Las organizaciones advierten del riesgo de nuevos desalojos y recortes en ayudas energéticas si el decreto no supera el trámite en la Cámara Baja.
La tramitación en el Congreso de los Diputados del llamado 'escudo social', un conjunto de medidas destinadas a proteger a las personas más vulnerables ante el alza del coste de vida, ha desatado este fin de semana una nueva oleada de protestas y un intenso debate político en España.
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Grupos de pensionistas, sindicatos de inquilinas e asociaciones de defensa de la vivienda se congregaron este domingo en el centro de Madrid para reclamar a los grupos parlamentarios que respalden la convalidación del decreto que incluye, entre otras medidas, la prórroga de la moratoria de desahucios sin alternativa habitacional, la garantía de suministros básicos, como agua y energía, y beneficios sociales adicionales.
El paquete legislativo, separado ahora del aumento de las pensiones para facilitar su aprobación, se someterá a votación en el pleno del próximo jueves. Tras la división del texto original en dos decretos, uno con la revalorización de pensiones y otro con las medidas sociales, los partidos de la derecha ya han anunciado que podrían votar en contra del escudo social, poniendo en riesgo su continuidad.
Posibles nuevos desalojos
Organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) han advertido de que si la moratoria antidesahucios no se mantiene, decenas de miles de familias podrían enfrentarse de nuevo a desalojos. En Baleares y otras regiones ya se han organizado movilizaciones paralelas en respuesta a la paralización del decreto en comisiones parlamentarias.
Desde las filas políticas del Gobierno se defiende el escudo social como una herramienta esencial para mitigar la precariedad, mientras que sus críticos argumentan que algunas de sus cláusulas distorsionan los derechos de los propietarios o generan desincentivos.
Con el coste de la vivienda y la inflación entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, las próximas votaciones en el Congreso serán un termómetro del consenso político sobre políticas sociales que buscan equilibrar protección con estabilidad jurídica y económica.