La Fiscalía Europea investiga desde 2025 un posible fraude con fondos de la UE para las pulseras telemáticas de violencia de género; este jueves la UCO acudió a Igualdad y al Tribunal de Cuentas.
La Fiscalía Europea investiga un posible fraude con fondos comunitarios destinados a comprar las pulseras telemáticas que controlan a investigados y condenados por violencia de género. Agentes de la UCO de la Guardia Civil acudieron este jueves al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas, en Madrid, a petición de los fiscales europeos.
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La investigación venía de lejos. Según los medios que han seguido el caso, se abrió el año pasado y ha estado bajo secreto hasta ahora. El anuncio lo hizo la propia Fiscalía Europea desde Luxemburgo, con las diligencias dirigidas por su oficina de Madrid. No ha dicho a quién investiga, cuánto dinero está en juego ni qué busca exactamente en cada sede.
Igualdad pone matices a lo ocurrido en su sede. Según el ministerio, la UCO fue a pedir documentación sobre el contrato de 2023 con Vodafone y no a practicar un registro. La ministra, Ana Redondo, compareció de urgencia para asegurar que el dinero europeo de las pulseras telemáticas se empleó correctamente, que la investigación no es nueva y que habrá colaboración total con los investigadores. Añadió que el contrato actual del servicio corrige las disfunciones del anterior.
Un contrato adjudicado por la vía rápida
El contrato al que se refiere Igualdad se adjudicó en octubre de 2023 a la unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas. Valía unos 35 millones de euros sin IVA (42,6 con impuestos), se tramitó por el procedimiento abierto acelerado y se pagó en parte con fondos Next Generation.
Igualdad lo dirigía entonces, en funciones, Irene Montero. La Fiscalía Europea no ha señalado a ninguna persona ni empresa, y tampoco ha confirmado que sea ese contrato el que tiene sobre la mesa. El sistema, conocido como Cometa, cambió de manos en febrero de 2024. Telefónica lo había gestionado durante 15 años y Vodafone y Securitas tomaron el relevo.
En septiembre de 2025, la memoria anual de la Fiscalía General del Estado reveló que durante varios meses no fue posible conocer los movimientos de algunos agresores tras ese cambio de contratista. Los fallos provocaron sobreseimientos y absoluciones, según la propia Fiscalía. Igualdad admitió incidencias técnicas, pero ha defendido siempre que los dispositivos funcionaron y que ninguna víctima quedó sin protección.
Sostiene que los problemas se resolvieron en 2024. El 11 de noviembre de 2025, el sistema de pulseras antimaltrato se cayó durante casi trece horas. Igualdad multó a Vodafone con 25.285 euros.
Bruselas llevaba un año mirando las pulseras telemáticas
La Comisión Europea dijo en noviembre de 2025 que examinaría los fallos y su efecto sobre los fondos. Las pulseras están incluidas en un hito del plan de recuperación español, el 472, vinculado al octavo pago. El comisario Valdis Dombrovskis precisó entonces que aún no había evaluación, porque España no había presentado la solicitud de ese pago.
En enero de 2026, el Tribunal de Cuentas anunció que fiscalizaría la contratación y el control del servicio. Su informe de septiembre apuntaba deficiencias graves en ambos aspectos. La Fiscalía Europea no ha explicado qué busca ahora en el tribunal.
En mayo de este año, la mesa de contratación de Igualdad propuso mantener a la misma UTE con un contrato de unos 71,4 millones de euros, que superaría los 111 si se aplican las prórrogas. El pliego del servicio de pulseras telemáticas exige dispositivos de nueva generación y un stock mínimo de 2.000 unidades listas para instalar en menos de 24 horas.