Almaraz seguirá operativa hasta 2030 tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez. La resolución es muy celebrada en Extremadura, donde la central da trabajo a unas 4.000 personas. La prórroga ha sido publicada directamente en el BOE y cobra valor tras el apagón de hace algo más de un año.
El Gobierno ha anunciado este viernes la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, accediendo así a la petición formulada el pasado otoño por las empresas propietarias de la instalación. La decisión, que supone retrasar tres años el cierre previsto de los dos reactores de la central extremeña, ha sido publicada a través del Boletín Oficial del Estado mediante una orden ministerial del Ministerio para la Transición Ecológica.
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Almaraz es la central nuclear que más electricidad ha generado en la historia de España y actualmente aporta en torno al 7% de la producción eléctrica nacional. Su unidad 1 tenía previsto cerrar en noviembre de 2027 y su unidad 2 en octubre de 2028, según el calendario acordado en 2019 entre el Gobierno y las compañías del sector.
Tras el apagón que sufrió la Península Ibérica en abril de 2025, la función de la energía nuclear y la necesidad de mantener estas plantas volvió al centro del debate.
El calendario de cierre pactado en 2019
Aquel acuerdo, alcanzado en un contexto de coalición gubernamental con Podemos y posteriormente con Sumar —que exigía el cierre inmediato de todas las centrales—, fijaba el apagón nuclear progresivo de los siete reactores españoles con el objetivo de que en 2035 no quedara ninguno en funcionamiento. El calendario establecido era el siguiente: Almaraz I en noviembre de 2027, Almaraz II en octubre de 2028, Ascó I y Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, y Vandellós II y Trillo en 2035.
Sin embargo, el discurso de las propietarias fue evolucionando con el paso del tiempo hasta que, el pasado otoño, las empresas dueñas de Almaraz solicitaron formalmente al Gobierno una prórroga de tres años, hasta junio de 2030.
"Una cuestión ideológica": La presión desde Bruselas
La decisión del Ejecutivo llega también en un contexto de creciente presión europea. En febrero de 2026, una delegación de diez eurodiputados encabezada por el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el polaco Bogdan Rzońca, visitó las instalaciones de Almaraz en respuesta a una petición ciudadana contra su cierre, firmada por trabajadores, gobiernos locales, habitantes, agricultores y asociaciones de la comarca.
Rzońca calificó el cierre de la planta de "cuestión ideológica" para el Gobierno español y señaló que más de 10.000 habitantes locales se oponían al cierre, advirtiendo de una desconexión entre los gobiernos local y nacional en este asunto.
Fruto de esa visita, la Comisión de Peticiones aprobó en mayo de 2026 un informe que pedía expresamente al Gobierno español que reconsiderara el calendario de cierre, concluyendo que la decisión respondía a "razones meramente políticas e ideológicas, sin base técnica suficiente", y alertando de las graves consecuencias económicas, sociales y energéticas que tendría para la región y para el conjunto del sistema eléctrico español. La eurodiputada del PP Elena Nevado defendió que "no hay una evaluación de impacto integral que valore adecuadamente sus consecuencias" y subrayó que la central sostiene cerca de 4.000 empleos directos e indirectos.
El informe europeo también recogía que las decisiones sobre infraestructuras energéticas estratégicas deben adoptarse sobre la base de evaluaciones rigurosas, transparentes y técnicamente justificadas, teniendo en cuenta la seguridad energética, el impacto socioeconómico y los objetivos de descarbonización. La posición del Parlamento Europeo se alineaba además con la de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha defendido en repetidas ocasiones la conveniencia de mantener operativas las centrales nucleares en funcionamiento.
El CSN despejó el camino
La decisión del Ejecutivo llega después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera el pasado 16 de julio un informe favorable a la continuidad de la central, constatando que reúne todas las condiciones en materia de seguridad nuclear para operar hasta 2030.
La instalación cumple además con los requerimientos de garantía de suministro y coste cero para los consumidores fijados por el Ministerio para la Transición Ecológica. El informe favorable del organismo regulador eliminó así el principal argumento técnico que el Gobierno podría haber esgrimido para mantener el calendario de cierre original, dejando la decisión en manos exclusivamente políticas.
Cabe recordar que la central tiene una 'gemela' en Virginia (EE.UU.), North Anna, que ya ha sido autorizada para operar hasta los 80 años.
Alivio y un éxito para una región golpeada por el éxodo rural
La noticia ha sido recibida con satisfacción por la plataforma ciudadana Sí a Almaraz, Sí al futuro, que desde su constitución en enero de 2025 ha agrupado a más de un centenar de ayuntamientos, organizaciones empresariales, cámaras de comercio, trabajadores, empresas auxiliares y asociaciones de toda la comarca cacereña en defensa de la continuidad de la central.
"Por fin respiramos aliviados y vemos la luz al final del túnel", afirmó Fernando Sánchez, presidente de la plataforma y alcalde de Belvís de Monroy, quien considera que la decisión "devuelve la confianza a miles de familias que durante meses han vivido pendientes de una resolución que condicionaba el futuro de toda una comarca".
La plataforma, que se define como un movimiento cívico, plural y transversal con representantes de distintas sensibilidades políticas, ha contado también con el respaldo de organizaciones internacionales como Mothers for Nuclear —impulsora de la continuidad de la central estadounidense de Diablo Canyon— y WePlanet, referente del ecologismo pronuclear en Europa. Su ejemplo inspiró además la creación de Mujeres por Almaraz, asociación formada por más de un millar de mujeres del Campo Arañuelo que defiende la central como garantía de empleo, desarrollo económico y descarbonización.
Un debate que se reabre
La prórroga de Almaraz reactiva el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España en un momento en que varios sectores económicos y técnicos presionan para que el Gobierno revise también las fechas de cierre de otras centrales. Las guerras en Ucrania e Irán hacen replantear decisiones para garantizar la independencia energética en la Unión Europea.
Empresarios catalanes han pedido recientemente que se reconsidere el calendario de cierre de las plantas de Ascó y Vandellós, mientras que ingenieros industriales y distintos analistas energéticos han advertido de los riesgos que para el suministro eléctrico nacional conllevaría mantener el ritmo de apagón previsto, especialmente tras el apagón nacional que sacudió España el año pasado y que reabrió el debate sobre la seguridad y la dependencia energética del país.