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La Comisión Europea se enfrenta a una denuncia por anuncios microdirigidos sobre la ley de abusos sexuales a menores

Edificio Beralymont de la Comisión Europea en Bruselas
Edificio Beralymont de la Comisión Europea en Bruselas Derechos de autor Francisco Seco/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
Derechos de autor Francisco Seco/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
Por Mared Gwyn Jones
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Este artículo se publicó originalmente en inglés

La Comisión Europea se enfrenta a una denuncia judicial por el presunto uso "ilegal" de anuncios microdirigidos en la plataforma X, antinguo Twitter, con el fin de influir en la opinión pública a favor de su controvertido proyecto de ley sobre abusos sexuales a menores.

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El Centro Europeo de Derechos Digitales (NOYB), con sede en Viena y dirigido por el abogado y activista Max Schrems, ha presentado este jueves una denuncia ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) por una una campaña publicitaria que, a su juicio, infringe el Reglamento de Protección de Datos de la UE (GDPR, por sus siglas en inglés).

Según NOYB, la dirección general de Interior de la Comisión Europea-conocida comúnmente como DG Interior- publicitó publicaciones pagadas a usuarios de la red social X en función de sus opiniones políticas y creencias religiosas en septiembre de este año, en un intento de recabar apoyo público para su polémico proyecto de ley sobre los abusos sexuales a menores.

El expediente presentado al organismo de control de la protección de datos presenta pruebas que sugieren que la Comisión utilizó la denominada "función de selección de palabras clave" -que se dirige a los usuarios de X en función de las palabras clave que buscan o utilizan en sus publicaciones- para llegar a personas que no estaban interesadas en las palabras clave #Qatargate, Brexit, Marine Le Pen, Alternative für Deutschland, Vox, Christian, cristianofobia o Giorgia Meloni.

Tales prácticas incumplirían la propia política de X, que prohíbe segmentar a los usuarios en función de categorías "sensibles" como raza, religión y afiliación política. La presión del propio Ejecutivo comunitario, preocupado por la manipulación de la información y la injerencia extranjera en las elecciones, ha obligado a X a endurecer esta misma política.

"Aunque las opiniones políticas y las creencias religiosas de las personas están específicamente protegidas por el GDPR de la UE, estas mismas categorías de datos se utilizaron para la campaña publicitaria", ha asegurado NYOB en un comunicado de prensa.

En respuesta a la queja, Johannes Bahrke, un portavoz de la Comisión Europea, ha dicho: "Somos conscientes de la queja y de los informes relativos a una campaña llevada a cabo por los servicios de la Comisión en X y actualmente estamos llevando a cabo una revisión exhaustiva de esta campaña."

"Como reguladores, la Comisión es responsable de tomar las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de las normas aplicables por parte de todas las plataformas", ha añadido.

"E internamente puedo decir que proporcionamos orientaciones actualizadas periódicamente para garantizar que nuestros gestores de redes sociales estén familiarizados con las nuevas normas y que los contratistas externos también las apliquen íntegramente", ha apuntado,

Felix Mikolasch, abogado especializado en protección de datos de NOYB, ha defendido que "la Comisión Europea no tiene base legal para procesar datos sensibles para publicidad dirigida en X. Nadie está por encima de la ley, y la Comisión no es una excepción".

La organización sin ánimo de lucro también ha anunciado que está considerando presentar una denuncia similar contra X por "permitir el uso ilegal de datos sensibles para micro-targeting político".

El archivo de Meta sugiere que anuncios segmentados similares publicados por la DG de Interior en Facebook e Instagram en checo, italiano y portugués fueron retirados en junio de 2022 porque la Comisión no había incluido la cláusula de exención de responsabilidad "pagado por" exigida en los anuncios relacionados con temas sociales, elecciones o política.

La Comisión también se enfrenta a acusaciones de utilizar estadísticas engañosas en un intento de influir en la opinión pública sobre su propuesta de nueva ley para abordar el abuso sexual infantil, presentada por primera vez por el ejecutivo de la UE en mayo de 2022.

Un post en X dirigido a mayores de 18 años en los Países Bajos afirmaba que el 95% de los holandeses dicen que detectar material de abuso sexual infantil (CSAM) en línea es más importante que la privacidad en línea, citando datos basados en encuestas de opinión recientes realizadas por la Comisión.

Pero NOYB ha afirmado que los mensajes utilizados en los anuncios son "engañosos", ya que no señalan los "efectos negativos" de las nuevas normas previstas por el ejecutivo europeo para hacer frente a los abusos sexuales a menores.

Un proyecto de ley muy divisivo

El texto legislativo en el que se centra la denuncia ha desatado la polémica, enfrentando a los defensores de la privacidad con los de los derechos de los menores.

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La responsable de Interior de la UE, Ylva Johansson, ha reivindicado en repetidas ocasiones su responsabilidad personal en el contenido de la propuesta legislativa de la Comisión, que aboga por el uso de las nuevas tecnologías para detectar material de abuso sexual infantil (CSAM) y actividades de captación de menores, dando a las autoridades nacionales el poder de obligar a los servicios digitales a escanear las comunicaciones de los usuarios, incluidos los mensajes cifrados.

Sin embargo, los grupos de defensa de los derechos digitales afirman que esta medida instauraría un régimen de vigilancia masiva y supondría el fin de la privacidad digital tal y como la conocemos.

La comisión de Justicia del Parlamento Europeo también suavizó la propuesta original de la Comisión en su proyecto de posición aprobado el martes, pidiendo que se protejan las comunicaciones cifradas y que el escaneo de contenidos digitales sea una opción de "último recurso" que sólo se utilice cuando haya "motivos razonables de sospecha".

La polémica en torno al expediente ha incluido acusaciones de intereses económicos e influencia indebida en la toma de decisiones de la Comisión, a las que la comisaria Johansson se ha visto obligada a responder.

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No es la primera vez que X se ve envuelta en la polémica política sobre el reglamento propuesto. Las apasionadas declaraciones de Johansson en X, en las que defiende su proyecto de ley como necesario para proteger a las víctimas de atroces delitos sexuales, suelen ir seguidas de una retahíla de las llamadas notas comunitarias, destinadas a señalar contenidos engañosos en la plataforma.

El propio SEPD adoptó una postura crítica sobre el proyecto de ley CSAM en un dictamen conjunto aprobado en julio del año pasado, citando "serias preocupaciones" en relación con la posible violación del derecho fundamental a la intimidad y la protección de los datos personales.

NOYB pide ahora al SEPD que imponga multas a la Comisión por infringir sus propias normas sobre el RGPD, y que prohíba al ejecutivo europeo realizar campañas similares.

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