Dos años después de rechazar la ley de amnistía, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo da curso legal al aval otorgado por el Constitucional, lo que permite a los cuatro presentarse a unas elecciones y volver a ocupar cargos públicos. A ellos les seguirá la exoneración del expresident Puigdemont.
Siete años después de que el Tribunal Supremo condenase al líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, a más de una década de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos en la administración pública, así como a los 'exconsellers' Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, este mismo tribunal acaba de extinguir sus responsabilidades penales por los sucesos del 'procès' catalán.
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Lo hace tras aplicar la interpretación de la ley de amnistía del Tribunal Constitucional (con una mayoría de sensibilidad progresista entre sus 12 miembros) del pasado 6 de octubre. Esto tiene consecuencias inmediatas para los hasta ahora encausados, que ya habían abandonado la prisión: no tendrán que esperar hasta la siguiente década (2030 y 2031, según el caso) para presentarse a unas elecciones. "Por fin se ha hecho justicia", ha proclamado Junqueras en X:
El 'expresident', Toni Comín y Lluís Puig cerrarán el sumario del Supremo
Carles Puigdemont es el siguiente en la lista: el expresident fugado de las autoridades españolas en 2017 espera a unos formalismos técnicos que pongan fin a su encausamiento.
El juez Pablo Llarena procedió ayer, lunes, a cursar el fallo del Constitucional mediante un escrito muy crítico con la decisión que inhabilita su sentencia, que ha marcado buena parte de la vida política española y catalana en la última década. Los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig, quienes también huyeron de Cataluña, esperan así mismo el fin de sus casos.
El fallo, protestan los miembros de la Sala de lo Penal al cursar el fallo, "encierra una descalificación que alcanza a otros catorce magistrados que han defendido la interpretación que ahora se considera vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva". Los magistrados también creen que se ha hecho una "interpretación extensiva e impredecible" carente, escriben, de "sentido común".
La portavoz del Gobierno central, Elma Saiz, ha celebrado también que el Supremo haya aplicado la ley de amnistía "en su totalidad". Esta fue impulsada por el Ejecutivo de Sánchez tras las anteriores elecciones generales de 2023, con la que trató de garantizarse el apoyo de los independentistas de Junts para conseguir un apoyo a su investidura, así como a sus iniciativas políticas en esta última legislatura. Esto último, por supuesto, no ocurrió.
"Como hemos defendido siempre, la ley de amnistía es una ley plenamente constitucional que también respeta el Derecho europeo y no podemos sino celebrar su aplicación en su totalidad", ha sostenido la ministra portavoz al ser preguntada por esta decisión. La oposición ha cuestionado la aplicación de esta ley al considerar que se elaboró para beneficiar los intereses políticos de Sánchez, y no por el "interés general" que ha defendido su Ministro de Justicia y que se requiere legalmente para las amnistías.
El Gobierno catalán del también socialista Salvador Illa ha expresado este martes su "alegría" por la decisión del Tribunal Supremo: "No podemos hacer más que celebrarlo", ha subrayado el que fuera exministro de Sanidad con Sánchez.