España refuerza el acceso universal a la sanidad pública, incluida la atención a inmigrantes irregulares. Un nuevo real decreto aclara los trámites, amplía la cobertura a europeos y extranjeros, en general, y recupera derechos que se perdieron tras la crisis financiera.
España ha dado un paso decisivo para consolidar de nuevo el acceso universal a la atención sanitaria. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula de forma homogénea el reconocimiento del derecho a la protección de la salud con cargo a fondos públicos, poniendo el foco en las personas extranjeras sin residencia legal, pero también en ciudadanos europeos, otros extranjeros y españoles residentes en el exterior.
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La norma desarrolla lo previsto en la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y busca acabar con las desigualdades territoriales que persistían desde los recortes de la pasada década. El objetivo, según argumenta el Ministerio de Sanidad en un comunicado, es garantizar que la asistencia sanitaria se ejerza "en condiciones de igualdad, cohesión territorial y equidad", al tiempo que se mejora el control de enfermedades desde la atención primaria.
"Nuestra sanidad pública nació con la idea de que la salud es un bien común", celebraba la ministra de Salud, Mónica García, en un mensaje divulgado el martes a través de las redes sociales. "Y cuando cuidamos la salud de todos, cuidamos también la cohesión, la convivencia y la dignidad de toda la sociedad".
El cambio tiene implicaciones directas para millones de personas que viven o se desplazan temporalmente a España, incluidos ciudadanos de la Unión Europea y migrantes en situación irregular, un colectivo cuya cobertura médica hasta ahora dependía en gran medida de la comunidad autónoma en la que residía y de interpretaciones administrativas dispares.
¿Qué cambia con la nueva regulación?
La principal novedad es la creación de un procedimiento único y claro para reconocer el derecho a la asistencia sanitaria pública. Hasta ahora, la falta de un desarrollo reglamentario generaba diferencias entre comunidades autónomas y dejaba a muchas personas fuera del sistema.
Con la nueva norma, la solicitud activa de inmediato un documento provisional que permite acceder a la atención sanitaria desde el primer momento, mientras se tramita el expediente. La administración dispone de un plazo máximo de tres meses para resolver; si no hay respuesta, la solicitud se entiende estimada por silencio administrativo positivo.
Una vez reconocido, el derecho no caduca mientras no exista cobertura sanitaria por otra vía, lo que aporta estabilidad y seguridad jurídica tanto a los usuarios como al sistema.
¿Qué es una "declaración responsable" y por qué resulta clave?
El eje del nuevo procedimiento es la llamada "declaración responsable". Se trata de un documento en el que el solicitante manifiesta "que no cuenta con cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar el derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia", detalla la cartera de Sanidad en el comunicado antes mencionado.
Este mecanismo permite "desburocratizar" el proceso y evitar retrasos que, en la práctica, dejaban a personas sin atención o expuestas a facturas posteriores. El Ministerio subraya que así se evita que alguien sea atendido y después reciba un cobro "simplemente por no haber hecho el papeleo".
La norma prevé además formatos accesibles y apoyos específicos para que las personas con discapacidad puedan comprender y firmar la declaración en igualdad de condiciones.
¿Cómo afectará a los extranjeros en España?
- Ciudadanos europeos. Los ciudadanos de la Unión Europea mantienen el acceso a la sanidad según la normativa comunitaria, pero el decreto aporta mayor claridad en los casos en los que no exista cobertura exportable desde el país de origen. En esos supuestos, podrán acogerse al nuevo procedimiento.
- Extranjeros no comunitarios. Para quienes residen en España sin autorización legal, el decreto refuerza el acceso efectivo a la sanidad pública. La residencia habitual podrá acreditarse no solo con el empadronamiento, sino también con certificados de escolarización, informes de servicios sociales o facturas de suministros básicos.
- Inmigrantes en situación irregular. El cambio es especialmente relevante para este colectivo. El acceso deja de depender de interpretaciones territoriales y se garantiza desde el primer contacto con el sistema sanitario, incluidas la atención primaria y la prevención, lo que evita recurrir exclusivamente a urgencias.
Además, se protege de forma "específica" a menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género o sexual, personas solicitantes de protección internacional y víctimas de trata.
Otros aspectos relevantes: cobertura de expatriados y prótesis gratuitas
El real decreto amplía también la cobertura a las personas españolas de origen residentes en el exterior y a sus familiares durante desplazamientos temporales a España, siempre que no estén cubiertos por convenios internacionales o la legislación de otro país. Hasta ahora, este derecho estaba limitado a pensionistas o trabajadores.
Otra novedad destacada es la equiparación automática de exenciones en la prestación ortoprotésica. Quienes estén exentos de pagar medicamentos por su nivel de renta o situación de vulnerabilidad tampoco tendrán que aportar dinero para prótesis u otros productos de ortopedia.
Con esta norma, España culmina el proceso iniciado tras los recortes de 2012 y refuerza el principio de universalidad del Sistema Nacional de Salud, recuperando un modelo basado en la residencia y la protección de la salud como un derecho, no como un privilegio administrativo.