EU Inc, la promesa de la Comisión para reforzar el mercado de startups europeo y evitar su fuga al extranjero, tropieza con obstáculos que dificultan su adopción en 2026. ¿Sobrevivirá el régimen 28?
La Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo no ha logrado someter a votación su proyecto de informe sobre EU Inc el 19 de octubre. Conocido como el '28º régimen', EU Inc establece normas societarias unificadas para reducir la fragmentación entre los 27 sistemas jurídicos de la UE, lo que haría más rápido y barato lanzar y ampliar negocios. Ofrecería a las empresas emergentes una única forma societaria digital paneuropea sin modificar las normas nacionales sobre sociedades, residencia fiscal ni seguridad social.
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Pero se enfrenta a una fuerte oposición. La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC) advierte de que los vacíos de la propuesta actual podrían desencadenar una carrera a la baja en salarios y protección de los trabajadores, mientras que los impulsores de EU Inc señalan que meses de negociación están diluyendo el núcleo de la reforma.
Qué promete EU Inc
EU Inc es una forma societaria válida en toda la UE con un único reglamento armonizado. Sería opcional y complementaría las leyes y formas societarias nacionales existentes, dando a los fundadores otra alternativa cuando ponen en marcha una empresa.
Con este régimen, las empresas pueden registrarse en un Estado miembro a través de la interfaz central de la UE, en un plazo de 48 horas. El capital mínimo es de 1 euro y no se exige depósito de apertura. Todos los trámites, incluida la constitución, el registro, la gobernanza, la emisión de acciones y la liquidación, son totalmente digitales y no generan tasas de notaría ni de cámara de comercio. Además, se prevé un acceso rápido y totalmente digital a los procedimientos de insolvencia. Las compañías ya existentes pueden convertirse en una EU Inc sin necesidad de disolverse y volver a constituirse.
Con una opción sobre acciones para empleados armonizada a escala europea, EU Inc cambiaría la forma en que funciona la remuneración en acciones, garantizando que los trabajadores reciban opciones bajo las mismas normas y principios fiscales, vivan donde vivan.
Algunos aspectos no cambiarían. Los contratos, la jornada laboral, la protección frente al despido, la negociación colectiva y los comités de empresa seguirían regidos por el país en el que trabajan los empleados. La seguridad social continuaría determinada por el lugar donde trabajan físicamente. La propuesta no crea un nuevo régimen fiscal ni modifica la residencia fiscal, ya que las empresas seguirían tributando donde se sitúe su administración efectiva.
Los derechos laborales están detrás del bloqueo
La Comisión presentó su propuesta el 18 de marzo de 2026 y aspira a lograr un acuerdo antes de finales de año. El Consejo aprobó su posición el 23 de octubre. Respalda los objetivos de la propuesta, al tiempo que simplifica el marco, racionaliza las disposiciones digitales y sobre opciones sobre acciones para empleados, refuerza las salvaguardas y la alinea con las libertades del mercado interior de la UE.
Las negociaciones en el Parlamento se han bloqueado después de que JURI haya fracasado en dos ocasiones al intentar lograr una mayoría para el proyecto de informe del ponente René Repasi (S&D). Repasi no ha señalado puntos concretos de bloqueo, pero los derechos laborales parecen ser el principal escollo.
"Hemos avanzado, pero aún tenemos que encontrar el equilibrio adecuado para un acuerdo final", dijo Repasi. Para que EU Inc sea un "sello de calidad" necesita seguridad jurídica y salvaguardas para los trabajadores frente a posibles abusos, algo que, señaló, ha estado "totalmente ausente en la propuesta de la Comisión".
"Si EU Inc se convierte en un vehículo para eludir la legislación laboral en lugar de un motor de innovación de alta calidad, habrá fracasado en cumplir su promesa", añadió el ponente.
El 24 de septiembre y el 20 de octubre, la ETUC protestó en Bruselas y Estrasburgo por la falta de salvaguardas en la propuesta. La secretaria general adjunta de la ETUC, Isabelle Schömann, advierte de que EU Inc podría fomentar el 'regime shopping'. Las compañías podrían registrarse en Estados con protecciones laborales y negociación colectiva más débiles, para operar después en otros lugares y eludir leyes más estrictas, favoreciendo el dumping social y fiscal.
La ETUC afirma que la propuesta permite a las empresas evitar informar y consultar a los trabajadores. Como la representación de los empleados en los consejos de administración varía según el país y depende del lugar de registro de la empresa, las compañías podrían inscribirse donde esa representación no existe, excluyendo a los trabajadores de las decisiones.
Las empresas podrían sustituir salarios o contratos de trabajo por opciones sobre acciones, ya que no existe una prohibición clara que impida pagar a los trabajadores en títulos o complementar salarios bajos con ellos, señaló Schömann. Para Repasi, las opciones son valiosas para atraer y retener talento, pero advirtió de que "estos esquemas nunca deben sustituir a salarios justos, pensiones ni cotizaciones a la seguridad social".
Las empresas EU Inc podrían recurrir a procedimientos de liquidación acelerados, incluso si tienen pagos pendientes. Esto puede traducirse en salarios, indemnizaciones o cotizaciones sociales impagadas para los trabajadores despedidos, mientras que las autoridades de seguridad social dispondrían de un tiempo limitado para revisar y oponerse, según un informe de análisis jurídico elaborado por la propia ETUC.
"Los procedimientos más rápidos pueden reducir cargas administrativas innecesarias, pero la velocidad no debe ser a costa de los derechos de los acreedores, de las reclamaciones de los empleados ni de la aplicación efectiva de las obligaciones legales", advirtió Repasi.
Los negociadores quieren llegar a un acuerdo antes de finales de año. Sin embargo, ello dependerá de la "voluntad de todas las partes de trabajar de forma constructiva", señaló el ponente, que pidió a la Comisión que sea "un mediador imparcial". "Debe facilitar un proceso justo y ayudar a que los dos colegisladores encuentren puntos comunes, sin favorecer una posición frente a otra", explicó Repasi a 'Euronews'.
Para Schömann, los negociadores están pasando por alto un aspecto crucial. "El acceso a la inversión es el mayor obstáculo para las empresas emergentes y en fase de expansión, y es esencial para mantenerlas en Europa", dijo, pero "no vemos de dónde obtendrán acceso a la inversión estas nuevas empresas" a través de la reforma de EU Inc.
¿Sigue EU Inc cumpliendo su promesa?
Aunque los sindicatos presionan para reforzar la protección de los trabajadores, los impulsores de EU Inc alertan de que meses de negociaciones están diluyendo el núcleo de la reforma. El 15 de octubre de 2026, la campaña EU-INC lanzó una advertencia urgente a los dirigentes europeos, acusando a los responsables políticos de debilitar la propuesta tras meses de conversaciones.
Respaldada por más de 26.000 fundadores, inversores y emprendedores de toda Europa, entre ellos figuras vinculadas a Stripe, Klarna, Mistral AI y Atomico, la campaña afirmó: "La EU Inc que ustedes defendieron -aquella que permitirá a Europa competir a gran escala- ya no existe".
Simon Schaefer, coiniciador de la campaña EU-INC, explicó a 'Euronews' que la ambición inicial era crear un marco jurídico genuinamente europeo, y no dependiente de los tribunales nacionales. "En cambio, la Comisión ha optado por la versión en la que los tribunales nacionales de los Estados miembros son responsables de la resolución de conflictos. Y solo eso ya no es [...] el gran proyecto rompedor que pedíamos en un principio, porque tiene, en cierta medida, 27 variantes", dijo.
Según la campaña, permitir que los Estados miembros introduzcan excepciones nacionales y requisitos diferentes supone el riesgo de crear 27 versiones de un mismo marco. Schaefer sostiene que, si ya no es posible un sistema europeo plenamente unificado, las empresas emergentes deberían al menos poder elegir el Estado miembro que ofrezca el marco societario más adecuado.
"El derecho de sociedades, la normativa corporativa, la legislación laboral, la fiscalidad, todas estas cuestiones están tan interrelacionadas y son tan complejas que creemos que el mejor resultado posible de la propuesta actual de la Comisión sería que 1, 2 o 3 Estados miembros en Europa construyan el marco más adecuado para las empresas emergentes", afirmó.
Uno de los grandes desacuerdos tiene que ver con el registro central europeo de empresas propuesto, que se eliminó de un primer borrador de compromiso del Consejo. Los fundadores sostienen que un único registro con información estandarizada sobre las compañías es esencial para simplificar los procedimientos bancarios, de inversión y de cumplimiento normativo transfronterizos.
También se oponen a las restricciones sobre las opciones sobre acciones para empleados, incluidos límites basados en el tamaño de la empresa y su volumen de negocio. Tales límites podrían impedir que las compañías en crecimiento se beneficien del marco.
Pero también suscita inquietud la cuestión de quién debe beneficiarse de EU Inc. Aunque está concebido principalmente para empresas emergentes, la propuesta de la Comisión no establece restricciones generales de tamaño o antigüedad. Grandes compañías consolidadas podrían optar igualmente por EU Inc, lo que abre interrogantes sobre si unas normas simplificadas pensadas para empresas jóvenes podrían ser utilizadas por corporaciones que buscan fórmulas de gobierno más favorables.
La propuesta encierra además una contradicción central: las empresas podrían registrarse en un Estado miembro y ser gestionadas desde otro. Como la residencia fiscal sigue regida por las normas nacionales, una compañía inscrita en Irlanda pero operada desde Alemania podría seguir enfrentándose a obligaciones fiscales alemanas y a cuestiones de cumplimiento transfronterizo.
Para Schaefer, sin embargo, esta es una de las mayores ventajas de la propuesta: "La libre elección de la sede administrativa haría posible lo mismo dentro de Europa. Así, podrías registrar tu empresa en cualquier país, en cualquier Estado miembro que elijas, pero seguir estando físicamente en otro Estado miembro y pagar tus impuestos allí".
Un único proceso de registro no implicaría necesariamente un entorno jurídico único. Las leyes nacionales seguirían rellenando los vacíos del marco europeo, lo que podría mantener las diferencias entre Estados miembros incluso si las normas para crear una empresa se armonizan.
Otro asunto es la base jurídica. La Comisión se apoya en el artículo 114 de los tratados de la UE, que permite la aproximación de las legislaciones nacionales para mejorar el mercado único. Sin embargo, el grupo European Company Law Experts cuestiona que esta disposición pueda servir jurídicamente de apoyo a una estructura societaria separada y opcional.
Después está el problema del proceso rápido de registro digital, que ha suscitado inquietud sobre la prevención del fraude. La propuesta mantiene determinados controles administrativos, judiciales o notariales, pero la Cámara Federal de Notarios de Alemania sostiene que la verificación de identidad y las salvaguardas jurídicas son insuficientes, lo que podría incrementar el riesgo de sociedades pantalla, fraude y blanqueo de capitales. La Comisión, en cambio, asegura que las garantías frente a los abusos seguirán vigentes.
Y en respuesta a las preocupaciones de los sindicatos de que EU Inc pueda debilitar los derechos de los trabajadores, Schaefer defendió que las salvaguardas deben dirigirse directamente a los abusos, incluido impedir que las empresas utilicen las opciones sobre acciones para sortear los requisitos de salario mínimo.
"Estamos disponibles, dispuestos y deseosos de diseñar las herramientas adecuadas para prevenir el fraude. Coincidimos con los sindicatos en que no queremos abusar de los derechos de los trabajadores. Nunca debería ocurrir", dijo Schaefer.
La campaña EU-INC quiere que los dirigentes de la UE restituyan cinco elementos esenciales: libertad para registrarse en cualquier Estado miembro, acceso para empresas de todos los tamaños y sectores, un registro europeo único, opciones sobre acciones armonizadas y gravadas cuando se venden las participaciones, y obligaciones fiscales y laborales nacionales vinculadas a la actividad económica real.
Pero si las negociaciones comprometen esas exigencias, la campaña podría tratar de retrasar la legislación en lugar de aceptar una versión descafeinada, advirtió Schaefer.
"Si vemos indicios de que no será así o de que hay demasiado compromiso, intentaremos encontrar la manera de retrasarla y hacerla como es debido. Para nosotros la rapidez no es el factor decisivo principal. Para nosotros, hacerlo bien es ahora casi más importante que la propia velocidad".