El organismo absuelve a los 35 demandados por el coste del referéndum del 1-O y la promoción internacional del independentismo catalán.
El Tribunal de Cuentas ha aplicado la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y a otros 34 antiguos altos cargos del Gobierno catalán por su presunta responsabilidad contable en los gastos vinculados al 'procés' independentista.
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La sentencia pone fin a este procedimiento contra los 35 demandados por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana, relacionado con la financiación del referéndum del 1 de octubre de 2017 y las actuaciones de promoción exterior del independentismo.
Además de absolver a los afectados en aplicación de la ley de amnistía, el Tribunal de Cuentas ha ordenado levantar las fianzas que tenían impuestas durante el procedimiento.
La sentencia, dictada este miércoles por la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, alcanza también a Oriol Junqueras y a los exconsejeros Raül Romeva, Toni Comín, Lluís Puig y Dolors Bassa, además de al expresidente Artur Mas.
La clave del fallo es más contable que política. La juez concluye que no ha quedado acreditado que los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017 se pagaran con dinero del presupuesto de la Unión Europea, y sobre esa base declara aplicable la Ley Orgánica de Amnistía.
El dinero en juego no era menor. La Fiscalía reclamaba alrededor de 3,1 millones de euros y Sociedad Civil Catalana elevaba la cifra hasta los 5 millones. Los encausados habían depositado más de 4 millones en fianzas para evitar el embargo de sus bienes. La resolución, eso sí, no es firme. Puede recurrirse en apelación ante la sala del propio Tribunal de Cuentas y, después, en casación ante el Supremo.
Dos años a la espera de Luxemburgo
El procedimiento estaba congelado desde el verano de 2024. El 29 de julio de aquel año, el Tribunal de Cuentas elevó ocho cuestiones prejudiciales al TJUE, y la juez dejó escrito que veía "muy difícil conciliar" la amnistía con la lucha contra la impunidad del fraude y la corrupción que exige el derecho europeo.
La respuesta llegó el 16 de julio de este año. Luxemburgo analizó cinco de las ocho preguntas y centró su fallo en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que obliga a los Estados a combatir el fraude contra los intereses financieros comunitarios, tanto los ingresos como los gastos del presupuesto de la Unión.
Con esa pauta, el tribunal español pidió a las partes que aportaran documentación sobre el origen de los fondos. El resultado se ha conocido este miércoles. Para Puigdemont es la primera amnistía efectiva, mientras su situación penal sigue pendiente del Supremo.
¿Cuándo volverá Puigdemont a España?
La sentencia contable llega ocho días después del fallo que desatascó su vuelta. El 6 de octubre, el Constitucional estimó por siete votos contra cinco el recurso de amparo de Dolors Bassa y concluyó que la amnistía debe cubrir también la malversación, el delito que el Supremo se negaba a amnistiar.
Minutos después, el juez Pablo Llarena levantó la orden de detención contra Puigdemont, y también las de Comín y Puig. Estaba vigente desde julio de 2024, y el magistrado matizó que retirarla no equivale a amnistiarle. Llarena prevé proponer el sobreseimiento de la causa entre este viernes y el próximo martes.
Puigdemont puede volver. Otra cosa es que quiera hacerlo ya. Su abogado, Gonzalo Boye, fue tajante este martes en 'Catalunya Ràdio': "No volverá en medio de la campaña electoral, que es lo que querría el PSOE".
Según Boye, el expresidente esperará a que pasen las generales del 29N y "volverá cuando él lo decida", con un plan de regreso que explicará cuando la amnistía se le aplique de forma íntegra. Ese momento no es inminente: el letrado habló de un plazo de entre una y tres semanas. No es la primera vez que apunta en esa dirección. Ya el 6 de octubre, en '3Cat', consideró que "no sería sensato" tomar la temperatura del país en plena campaña.
El propio Puigdemont ha sido menos concreto. Celebró la retirada de la orden como "una clara derrota del Estado español", pero no ha dado ninguna pista sobre la fecha. Su regreso, insiste, será una decisión "de país y no de partido", la misma lógica con la que, según Boye, decidió marcharse en 2017.