El grueso del decreto se limita a regular las horas del personal de Adif y los operadores, así como a garantizarles mayor autonomía si detectan posibles peligros o quieren denunciarlos internamente, a la espera de una auditoría general sobre el estado de las vías españolas.
Solamente los seis miembros de Vox en la Diputación Permanente del Congreso han votado este miércoles en contra del Real Decreto-ley 34/2026 de seguridad ferroviaria, diseñado por Transportes como plan de choque tras los graves accidentes de Urda y Adamuz.
El ministerio, en manos del vicepresidente Cuerpo tras la dimisión de Óscar Puente, establece entre otras medidas turnos máximos durante la jornada de los operarios de la red, Adif, así como de los maquinistas de los trenes: solo podrán permanecer seis horas seguidas a cargo de los trenes. El tiempo corre tanto si los trabajadores conducen o no el tren: por ejemplo, cuando haya conducción por parejas el tiempo computará igual para ambos.
El texto también otorga más control a la Agencia de Seguridad Ferroviaria (AESF) para acceder a todas las instalaciones de circulación y control del tráfico, así como a los propios trenes, unas funciones hasta ahora en manos de las empresas (Renfe, Iryo o Ouigo) y del propio Adif.
Así mismo se garantiza que, ante la percepción de un posible peligro, un maquinista pueda detener la marcha o tomar decisiones para proteger la seguridad sin temer ser sancionado, y que el personal con funciones de seguridad pueda comunicar riesgos por canales confidenciales internos. Los sindicatos ferroviarios, con los que Cuerpo negocia estas semanas para que detengan su huelga sectorial, llevan denunciado públicamente desde febrero presiones para evitar retrasos en los viajes de los pasajeros, además de unas malas condiciones horarias y económicas en sus puestos de trabajo.
Los trabajadores del sector también hacen hincapié en varias jubilaciones simultáneas que no se habrían cubierto con plazas suficientes, y que también habrían dificultado formar adecuadamente a las nuevas generaciones de controladores.
El PP (cuyos votos no son imprescindibles, puesto que el Gobierno cuenta con los votos suficientes entre sus socios para aprobar sus medidas) ha apoyado entre críticas este plan de choque, vinculando los accidentes mortales ferroviarios a los casos de corrupción en Transportes. Algunos de los socios, como el PNV, también se han mostrado críticos con el Ejecutivo, al considerar que han tenido que ocurrir varios accidentes "para hacer algo que se tendría que haber hecho en 2020".
Más allá del plan de choque aprobado, Cuerpo anunció el fin de semana pasado la elaboración de una auditoría a través de un comité de expertos técnicos (algunos de ellos extranjeros), quienes se encargarán de elaborar diagnósticos y recomendaciones sobre el estado de las vías, la inversión en el sistema y de su funcionamiento.
Unanimidad en las ayudas a las familias de las víctimas
Los ultraderechistas sí se han sumado al resto de los diputados para indemnizar con 72.121 euros por víctima a sus allegados. El segundo decreto aprobado este miércoles también prevé un monto de entre 2.404,04 euros y 84.141,7 euros por lesiones, dependiendo de la gravedad de las mismas. Las bajas laborales derivadas del accidente tendrán la consideración de accidente de trabajo, lo que mejorará las prestaciones y derechos para los afectados.
La ley incluye un mecanismo para limitar la subida de los precios de ciertos bienes y servicios -como transportes alternativos o alojamientos- cuando se produzcan situaciones de emergencia similares.