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15 países de la UE piden la externalización de la política de migración y asilo

La carta firmada por 15 Estados miembros llega tras la finalización del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.
La carta firmada por 15 Estados miembros llega tras la finalización del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Derechos de autor Agnieszka Sadowska/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Derechos de autor Agnieszka Sadowska/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Por Jorge Liboreiro
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Este artículo se publicó originalmente en inglés

La declaración se produce pocos días después de que el bloque comunitario completara el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que pone fin a casi cuatro años de duras negociaciones. España no es uno de los firmantes.

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Un grupo de 15 Estados miembros de la UE, encabezados por Dinamarca, han hecho un llamamiento conjunto para desarrollar la externalización de la política de migración y asilo, argumentando que el aumento "insostenible" de las 'llegadas irregulares de migrantes' observado en los últimos años justifica pensar "fuera de lo común".

"La UE y sus Estados miembros deberían mejorar su contribución a unas asociaciones igualitarias, constructivas y amplias con países clave, especialmente a lo largo de las rutas migratorias, cambiando nuestro enfoque de la gestión de la migración irregular en Europa al apoyo a los refugiados, así como a las comunidades de acogida en las regiones de origen", escriben.

"Si queremos seguir esforzándonos por romper las estructuras de incentivos que impulsan los movimientos migratorios irregulares y los viajes peligrosos hacia Europa, son necesarios esfuerzos complementarios", añaden.

La carta, fechada el 15 de mayo, pero hecha pública este jueves, está dirigida a los altos funcionarios de la Comisión Europea. Además de Dinamarca, cuenta con el respaldo de Bulgaria, la República Checa, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía y Finlandia, lo que refleja un consenso entre partidos.

La declaración, de cuatro páginas, presenta ideas y propuestas deliberadamente diseñadas para transferir parcialmente las tareas de las autoridades nacionales a los países vecinos.

Los firmantes abogan por "asociaciones globales, mutuamente beneficiosas y duraderas" con las naciones situadas a lo largo de las rutas migratorias, siguiendo el ejemplo de los acuerdos que la UE ha alcanzado con Turquía, Túnez y Egipto, que destinan millones, o incluso miles de millones de euros, en fondos de la UE, a cambio de controles fronterizos más estrictos.

Esta estrategia, dicen, debería basarse también en el protocolo firmado el año pasado entre Italia y Albania, en virtud del cual Roma prevé externalizar al país balcánico la tramitación de hasta 36.000 solicitudes de asilo al año.

El protocolo, realizado sin la intervención de Bruselas, difiere significativamente de los acuerdos de la UE con Túnez y Egipto, ya que estos no incluyen disposiciones para trasladar a los solicitantes de asilo de un lugar a otro, algo muy controvertido.

Sin embargo, los firmantes creen que este es el camino correcto y piden al bloque que explore soluciones encaminadas a "rescatar a los migrantes en alta mar y llevarlos a un lugar seguro predeterminado en un país socio fuera de la UE".

La carta parece estar deliberadamente programada para coincidir con la finalización del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, la reforma global que prevé normas comunes y colectivas para todos los Estados miembros. La reforma recibió su aprobación final el martes y tardará dos años en ser plenamente aplicable.

En particular, Dinamarca, país impulsor, tiene desde hace tiempo una cláusula de exclusión voluntaria del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) y, por tanto, no está vinculada por el Nuevo Pacto.

La Comisión Europea señaló que analizaría detenidamente la carta, que calificó de "compleja" y "exhaustiva", y subrayó que en los próximos años se centraría en la aplicación de la reforma acordada.

Esfuerzos complementarios

Los firmantes elogian el Nuevo Pacto y afirman que proporciona un marco jurídico sólido para abordar la migración irregular. Sin embargo, "son necesarios esfuerzos complementarios".

La deslocalización, prosiguen, debe aplicarse también a la cuestión de los retornos, punto delicado de la política migratoria de la UE. Durante años, los Estados miembros han luchado por garantizar que los solicitantes a los que se deniega la protección internacional (por ejemplo, en casos de que sean reconocidos como inmigrantes económicos) sean realmente devueltos a los países de los que proceden.

A pesar de los esfuerzos de Bruselas y las demás capitales comunitarias, la tasa de retorno sigue siendo escasa y oscila entre el 25% y el 30%. La coalición de 15 países afirma que la externalización también puede ayudar en este sentido estableciendo "mecanismos de centros de retorno" fuera del bloque, "a los que los retornados podrían ser trasladados mientras esperan su expulsión definitiva", aunque no se menciona ningún lugar concreto.

Otra propuesta implicaría enviar a los solicitantes de asilo a un "tercer país alternativo seguro", y completar allí el proceso para aliviar la presión sobre las autoridades nacionales. El concepto de "tercer país seguro", que la Comisión Europea planea revisar como parte del Nuevo Pacto, ha sido impugnado en repetidas ocasiones por las ONG, que argumentan que las personas pueden sufrir persecución y ser maltratadas en países que, sobre el papel, son estables.

Por último, los firmantes abogan por reforzar las normas para combatir la instrumentalización de la migración, algo ya previsto en el Nuevo Pacto, y reprimir la trata y el tráfico de seres humanos.

"Reiteramos que todas las nuevas medidas deben aplicarse respetando plenamente nuestras obligaciones jurídicas internacionales, incluido el principio de no devolución, así como la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE", escribe la coalición.

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En conjunto, la carta se lee como un visto bueno sin paliativos a la externalización de la política de migración y asilo, una tendencia que ha ganado protagonismo desde el final de la pandemia de COVID-19, pero que sigue causando división por sus repercusiones jurídicas y humanitarias.

El gran número de firmantes, más de la mitad de los 27 Estados miembros, sugiere que el proyecto está a punto de escalar posiciones en la agenda y ofrece una indicación de hacia dónde se dirigirá el bloque tras las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

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