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Un informe pide que no prescriban los casos de abusos sexuales para defender a las víctimas

Uno de cada cinco niños europeos sufre algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida.
Uno de cada cinco niños europeos sufre algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida. Derechos de autor Markus Schreiber/AP2008
Derechos de autor Markus Schreiber/AP2008
Por Mared Gwyn Jones
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Este artículo se publicó originalmente en inglés

Muchos países europeos no hacen justicia a los supervivientes de abusos sexuales a menores, según un informe publicado el jueves.

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El informe de Brave Movement y Child Global, destacados grupos internacionales de defensa de los niños frente a los abusos sexuales, pide la abolición de los plazos de prescripción para todos los tipos de violencia y abusos sexuales a menores.

Los plazos de prescripción limitan el tiempo de que dispone una víctima para emprender acciones penales tras la comisión del delito e imposibilitan a las autoridades de muchos países europeos el poder juzgar a los autores de abusos sexuales.

Según el estudio, Luxemburgo, Estonia, Grecia, Malta, República Checa, Portugal, Lituania, Finlandia, Eslovaquia y Bulgaria son los peores infractores. En estos países, las víctimas de todos o la mayoría de los abusos sexuales a menores no pueden denunciar el delito después de cumplir los 40 años.

España, Italia, Francia, Alemania, Eslovenia y Letonia se encuentran en el segundo nivel, donde el delito prescribe al cumplir la víctima los 40 años, a pesar de que la edad media de revelación de los abusos supera los 50 años.

Irlanda, Chipre, Dinamarca y Bélgica son los únicos países de la UE donde las víctimas pueden denunciar todos o la mayoría de los delitos sexuales contra menores independientemente del tiempo transcurrido desde que se cometió el delito.

Según el informe, el abuso sexual infantil es una "epidemia" de salud pública en Europa. En la actualidad, uno de cada cinco niños europeos sufre algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida, lo que equivale a 16 millones de niños en los 27 Estados miembros de la UE.

Un derecho humano fundamental

Los breves plazos de prescripción penal silencian a las víctimas, perpetuando su trauma y estigma y contribuyendo a una crisis de salud pública que cuesta miles de millones a Europa.

"El acceso efectivo a la justicia para los supervivientes de la violencia sexual infantil no debería ser un lujo opcional, sino un derecho humano fundamental. Pero en toda Europa se niega la justicia a los supervivientes debido a la arbitrariedad de los plazos de prescripción penal y civil", afirma Miguel Hurtado, superviviente, psiquiatra infantil y cofundador del movimiento Brave.

"Instamos a las naciones europeas a que aprovechen esta oportunidad histórica para respaldar la norma de oro para la protección de la infancia: la abolición total de la prescripción penal y civil por el bien de las generaciones futuras", añade.

El cofundador de Brave Movement, el Dr. Matthew McVarish, habló en el Consejo de Europa en mayo sobre los abusos que sufrió a manos de su tío y sobre cómo pudo finalmente pedir justicia a los 25 años.

"Mi tío abusó sexualmente de mí y de tres de mis hermanos durante toda nuestra infancia, y tras una década de terapia por fin me sentí capaz de acudir a la policía en Escocia. Tuve que romper mi silencio porque mi tío seguía enseñando y abusando de muchos otros niños", lamenta.

"Por suerte, me permitieron presentar cargos, pero si mi tío hubiera abusado de nosotros en otros países europeos, sencillamente no le habrían detenido", continúa McVarish. "A un delincuente sexual infantil reincidente, con cuatro víctimas conocidas, se le dejaría seguir trabajando en escuelas, a pesar de que las autoridades son plenamente conscientes de que es una amenaza definitiva para otros niños", asegura. 

"Somos los niños de los que se abusó, y no dejaremos pasar otra década antes de que las personas con poder para cambiar lo que debe cambiar tomen las medidas que sólo ellas pueden tomar. Les pedimos, en nombre de sus hijos, que cambien esto ahora".

El informe también propone que se modifique el Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa, cuyo objetivo es proteger a los niños contra la explotación y los abusos sexuales, para eliminar los plazos de prescripción penal en los delitos sexuales contra menores en todos sus Estados miembros.

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