Un año después de la DANA que devastó Valencia, Amnistía Internacional denuncia que las autoridades continúan permitiendo construcciones en zonas inundables. La organización advierte de que esta falta de planificación urbanística y de adaptación al cambio climático vulnera el derecho a la vivienda.
Con motivo del primer aniversario de la DANA, que el 29 de octubre de 2024 arrasó Valencia y otras partes del país y causó 229 muertos, Amnistía Internacional ha lanzado una seria advertencia. En su nuevo informe 'Llueve sobre mojado. La DANA: impactos de la crisis climática en un escenario de crisis estructural de vivienda', la organización denuncia que las autoridades continúan permitiendo la construcción en zonas inundables, aumentando el riesgo para decenas de miles de personas.
"El agua no discrimina, pero en materia de vivienda llueve sobre mojado", subraya Marta Mendiola, investigadora de Amnistía Internacional sobre cambio climático y derecho a la vivienda. "Las personas más vulnerables son siempre quienes sufren más. La vivienda no es solo un bien que se ha perdido, es un derecho humano que sigue sin estar garantizado un año después de la DANA", afirma.
Un fenómeno extremo en un contexto de vulnerabilidad estructural
La DANA de octubre de 2024, que dejó cientos de viviendas destruidas y más de 200 víctimas mortales, puso de manifiesto, según la ONG, la falta de adaptación al cambio climático y la ausencia de protección efectiva del derecho a la vivienda. Amnistía recuerda que la Comunidad Valenciana es una de las regiones con mayor extensión de zonas inundables de España, donde viven unas 600.000 personas.
Toñi García, víctima de las inundaciones que perdió a su hija de 24 años y a su marido en Benetússer, explica que todo se inundó ante las lenguas de agua que atravesaban las calles de sus municipios. Casas, garajes y comercios quedaron devastados. Uno de los pocos locales que se salvaron fue el Ikea de la zona, Toñi explica que ellos sí hicieron los deberes y contaban con estudios para tener una construcción preparada para eventos de este calado.
Pide que este tipo de ejemplos sirvan de referencia y que las nuevas edificaciones estén adaptadas para resistir en caso de que otra DANA vuelva a afectar la zona. El caso de Toñi es una de los cientos de familias que lo perdieron todo. Con la voz entrecortada, recuerda lo ocurrido aquel fatídico 29 de octubre. Tanto ella como su marido, ambos funcionarios de la Generalitat, salieron del trabajo a las 16:30. A medida que avanzaba la tarde, la situación en Benetússer se volvió crítica. Su hija y su marido bajaron al garaje para intentar sacar los coches; fue la última vez que los vio con vida. Ambos se ahogaron y fueron hallados abrazados durante las labores de rescate.
En municipios como Paiporta o Catarroja, todos sus núcleos urbanos se asientan en áreas de riesgo de inundación y fueron de los más afectados por la catástrofe. El informe denuncia que gran parte de la edificación en estos municipios se levantó en suelos ya identificados como inundables desde 2003, lo que aumentó la exposición de la población y agravó los daños. A pesar de ello, un año después siguen aprobándose proyectos urbanísticos en las mismas áreas, denuncia la organización.
"Hay dos velocidades en la reconstrucción", advierte Mendiola. "Todavía no está aprobada la revisión del PATRICOVA ni la reforma de las normas estatales sobre gestión de riesgos de inundación, pero las autoridades autonómicas y locales han adoptado el urbanismo exprés, flexibilizando más que antes el planeamiento y desprotegiendo a la gente".
El informe también denuncia una respuesta institucional fragmentada, lenta y desigual, que ha dejado fuera a muchas personas afectadas. Según Amnistía, los trámites fueron complejos, la información escasa y la oferta de vivienda social insuficiente. La ayuda máxima de la Generalitat, de 800 euros mensuales, resulta "claramente insuficiente" frente a los precios de alquiler en los municipios siniestrados, que aumentaron tras la catástrofe.
Por otra parte, la organización señala que la inversión en infraestructuras hidráulicas en la provincia de Valencia se ha reducido notablemente desde 2009, consecuencia directa de los recortes presupuestarios. Esa falta de inversión ha limitado la capacidad de prevención y mitigación de riesgos, especialmente en municipios de la Ribera y Huerta Sur.
En barrios como El Xenillet o La Mancha, en Torrent, la DANA agravó una situación ya precaria: viviendas demolidas sin garantías, ausencia de información sobre indemnizaciones y persistencia de problemas sanitarios por fallos en el alcantarillado y el agua potable. Amnistía denuncia que estas condiciones vulneran el derecho a la vivienda y exponen a la población a nuevos riesgos.
Reclaman una moratoria urbanística y un plan integral
Amnistía Internacional exige a las autoridades autonómicas y locales una moratoria inmediata de los proyectos urbanísticos en los municipios afectados por la DANA, hasta que se apruebe la revisión del Plan de Acción Territorial sobre Riesgo de Inundación (PATRICOVA) y se realicen estudios actualizados de zonas de riesgo.
Además, la organización pide al Gobierno central y a las comunidades autónomas revisar el sistema de protección social frente a desastres climáticos, elaborar un protocolo integral de ayudas y garantizar una respuesta basada en derechos humanos.
Pueden ver la entrevista completa con Toñi García en euronews.es el martes 28 de octubre.