cosas", ha afirmado la portavoz.