La regularización de 500.000 personas aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha generado bulos en internet. Aunque obtengan la residencia, la ley exige la nacionalidad para votar en las generales. El PP y Vox critican una medida que no otorga la ciudadanía automática.
La controvertida decisión del Gobierno español de aprobar un decreto que regularizará a 500.000 inmigrantes y solicitantes de asilo indocumentados ha desatado el debate en toda Europa.
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Junto a críticas y análisis más comedidos, ha surgido una oleada de afirmaciones engañosas. En algunos posts de X, que acumulan millones de visitas y miles de compartidos, se afirma que estos inmigrantes recién regularizados tendrán automáticamente derecho a voto.
Otros afirman que se les concederá la nacionalidad por la vía rápida, lo que les permitirá votar y, a su vez, crear un "bloque de votos leales" para el presidente Pedro Sánchez y su Gobierno de izquierdas. Si se analizan las normas de inmigración, naturalización y voto de España, estas afirmaciones tienen no son del todo correctas.
¿Qué implica el decreto y es nuevo?
El decreto, cuya entrada en vigor está prevista para abril, se aplica a al menos 500.000 inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo que viven actualmente en España.
Los solicitantes de regularización tienen que demostrar que carecen de antecedentes penales y que han vivido en España al menos cinco meses o solicitado asilo antes de finales de diciembre de 2025.
No es la primera vez que España regulariza a varios inmigrantes: según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), se trata del séptimo proceso similar desde 1986. El decreto otorga a los beneficiarios un permiso de residencia de un año y el derecho a trabajar en España.
El Gobierno de Sánchez ha afirmado que la medida reforzará el mercado laboral español. La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo calificó de "modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración, la convivencia y compatible con el crecimiento económico y la cohesión social".
La medida ha desatado igualmente la ira del conservador Partido Popular (PP) y del ultraderechista Vox. El líder del PP acusó a Sánchez de intentar desviar la atención de la respuesta del Gobierno a los múltiples accidentes ferroviarios mortales del mes pasado.
¿Quién puede votar en España?
Las normas de voto en España están claramente definidas.
Según el Ministerio del Interior español, sólo los ciudadanos españoles mayores de edad (18 años en la actualidad) pueden votar en las elecciones nacionales y autonómicas. En las elecciones europeas también pueden votar los ciudadanos de la UE residentes en España.
En las elecciones municipales, el derecho de voto es más limitado. Los ciudadanos no comunitarios sólo pueden votar si España tiene un acuerdo de reciprocidad de voto con su país de nacionalidad.
Esto se aplica actualmente a los nacionales de 13 países, entre ellos Islandia, Noruega y el Reino Unido, siempre que cumplan también los requisitos de residencia (que pueden variar según el país). Contrariamente a lo que se afirma en internet, el mero hecho de tener residencia legal en España no da derecho a votar en las elecciones nacionales.
¿La regularización conlleva la ciudadanía rápida?
Otra afirmación que circula en los mensajes virales sugiere que los inmigrantes regularizados pueden obtener la nacionalidad española en tan sólo dos años. Pero esto es engañoso.
Según la legislación española (fuente en inglés), sólo los ciudadanos de determinados países, a saber, Portugal, Filipinas, Andorra, Guinea Ecuatorial y la mayoría de los países latinoamericanos, así como los de origen sefardí, pueden solicitar la nacionalidad española tras dos años de residencia legal y continuada.
Sin embargo, para la gran mayoría de las personas procedentes de otros países, el proceso es mucho más largo: la mayoría de los inmigrantes en España necesitan vivir legalmente allí durante diez años para poder solicitar la nacionalidad, pero este plazo se reduce a cinco años para los refugiados y puede acortarse aún más, a un año, si la persona ha nacido en España o ha estado casada con un ciudadano español.
Sea cual sea el plazo, el periodo de residencia es sólo el principio del proceso. El propio decreto concede un año de residencia legal, lo que significa que no será suficiente para que la mayoría de las personas obtengan la nacionalidad en ese plazo. Los solicitantes aún deben superar pruebas de lengua española y de otro tipo, así como esperar la tramitación, que puede durar varios años.
En conclusión, el nuevo impulso español a la regularización concede a los inmigrantes la residencia legal, no la ciudadanía, y no confiere derecho de voto en las elecciones. Estos derechos son jurídicamente distintos en España y no cambian con este nuevo decreto.