La Seguridad Social cerró 2025 con un déficit del 0,4% del PIB, pero el Estado le transfirió 47.815 millones y Fedea eleva el déficit básico al 4,15%: el sistema de pensiones no quiebra, aunque depende cada vez más de los Presupuestos.
El 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció elecciones generales para el 29 de noviembre, y las pensiones vuelven a estar en el centro de atención, como ocurre en todos los comicios. Una de las preguntas más comunes es: ¿está en quiebra el sistema de pensiones? Las cifras no pueden responder definitivamente en uno u otro sentido.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Este año, España ha batido su récord de mayor nómina mensual, con casi 14.500 millones de euros. El déficit contable de la Seguridad Social también es el más bajo desde 2011, del 0,4% del PIB. Sin embargo, más del 20% de los ingresos del Sistema de la Seguridad Social procede del Estado, la deuda con el Tesoro supera los 136.000 millones de euros y la jubilación masiva de la generación del 'baby boom' apenas ha comenzado.
¿Puede quebrar un sistema de pensiones de reparto?
El sistema de pensiones en España es de reparto, es decir, las cotizaciones de hoy pagan las pensiones de hoy. No existe una cuenta a nombre de cada trabajador ni una caja que pueda agotarse. La Constitución, concretamente el artículo 50, exige que el Estado garantice pensiones suficientes y las actualice periódicamente. En caso de insuficiencia, el Estado debe cubrir el déficit mediante un préstamo o una transferencia.
La quiebra no es el término correcto para este problema. Los sistemas de reparto no quiebran como una empresa. Mientras exista un país (o un Estado) detrás de ellos, las pensiones se pagan. Lo que puede ocurrir es que el coste del sistema crezca más rápido que la economía que lo sustenta. Finalmente, alguien tendrá que decidir quién cubre el coste.
Santiago Calvo, profesor de economía cuantitativa y economía pública y subdirector del Centro Ruth Richardson, parte de la misma idea. La Seguridad Social no puede quebrar como una empresa, explica, porque detrás está la capacidad del Estado para recaudar impuestos y emitir deuda.
El problema es que así el riesgo se traslada al propio Estado. En 'El elefante en la habitación', el libro que firmó con Daniel Fernández, hablan de una quiebra "a la griega". Calvo la describe como el escenario en el que, tras años financiando el agujero con deuda, una recesión o un repunte de los tipos de interés dispara la prima de riesgo y España pierde la capacidad de financiarse a un coste razonable.
"En ese momento el ajuste deja de decidirse en el Congreso con calendario y gradualidad, pasa a negociarse con los acreedores como condición de un rescate, y la partida más grande del presupuesto es la primera que se toca", advierte. En Grecia, recuerda, los recortes alcanzaron también a quienes ya estaban jubilados, y la pensión media cayó de unos 1.350 euros en 2009 a 833 pocos años después. Las cifras que aparecen a continuación muestran el debate.
Cuentas oficiales: un déficit del 0,4% del PIB
Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la situación parece relativamente tranquila. En 2025, la Seguridad Social cerró con un déficit de 7.387 millones de euros, una mejora significativa respecto a 2024, cuando cerró con un déficit de 9.834 millones de euros.
El déficit de cierre de 2025 representó el 0,4% del PIB, la cifra más baja desde 2011 y una gran mejora respecto al 1,7% del PIB registrado en 2016. Las cotizaciones crecieron un 6,9% en 2025, hasta los 176.918 millones de euros, y hasta agosto de 2026 sumaban 126.032 millones, un 7,5% más. El crecimiento récord del mercado laboral fue uno de los principales impulsores del aumento de las cotizaciones, junto con el creciente número de trabajadores afiliados.
Julio de 2026 terminó con un total de 22.509.200 trabajadores afiliados, por primera vez por encima de los 22,5 millones en la historia de España. Los trabajadores extranjeros representaban el 15,6% del total de afiliados, y en junio había 2,37 trabajadores por pensionista, el principal factor impulsor en un sistema de reparto. En junio, las Islas Baleares tenían 3,48 cotizantes por pensionista, mientras que Ourense tenía apenas 1,14.
Las transferencias del Estado, el 20% de los ingresos
La clave para entender la dinámica del sistema de seguridad social de España se encuentra en la letra pequeña del balance. De los 232.782 millones de euros recaudados por la Seguridad Social en 2025, 47.815 millones llegaron en forma de transferencias estatales, un 11% más que el año anterior.
Por tanto, la proporción de los ingresos totales procedente del presupuesto del Estado aumentó hasta el 20,5%. Según el ministerio, gran parte del aumento se explica por el Pacto de Toledo, que establece que ciertos gastos deben financiarse mediante impuestos. Lo mismo ocurre para el ingreso mínimo vital y los complementos de las pensiones mínimas.
Fedea utiliza un alcance más amplio para evaluar la situación financiera del sistema de la Seguridad Social. Según el análisis de Fedea de las cuentas de 2005 a 2025, las transferencias estatales al sistema ampliado alcanzaron los 61.342 millones de euros en 2025.
Si esas transferencias las añadimos a las cuentas, el saldo total tendría un déficit de alrededor de 8.400 millones de euros, del mismo orden de magnitud que los 7.387 millones del ministerio. Sin ellas, el déficit básico asciende a 69.783 millones de euros, o el 4,15% del PIB; es decir, ocho veces más.
Ambas cifras son correctas porque miden cosas diferentes. Parte de esas transferencias paga prestaciones que nadie discute que deban salir de los impuestos. En 2024, de los 58.301 millones de euros en transferencias, 12.951 millones se destinaron a prestaciones no contributivas y 15.234 millones a pensiones de los funcionarios públicos.
El bloque mayor, 27.505 millones, se destinó a cubrir prestaciones contributivas. El estudio de Fedea contabiliza esto como un déficit, mientras que la contabilidad del ministerio lo considera ingresos adicionales.
Por tanto, no hay un error entre 7.000 millones y 70.000 millones, sino una cuestión de cuánto deben pagar las cotizaciones y cuánto los impuestos. Ambas interpretaciones coinciden en que, en cualquier caso, con transferencias o sin ellas, las cuentas están en números rojos.
Calvo coincide en que las dos cifras "son correctas, pero responden a preguntas distintas". La del ministerio mide cuánto le falta a la Seguridad Social después de haber recibido del Estado casi 53.000 millones en transferencias, y su tamaño depende sobre todo de lo que Hacienda decida aportar cada año.
La de Fedea compara lo que el sistema ingresa por sí mismo con lo que gasta, "que es la pregunta relevante para hablar de sostenibilidad". Según el economista, el déficit contributivo que calcula Fedea, la distancia entre las prestaciones contributivas y las cotizaciones que las financian, ronda los 63.700 millones, en torno al 3,8% del PIB.
El dato oficial tiene además, a su juicio, "un problema de lectura". En 2025 el déficit contable bajó en unos 2.450 millones, mientras las transferencias del Estado crecieron en torno a 4.860 millones, "de modo que sin ese aumento de la aportación estatal el saldo habría empeorado". Y como el conjunto de las administraciones públicas sigue en déficit, ese dinero sale en la práctica de nueva deuda.
Las transferencias no son la única vía. El Estado también presta dinero a la Seguridad Social. A finales de 2024, la Seguridad Social debía al Estado 135.253 millones de euros, y los préstamos a largo plazo ascendían al 7,9% del PIB, según el informe del Tribunal de Cuentas sobre la deuda de la Seguridad Social con el Estado en 2024.
El Pacto de Toledo estableció 2023 como límite para el uso de préstamos. Aun así, en los Presupuestos de 2023 prorrogados se autorizaron otros dos préstamos de 10.004 millones de euros cada uno, que se desembolsarían en 2024 y 2025, respectivamente.
De diciembre de 2022 a diciembre de 2025, la deuda aumentó en 30.001 millones de euros, superando los 136.000 millones. Esto supone más del doble de la cantidad que ingresó en el fondo de reserva de las pensiones durante el mismo periodo. A medida que crece el fondo de reserva, la deuda crece más rápidamente.
Apenas aprobado
El 29 de mayo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) evaluó si el gasto en pensiones cumplía la regla acordada con Bruselas (no superar el 13,3% del PIB de media entre 2022 y 2050, después de descontar las nuevas medidas de ingresos). Determinó que era del 13,0%, tres décimas por debajo del umbral.
El gasto bruto era del 14,6% y las medidas de ingresos lo redujeron en 1,6 puntos. La reforma de las cotizaciones de los trabajadores autónomos fue la principal razón de la mejora respecto a la evaluación anterior. Con este resultado no se activa la cláusula de cierre, el mecanismo que, si hubiera un desvío y no se acordara cómo corregirlo, subiría automáticamente la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
Una interpretación menos cómoda del cumplimiento es que el gasto bruto superaría el límite en 1,3 puntos del PIB sin las medidas de ingresos. La regla se cumple porque se ha decidido recaudar más. El mismo estudio proyecta que, sin cambios en las políticas, la deuda pública comenzaría a aumentar nuevamente a partir de 2035, alcanzando el 123% del PIB en 2050.
Además, las transferencias al sistema de pensiones tendrían que aumentar hasta el 3% del PIB ese año, y tres de cada cuatro euros del aumento del gasto saldrían de la Administración central, lo que la obligaría a recortar otras políticas o a endeudarse más. Cumplir la regla y mantener la deuda bajo control serían, según esos datos, dos objetivos distintos.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones presentó su modelo de proyección INTegraSS el 9 de abril. Según su nota de prensa, el gasto medio en pensiones se mantendrá en el entorno del 14% del PIB hasta 2050.
Esta cifra es inferior a las últimas estimaciones de la AIReF, que proyectan, en promedio, un gasto bruto del 14,6% del PIB, unas seis décimas más. La diferencia depende de los supuestos de partida (la evolución del empleo y la natalidad, así como el nivel de inmigración).
Para Calvo, la vulnerabilidad del país "aumenta cada año". España mantiene una deuda pública en el entorno del 100% del PIB, las transferencias a la Seguridad Social ya se acercan a 4 puntos del PIB y el gasto en pensiones seguirá creciendo con la jubilación del 'baby boom' hasta el 16,4% del PIB en 2050, según la AIReF.
Prefiere no poner fecha a una crisis como la griega, porque depende de un detonante que nadie puede anticipar, pero sitúa en las próximas dos décadas el periodo de mayor exposición. "Lo que hoy separa a España de Grecia es la posibilidad de hacer, con tiempo y por decisión propia, una reforma que de otro modo vendría impuesta desde fuera", sostiene.
La reforma de 2023 añadió el MEI, una contribución finalista que comenzó en el 0,6% de los salarios, aumentará anualmente hasta el 1,2% en 2029 y continuará después. Los ingresos se canalizan al Fondo de Reserva y no pueden utilizarse hasta 2033. Ya ha generado 10.976 millones de euros y las estimaciones oficiales proyectan 5.298 millones de euros adicionales para 2026.
El Fondo de Reserva de las Pensiones alcanza su nivel más alto en diez años
A 31 de marzo de 2026, el Fondo de Reserva sumaba 15.267 millones de euros, su nivel más alto en una década. Compararlo con la nómina ofrece más contexto. En septiembre, solo la paga ordinaria costó 14.498 millones de euros, lo que significa que el fondo solo podía cubrir algo más de un mes de pagos de pensiones.
A finales de 2011, cuando alcanzó su máximo, llegó a los 66.815 millones de euros, lo que representaba el 6,22% del PIB. Se fue agotando gradualmente para pagar las pensiones en los años siguientes y, durante 2025, creció en unos 4.700 millones de euros, apenas lo suficiente para pagar las pensiones durante unos 10 días.
El Fondo de Reserva estaba destinado a utilizarse para diferencias puntuales entre ingresos y gastos. Alcanzar su nivel más alto en diez años dice más sobre lo bajo que llegó a estar en el pasado que sobre su estado actual.
El 'baby boom' ya está en la nómina
La carga sobre el sistema de pensiones ya es evidente en las nóminas, y las proyecciones solo serán más preocupantes en los próximos años. La Seguridad Social pagó en septiembre 10.547.417 pensiones a 9.529.386 beneficiarios. La nómina creció un 6,3% interanual, mientras que el número de pensiones solo aumentó un 1,6%.
Algo más de punto y medio de esa subida se debe a que hay más pensiones. El resto, a que cada una es más alta. Este año, las pensiones contributivas aumentaron un 2,7% y las pensiones mínimas más de un 7%. A eso se suma el efecto sustitución, porque quien se jubila cobra unos 500 euros más al mes que aquel cuya pensión causa baja. La pensión media de jubilación aumentó un 4,5% interanual, hasta los 1.576,1 euros en septiembre.
2025 fue el año récord de nuevas jubilaciones, con 375.324. Las jubilaciones anticipadas siguen aumentando y, según los datos provisionales de los primeros cuatro meses de 2026, representaron el 31% de todas las nuevas jubilaciones, frente al 27,9% en 2025.
La etapa más difícil de la curva aún está por llegar. Las personas nacidas entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970 (la generación del 'baby boom') se irán jubilando en los próximos 20 años.
Según las proyecciones publicadas por el INE en junio, la población mayor de 65 años, que actualmente representa el 21,1% del total, crecerá hasta alcanzar el 30,9% en 2076. Esas previsiones contemplan una ganancia migratoria de 6,3 millones de personas hasta 2040. Sin esa inmigración, la presión sobre las cotizaciones sería mayor.
Calvo pone el foco en lo que eso supondrá para quienes hoy empiezan su vida laboral. Las proyecciones, recuerda, ya anticipan que la pensión cubrirá una parte menor del último sueldo, con una tasa de reemplazo que bajaría del 77% al 65% en 2050, "y lo hacen con supuestos que la propia Fedea considera optimistas". Alguien que hoy tiene 30 años se jubilará en torno a 2063, en un país con muchos más pensionistas por cada cotizante.
Aumento de las pensiones en 2027: alrededor del 3,5%
También habrá que añadir la inflación. Según las primeras estimaciones, la subida del próximo año rondará el 3,5%, la más alta desde 2024. La cifra final dependerá del IPC adelantado de noviembre, que se publicará el 27 de ese mes y será el último dato antes de que se aplique el aumento.
El aumento deberá aprobarse de nuevo sin Presupuestos nuevos, ya que España entrará en 2027 con las cuentas de 2023 prorrogadas. En enero, el primer decreto con las medidas de este año fue rechazado en el Congreso de los Diputados y el Gobierno tuvo que aprobar otro el 3 de febrero. La primera sesión del nuevo Parlamento se celebrará el 23 de diciembre, si hay Gobierno a la primera, y el aumento de las pensiones deberá aplicarse a partir del 1 de enero de 2027.
Las cifras anteriores conducen a una cuestión política. ¿Quién paga los crecientes costes del sistema de pensiones? Las opciones son limitadas y ninguna de ellas es gratuita. La primera opción es recaudar más ingresos.
La reforma de 2021-2023 siguió esta vía con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que elevará las cotizaciones hasta 2029, y con nuevas cotizaciones para los trabajadores autónomos. El incumplimiento de la regla de gasto conduciría a un aumento automático del Mecanismo de Equidad Intergeneracional mediante la cláusula de cierre. La segunda opción es gastar menos por pensión.
Esto puede lograrse retrasando la edad efectiva de jubilación o modificando el cálculo de la pensión inicial. El 31% de las jubilaciones anticipadas ilustra la brecha entre la edad legal y la edad efectiva de jubilación.
La tercera opción es seguir recurriendo al Estado para obtener más transferencias o más préstamos, lo que acaba significando más impuestos o más deuda pública. Esto está ocurriendo, y la deuda con el Estado ya supera los 136.000 millones de euros. La cuarta opción es contar con más cotizantes, es decir, aumentar el empleo y la productividad, así como la población en edad de trabajar, que depende en gran medida de la inmigración y se refleja en las proyecciones del INE.
Calvo apuesta por cambiar la fórmula. Propone pasar a un sistema de cuentas nocionales, en el que cada uno cobre lo aportado revalorizado al ritmo de la economía, y añadir un pilar de capitalización. Los cálculos de Devesa, Doménech y Meneu para Fedea que maneja sitúan entre un 12% y un 25% la distancia entre la pensión que reciben hoy los nuevos jubilados y la que les correspondería con ese modelo.
El 12% sale de suponer que el PIB crecerá como en las últimas cuatro décadas, y el 25%, de las proyecciones más modestas de la Comisión Europea. Esa diferencia, dice, mide "la parte de la promesa actual que el sistema no puede pagar con sus propios recursos, y que alguien ya está financiando con transferencias y deuda".
Su propuesta respeta las pensiones que ya se cobran y aplica el cambio por generaciones, como hizo Suecia. Los nacidos en 1970 calcularían un 5% de su pensión con la nueva fórmula, los de 1971 un 10%, y así hasta la generación de 1989, que se jubilaría íntegramente con cuentas nocionales. Ninguna generación daría un salto brusco respecto a la anterior y cada trabajador conocería con décadas de antelación las reglas que le afectan. Según Calvo, las bases bajas, las carreras largas y los autónomos saldrían ganando "con un sistema que cuenta cada euro cotizado".
Admite que la capitalización exige más cuidado, porque desviar cotizaciones a cuentas individuales dejaría sin financiar las pensiones que hay que seguir pagando. Por eso plantea empezar por el MEI, que en 2025 recaudó casi 5.000 millones destinados a un Fondo de Reserva invertido en deuda pública, y llevar ese dinero a cuentas de capitalización con carteras diversificadas.
Más adelante, cuando las cuentas nocionales equilibren el sistema, se podrían trasladar de forma gradual tres o cuatro puntos de cotización. A la pregunta de quién asume el ajuste, responde que el sistema actual ya lo hace y que lo carga sobre los jóvenes y los contribuyentes futuros "sin decírselo". La reforma, defiende, lo haría explícito y lo repartiría entre todas las generaciones que aún están en activo.
Si tuviera que elegir una medida para el Gobierno que salga de las urnas el 29N, Calvo aprobaría en el primer año una ley que fije el paso a cuentas nocionales con el calendario por generaciones "cerrado desde el primer día".
Esa ley obligaría además a la Seguridad Social a enviar cada año a todos los cotizantes un extracto con lo que llevan acumulado y una estimación de su pensión. Esa obligación ya figuraba en la reforma de 2011, recuerda, y ningún Gobierno la ha llegado a cumplir. A su juicio, el primer año de legislatura es cuando un Gobierno tiene más capital político para una reforma de este tamaño, y el calendario escalonado permite aprobarla sin que afecte a ningún jubilado en los primeros años.
Si alguien de 30 años se pregunta si cobrará una pensión, Calvo señala que la cobrará, "porque es el gasto con más respaldo político del país y ningún Gobierno va a dejar de pagarla". La incertidumbre, añade, está en la cuantía en relación con su salario y en la edad a la que podrá jubilarse.
Su consejo es empezar a ahorrar por su cuenta desde ya, aunque sea poco, aprovechar el plan de empleo si la empresa lo ofrece y seguir de cerca un debate en el que su generación es la que más se juega. "Su mejor garantía es que el sistema se reforme mientras todavía tiene tiempo de adaptarse".
Cada opción tiene perdedores distintos y plazos distintos, y el calendario aprieta. El 27 de noviembre se conocerá cuánto suben las pensiones en enero. El 29 de noviembre habrá elecciones generales. Las pensiones seguirán pagándose. Quien gane decidirá quién tiene que asumir el gasto, que según la AIReF requeriría un aumento de las transferencias del Estado del 3% del PIB en 2050.