El Tribunal Supremo ha dado hasta las 15:00 del miércoles a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los partidos Vox e Iustitia Europa para pronunciarse sobre la decisión de la JCE de enviar documentación electoral a los inscritos en el censo exterior. El PP, por su parte, exige cumplir la suspensión.
El Tribunal Supremo ha dado un plazo de 24 horas, hasta las 15:00 del miércoles, a las partes implicadas para presentar alegaciones sobre la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 16 de octubre relativa al voto de los españoles residentes en el extranjero de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.
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En una providencia, el alto tribunal ha emplazado a la Abogacía del Estado, la Fiscalía y los partidos políticos Vox e Iustitia Europa a pronunciarse sobre la resolución de la JEC, que prevé el envío de la documentación electoral a todas las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La medida busca garantizar que la documentación llegue a quienes no están afectados por la suspensión del derecho al voto acordada por el Supremo para parte de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la 'ley de nietos'.
La JEC advirtió de que el envío de la documentación no implica que todos sus destinatarios puedan ejercer su derecho al sufragio. Por su parte, Iustitia Europa ha solicitado al Supremo que advierta de la posible comisión de delitos electorales si votan personas afectadas por la suspensión.
La formación también ha pedido que se suspendan los efectos electorales y los procedimientos de votación para todas las personas que adquirieron la nacionalidad española al amparo de la ley, salvo aquellas que hayan quedado individualmente exceptuadas mediante la certificación prevista por el alto tribunal.
El PP exige cumplir la suspensión del voto
En paralelo, el Partido Popular ha anunciado el envío de un requerimiento formal por burofax al director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares para exigir el cumplimiento inmediato de la decisión judicial.
"Advertimos de que en caso de incumplimiento, vamos a exigir todas las responsabilidades a quien corresponda, también las penales", ha afirmado Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP y directora de su programa electoral, en un vídeo distribuido a medios por su formación.
La dirigente ha asegurado que, un mes después de la decisión del Supremo de excluir del censo a personas que no son descendientes de exiliados, la oficina del censo electoral no ha recibido "ni un solo dato" para aplicar la resolución. El PP ha fijado el jueves como plazo para que se facilite esa información, antes de que el sábado 24 de octubre comience el envío de las papeletas a los electores residentes en el extranjero.
Según Ezcurra, existe el riesgo de que se remita la documentación a los 163.020 electores cuyo derecho al voto está suspendido.
El PP también ha anunciado que solicitará al Tribunal Constitucional personarse en el procedimiento para defender "un censo íntegro como garantía electoral" y que se desestime el recurso presentado por el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. Además, la formación pedirá investigar presuntas irregularidades en la expedición de pasaportes en el Consulado General de España en México a personas que, según denuncia, no tendrían padres ni abuelos españoles.