La medida, que habría restringido la inmigración por mandato constitucional, contaba con el apoyo de una formación populista de derechas, enfrentada a la izquierda, la mayor parte del parlamento confederal, grupos de derechos humanos y hasta la clase empresarial helvética.
Los electores en Suiza han depositado este domingo sus últimas papeletas en una iniciativa impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP), de extrema derecha, que proponía fijar en diez millones el límite de población de este rico país alpino.
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Según los primeros datos del Gobierno federal, en torno al 53% de los votantes ha rechazado la propuesta, con una participación en todo el país superior al 57%. Aún quedan por conocerse los resultados de muchos de los 26 cantones suizos.
Encuestas recientes del Instituto gfs.bern apuntaban a un resultado muy ajustado. Un voto afirmativo habría obligado al Gobierno suizo a adoptar medidas constitucionales para limitar la población de aquí a 2050, entre ellas restringir la inmigración.
El SVP, de corte populista y con el mayor número de escaños en el Parlamento, ha alimentado durante años el sentimiento contrario a la inmigración, en particular ante la llegada de trabajadores procedentes de la vecina Unión Europea. Como suele ser habitual, el voto en contra de la medida -asociado a posiciones más progresistas- ha provenido mayoritariamente de los cantones francófonos, alineados en esta ocasión con la clase empresarial del país.
A juicio de sus detractores, el referéndum ponía en riesgo los estrechos vínculos de Suiza con la Unión Europea, basados en acuerdos que favorecen el crecimiento económico, los intercambios culturales y los viajes transfronterizos, entre otros aspectos, por lo que algunos han bautizado la propuesta como un 'brexit suizo'. Suiza no forma parte de los 27 Estados miembros de la UE, pero está prácticamente rodeada por cuatro de ellos.
Los extranjeros representan casi un tercio de la población suiza
El número de residentes en Suiza ha aumentado en casi una cuarta parte en la última generación, y hoy los extranjeros suponen casi un tercio de una población de alrededor de 9,1 millones de habitantes. Sus críticos señalan que el auge migratorio ha aportado mano de obra y competencias extranjeras a sectores como la sanidad, las finanzas, la industria farmacéutica y la tecnología.
El SVP presentó la llamada 'iniciativa por la sostenibilidad' alegando que las infraestructuras, la vivienda, los programas sociales, los recursos naturales y el modo de vida suizos se han visto tensionados por el fuerte crecimiento demográfico. El Gobierno federal, gran parte del Parlamento y EconomieSuisse, una de las principales asociaciones empresariales del país, se oponen a la iniciativa.
Los primeros resultados indicaban que alrededor de dos tercios de los votantes de la región de Ginebra, la segunda ciudad del país y sede de instituciones de la ONU y de numerosas organizaciones humanitarias, rechazaron la medida.
Maria Lalu, antigua empleada de una misión diplomática originaria de Filipinas que llegó a Suiza a principios de la década de 1980, aseguró que respalda la propuesta. "No tengo nada contra la inmigración. Yo también soy extranjera", dijo tras depositar su voto, y añadió que le gustaría que la inmigración fuera más "ordenada".
La profesora Natascha Robert explica que votó en contra por temor a que la aprobación del texto dañara la relación de Suiza con la UE. Añadió que la creciente diversidad del país es una ventaja. "Creo que la gente siempre tiene algo que aportarnos", afirma ante un colegio electoral del céntrico barrio de Paquis, subrayando que nació en Suiza y que sus dos progenitores son suizos. "¿Que haya más extranjeros significa que me siento menos suiza? En absoluto".
La democracia directa suiza permite a los ciudadanos pronunciarse sobre las políticas públicas mediante referendos que suelen celebrarse cuatro veces al año. La mayoría de las papeletas se envía por correo y la votación presencial concluye el domingo a las 12:00.
En caso de aprobarse, el Gobierno se vería obligado a limitar el asilo, la reagrupación familiar y los permisos de residencia y podría tener que denunciar el acuerdo con la UE sobre libre circulación de personas si la población alcanza los 9,5 millones antes de esa fecha.