El Ejecutivo anuncia nuevas medidas de seguridad ferroviaria, mientras Óscar Puente descarta dimitir y defiende su gestión: "He dado la cara".
El Gobierno ha aprobado este martes un paquete de 30 millones de euros en ayudas para las víctimas y familiares del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que dejó 69 muertos y cientos de heridos.
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Las medidas incluyen anticipos de indemnizaciones, duplicar las cuantías de los seguros obligatorios de viajeros y una prestación específica por incapacidad temporal para los afectados.
En medio de las críticas por la tragedia, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado dimitir y ha defendido su gestión frente a las peticiones del PP y de varios socios del Gobierno. "He dado la cara", ha asegurado el ministro, que comparecerá este martes a las 17:00 ante la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente.
Mientras tanto, continúa la investigación judicial para esclarecer las causas del choque. Los últimos vagones han sido retirados de las vías y serán trasladados al lugar designado por la jueza encargada del caso para su análisis.
Transportes reduce las frecuencias Madrid-Sevilla y refuerza el control ante fallos de seguridad
El ministro de Transportes también ha anunciado un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria. Entre las medidas destacan la reducción de frecuencias en la línea Madrid-Sevilla y la obligación de que un segundo controlador de Adif valide las órdenes cuando fallen los sistemas automáticos de seguridad LZB o ERTMS.
Puente ha explicado que este nuevo protocolo introduce un mecanismo de validación cruzada para evitar que una sola persona asuma decisiones críticas cuando los sistemas automáticos no estén operativos.
La medida no supondrá duplicar la plantilla, sino reorganizar las funciones del personal de los centros de control.
Feijóo pide suspender la huelga general y los sindicatos se niegan
La tragedia también ha intensificado el enfrentamiento político a pocos días de la huelga general convocada para el 11 de noviembre. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los sindicatos que reconsideren la movilización, que considera "un grave error" tras el accidente. Santiago Abascal, líder de Vox, también ha reclamado su suspensión.
Sin embargo, UGT y Comisiones Obreras han rechazado desconvocar la huelga. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado la petición de Feijóo de "una falta de respeto" a las familias de las víctimas, mientras que Unai Sordo, de CCOO, ha recordado que una de las reivindicaciones de la movilización es precisamente aumentar la inversión en los servicios públicos y el mantenimiento de las infraestructuras.
Desde el Gobierno, la portavoz Elma Sáiz ha defendido el derecho constitucional a la huelga y ha pedido que no se utilice políticamente el dolor de las víctimas. También Podemos y las formaciones de Frente Amplio han respaldado la convocatoria y criticado la posición del PP.