El primer ministro polaco, Donald Tusk, sostiene que la crisis del Tribunal Constitucional puede resolverse sin reformar la Constitución. Para ello, pide al presidente Karol Nawrocki que reconozca a los jueces elegidos por el Parlamento y les permita ejercer sus funciones.
La crisis institucional que atraviesa el Tribunal Constitucional de Polonia ha entrado en una nueva fase. La disputa por la dirección del organismo, la legitimidad de algunos de sus jueces y la validez de sus últimas decisiones centra ahora la atención en la Asamblea General de Jueces, cuya reunión está prevista para este martes, 3 de noviembre.
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Tusk asegura que la solución es sencilla
El primer ministro polaco, Donald Tusk, se ha pronunciado este lunes sobre el enfrentamiento en torno al Tribunal Constitucional. En un mensaje publicado por la mañana, ha defendido que resolver la crisis no requiere modificar la Constitución.
A su juicio, el presidente del país, Karol Nawrocki, debería reconocer a los jueces elegidos legalmente por el Parlamento polaco, conocido como Sejm, y permitir que comiencen a ejercer sus funciones en el Tribunal.
Tusk ha acusado al presidente de optar por la confrontación y ha advertido de que una nueva escalada podría tener graves consecuencias para Polonia. También ha asegurado que el Estado de derecho no cederá ante las presiones políticas.
Una reunión marcada por las dudas sobre el quórum
La juez Anna Korwin-Piotrowska, que actualmente dirige los trabajos del Tribunal Constitucional, ha anunciado este lunes que la Asamblea General de Jueces está prevista para el martes 3 de noviembre, a las 15:30, en la sede del organismo en Varsovia.
Una de las principales cuestiones será determinar cuántos jueces deben estar presentes para que la reunión pueda adoptar decisiones válidas. Según las normas citadas por Korwin-Piotrowska, es necesaria la asistencia de dos tercios del número total de magistrados. Dado que el Tribunal cuenta legalmente con 15 plazas, el quórum sería de 10 jueces.
Sin embargo, existen dudas sobre cómo deben contabilizarse los magistrados debido a la suspensión de funciones del presidente del Tribunal, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, así como a la disputa sobre la situación del juez Jarosław Wyrembak.
Korwin-Piotrowska ha señalado que corresponderá a la propia Asamblea General resolver esta cuestión. La juez también ha anunciado su intención de ampliar el orden del día para incluir el sorteo de los integrantes de los tribunales disciplinarios encargados de examinar los casos de Święczkowski y Sochański.
Una crisis que se arrastra desde hace años
El conflicto en el Tribunal Constitucional polaco no es nuevo. Desde hace años, la institución está inmersa en una disputa sobre la legalidad del nombramiento de determinados jueces, especialmente de aquellos elegidos para ocupar plazas que ya estaban cubiertas, y sobre su propio funcionamiento.
La tensión volvió a aumentar en marzo de 2026, cuando el Parlamento eligió a nuevos magistrados, pero el presidente de la República se negó a tomar juramento a algunos de ellos. La decisión abrió otro enfrentamiento entre el Parlamento, el Gobierno y la Presidencia.
La crisis se agravó el pasado viernes, cuando Anna Korwin-Piotrowska asumió las funciones de presidenta del Tribunal. Ese mismo día, la página web de la institución publicó información sobre la suspensión del ejercicio de sus funciones de Bogdan Święczkowski y Bartłomiej Sochański.
Estas decisiones se producen en un contexto en el que la Fiscalía ha solicitado que se retire la inmunidad a ambos magistrados. El enfrentamiento también se trasladó a las inmediaciones del Tribunal, donde se celebró una manifestación.
Durante la noche del viernes al sábado, el presidente Karol Nawrocki acudió a la sede del organismo tras interrumpir una visita a Senegal. En la entrada del edificio se produjeron discusiones y empujones en los que participaron el presidente y un grupo de jueces.
El presidente abre consultas, pero persisten las diferencias
Ante el agravamiento de la crisis, Nawrocki ha iniciado una ronda de consultas con representantes de los grupos parlamentarios. En la reunión celebrada el sábado participaron representantes de una parte de la oposición, pero no asistieron miembros de Coalición Cívica ni de La Izquierda.
Las posiciones siguen enfrentadas. El presidente considera que las actuaciones llevadas a cabo en el Tribunal vulneran el orden constitucional y constituyen un intento de hacerse con el control de la institución por la fuerza.
El Gobierno, por su parte, sostiene que las medidas buscan restablecer el funcionamiento del Tribunal Constitucional y respetar los nombramientos realizados por el Parlamento. El ministro de Justicia, Waldemar Żurek, ha expresado su intención de que el Tribunal vuelva a examinar asuntos en las próximas semanas. También ha llamado la atención sobre los retrasos acumulados en la tramitación de las reclamaciones de los ciudadanos.
El martes, una jornada decisiva
La reunión de la Asamblea General de Jueces, prevista para este martes a las 15:30, podría marcar el rumbo de la crisis institucional. Los magistrados tendrán que abordar tres cuestiones principales: determinar el quórum, decidir cómo se desarrollará la sesión y estudiar los posibles procedimientos disciplinarios.
No obstante, sigue sin estar claro si la Asamblea podrá adoptar decisiones válidas. Las discrepancias sobre la situación de varios jueces y la composición del Tribunal podrían dificultar el desarrollo de la reunión y prolongar el enfrentamiento institucional.