El rey Salmán bin Abdulaziz destituye por sorpresa a Fahd bin Hamad, comandante de la coalición militar liderada por Riad en Yemen, según medios locales.
El rey saudí, Salmán bin Abdulaziz Al Saud, ha destituido este lunes al comandante de la coalición militar que encabeza el reino en apoyo del Gobierno en Yemen, Fahd al Salmán, de su cargo, según ha informado la prensa oficial, un día después del avance de los hutíes, respaldados por Irán, hacia la ciudad de Adén, sede del Gobierno reconocido internacionalmente, y de la retirada de las fuerzas gubernamentales de nuevas zonas que dominan el estrecho de Bab el Mandeb.
La Agencia de Prensa Saudí informó de un decreto real que señala: "Primero: se nombra al general Fahd bin Hamad bin Abdulaziz al Salmán asesor de Su Alteza el ministro de Defensa para los asuntos militares. Segundo: se encarga al general Fayyad bin Hamid bin Raqad al Ruwaili, jefe del Estado Mayor, de desempeñar la función de comandante de las fuerzas conjuntas además de su puesto actual".
En las últimas semanas, las fuerzas gubernamentales respaldadas por la coalición liderada por Riad con armas y apoyo aéreo han sufrido importantes pérdidas y se han retirado de amplias zonas tras un ataque sorpresa de los hutíes respaldados por Irán el pasado septiembre, lo que ha permitido a Ansar Allah hacerse con el control de la costa occidental de Yemen y de la estratégica zona del estrecho de Bab el Mandeb.
Acusan a los hutíes de detener a cientos de civiles
En un desarrollo separado, un centro yemení de derechos humanos ha documentado la detención y el secuestro de 525 civiles a manos de combatientes del movimiento Ansar Allah, los "hutíes", durante una campaña llevada a cabo mediante puestos de control en la provincia de Taiz, en el suroeste de Yemen, el sábado pasado, en medio de acusaciones de uso de medidas arbitrarias que incluyeron el registro de teléfonos móviles, la coacción para hacer declaraciones grabadas en vídeo y la firma forzada de compromisos.
El Centro de Derechos de Taiz, en un informe, afirmó que las violaciones se produjeron a lo largo de la carretera que conecta las zonas de al-Dabab, al-Turba y Hayat al-Abd, y señaló que la campaña tuvo como objetivo a civiles y viajeros, e incluyó interrogatorios bajo amenaza de armas, además del traslado forzoso de decenas de personas a lugares de detención desconocidos.
El centro explicó que la documentación de estos hechos se basó en información de campo y en denuncias recibidas de las víctimas y sus familiares, así como en testimonios e información publicada en fuentes abiertas, y que varios de los casos fueron verificados individualmente.
Tres categorías de detenidos
Según el informe, los casos de detención y secuestro se repartieron en tres grupos, que difieren en la duración de la detención y en las medidas a las que fueron sometidos los civiles.
El primer grupo incluyó a 240 civiles que fueron retenidos durante varias horas y sometidos a interrogatorio y al registro de sus teléfonos móviles bajo la amenaza de las armas. Según el informe, algunos de ellos fueron obligados a hacer declaraciones grabadas en vídeo que glorificaban a los combatientes del grupo y declaraban lealtad a su líder, como condición para permitirles marcharse.
El segundo grupo estuvo formado por 176 civiles que fueron retenidos cerca de medio día, sometidos a interrogatorio y al registro de sus teléfonos antes de ser obligados a firmar un documento denominado Formulario de devolución. Según el informe, este documento impone restricciones que vulneran la libertad y la dignidad de quienes lo firman y les obliga a colaborar como informantes a favor de los hutíes.
Por su parte, el tercer grupo incluyó a 109 civiles que fueron interrogados antes de ser secuestrados y trasladados a lugares de detención desconocidos, mientras sus familias tienen prohibido acceder a ellos o conocer su paradero.
Viajeros procedentes de Adén y Marib, en el punto de mira
El centro señaló que los combatientes hutíes utilizaron los puestos de control para examinar el carné de identidad y otros documentos de identificación, además de interrogar a los viajeros sobre los lugares donde residen y las zonas de las que proceden, y precisó que salir desde la capital provisional Adén o desde la provincia de Marib figuraba entre los criterios utilizados para detener y retener a los ciudadanos.
El centro responsabilizó plenamente al grupo de los hutíes de la seguridad de todos los detenidos y secuestrados, exigió revelar de inmediato dónde se encuentran y cuál es su situación, liberarlos y garantizar que puedan comunicarse con sus familias.
También pidió a Naciones Unidas y a las organizaciones de derechos humanos y humanitarias competentes que actúen con urgencia para seguir el caso y ejercer la presión necesaria para garantizar la seguridad de los detenidos y conseguir su puesta en libertad.
La provincia de Taiz registra desde hace años enfrentamientos continuos entre las fuerzas gubernamentales yemeníes, respaldadas por la coalición para apoyar la legitimidad, y el grupo de los hutíes, que controla varios distritos de la provincia, mientras la ciudad de Taiz, capital provincial, sigue sometida a un asedio impuesto por el grupo, en un contexto de persistentes tensiones militares y humanitarias en la zona.