La Unión Europea ha completado la reforma de su política de migración y asilo, un momento decisivo que durante una década ha resultado obstinadamente esquivo.
PUBLICIDADLa tortuosa, y a menudo explosiva empresa, llegó a su fin el martes, cuando los Estados miembros se reunieron para dar luz verde definitiva a los cinco reglamentos que componen el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, una revisión global que pretende garantizar que todos los países, independientemente de su ubicación, asuman la parte que les corresponde.
Entre otras cosas, el Nuevo Pacto prevé normas más estrictas para ampliar la selección de los solicitantes, realizar controles sanitarios y de seguridad, acelerar los procedimientos de examen y ofrecer asesoramiento gratuito. Su principal novedad es un sistema de "solidaridad obligatoria" que daría a los gobiernos tres opciones para gestionar a los solicitantes de asilo: reubicar a un número determinado, pagar 20.000 euros por cada uno que rechacen o financiar el apoyo operativo.
El objetivo inicial es realizar 30.000 reubicaciones al año
Como era de esperar, Polonia y Hungría, los más acérrimos críticos, votaron en contra de todo el paquete legislativo. Desde que se presentó la reforma en 2020, ambos se han resistido sistemáticamente al sistema de "solidaridad obligatoria", alegando falsamente que les obligaría a aceptar inmigrantes contra su voluntad.
La República Checa y Eslovaquia, dos países escépticos, optaron por abstenerse en la mayoría de los expedientes, mientras que Austria votó en contra. Pero el Nuevo Pacto sólo necesitaba una mayoría cualificada, así que siguió adelante y fue ratificado formalmente, sellando uno de los mayores logros del actual mandato.
Para el bloque, el camino hasta la meta ha sido todo menos fácil: la idea de contar con un reglamento común y predecible para gestionar las llegadas irregulares solicitantes de asilo lleva sobre la mesa desde la crisis migratoria de 2015-2016, que convirtió el asunto en dinamita política y dividió amargamente a los países en bandos enfrentados.
Países del sur de Europa, como España, se sientes desbordados ante la llegada de inmigrantes
Los Estados miembros del sur se quejaron de verse desbordados y abandonados a su suerte. Los países occidentales y septentrionales exigían una mayor responsabilidad y aplicación de la ley en las fronteras exteriores, mientras que los orientales se resistían a cualquier iniciativa que se pareciera a una cuota de reubicación.
En medio de la conmoción, las fuerzas de extrema derecha vieron su oportunidad y saltaron al tema como trampolín hacia la relevancia y el éxito electoral. Las ondas expansivas de aquel seísmo político aún se dejan sentir hoy, y las encuestas previas a las elecciones de junio pronostican un brusco giro a la derecha.
Bajo una especie de mantra de "si no es ahora, ¿cuándo?", los Estados miembros superaron sus diferencias y fueron desbloqueando las cinco piezas del Nuevo Pacto a lo largo de 2023 hasta llegar a un acuerdo provisional con la Eurocámara en diciembre. El acuerdo, calificado de "histórico", fue aprobado por los eurodiputados en abril por un estrecho margen, tras un acalorado debate que dejó al descubierto las discrepancias ideológicas que siguen sin resolverse: los legisladores de la derecha dijeron que la reforma era demasiado blanda e indulgente, mientras que los de la izquierda afirmaron que era demasiado dura y punitiva.
Las organizaciones humanitarias también se mostraron divididas. Amnistía Internacional denunció el Nuevo Pacto, advirtiendo de que degradaría la calidad del proceso de asilo y provocaría "mayor sufrimiento", pero Oxfamn dijo que representaba un "rayo de esperanza" que podría aportar un enfoque coordinado y centrado en la protección a la espinosa cuestión del reasentamiento.
"Este paquete recorre un largo camino", dijo la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. "No resolverá mágicamente todos los problemas de la noche a la mañana, pero supone diez pasos de gigante".
La votación del martes en el Consejo se desarrolló sin dramas, ni siquiera un debate, ya que todos los detalles que podían negociarse ya se habían negociado muchas veces. El único paso que le queda al Nuevo Pacto es la publicación en el diario oficial de la UE. Después, tardará dos años en entrar plenamente en vigor.
El próximo capítulo
Pese a la sensación de alivio en Bruselas, los pulgares hacia abajo dados por Polonia y Hungría presagian un comienzo difícil para lo que viene después: hacer que la reforma funcione. La Comisión Europea presentará en junio un plan de aplicación en el que se esbozarán los elementos jurídicos y operativos necesarios para poner en práctica el Nuevo Pacto. Después, los Estados miembros tendrán hasta enero para presentar sus propios planes nacionales.
Se supone que este ejercicio servirá de análisis de carencias para determinar los recursos necesarios sobre el terreno, como formación, personal, equipos e instalaciones. Las conversaciones sobre la aplicación llevarán meses y bien podrían reavivar la acritud política que se ha atenuado en los últimos meses, sobre todo si las naciones del sur exigen una cantidad de dinero que Bruselas es incapaz de soltar.
La revisión presupuestaria acordada a principios de año por los líderes de la UE prevé 2.000 millones de euros para hacer realidad las ambiciones del Nuevo Pacto hasta 2027. Pero el bote podría agotarse rápidamente si los gobiernos presentan propuestas cuantiosas para construir infraestructuras y contratar nuevo personal.
Una vez que las leyes entren en vigor, la atención se centrará en su aplicación y cumplimiento. ¿Cumplirán Polonia y Hungría las normas a las que tanto se opusieron? "El Pacto de Migración es otro clavo en el ataúd de la Unión Europea. La unidad ha muerto, las fronteras seguras ya no existen. Hungría nunca cederá al frenesí de la migración masiva", declaró el Primer Ministro Viktor Orbán tras la votación en el Parlamento.
PUBLICIDADDonald Tusk, que ha prometido restablecer los lazos entre Varsovia y Bruselas tras ocho años de tensiones bajo el partido de extrema derecha Ley y Justicia (PiS), ha mantenido la línea oficial de su predecesor, denunciando el Nuevo Pacto como "inaceptable" para su país."Protegeremos a Polonia contra el mecanismo de reubicación", dijo Tusk el mes pasado.
La falta de cumplimiento es una gran amenaza para la reforma, que se negoció minuciosamente para garantizar que todos los países contribuyeran de una forma u otra. Si los Estados miembros empiezan a ignorar las normas, el sistema de "solidaridad obligatoria" quedará rápidamente debilitado y sin efecto, privando al Nuevo Pacto de su pieza central.
Ylva Johansson, Comisaria Europea de Asuntos de Interior, ya ha advertido de que el ejecutivo emprenderá acciones legales contra los países rebeldes. Pero ese proceso es lento y puede prolongarse durante años antes de que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas emita una sentencia. Mientras tanto, seguirán llegando nuevos solicitantes de asilo pidiendo protección internacional. En 2023, el número de solicitudes alcanzó los 1,14 millones, la cifra más alta en siete años.