El fiscal general español García Ortiz se ha negado a dimitir tras ser imputado por el Tribunal Supremo en un caso de revelación de secretos.
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El fiscal general del Estado en España, Álvaro García Ortiz, se ha negado a dimitir tras ser imputado esta semana en un caso de revelación de secretos. El Tribunal Supremo le investiga por un proceso relacionado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz, que se ha convertido en el primer fiscal general en ser imputado desde que España es una democracia, ha afirmado que su "continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente a medio y largo plazo", al mismo tiempo que reconocía que este caso abierto contra él retrasará probablemente el trabajo del resto de fiscales.
El presunto fraude fiscal que desencadenó el proceso
El caso se remonta a una investigación contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El investigado, Alberto González Amador, se habría presuntamente enriquecido personalmente con la venta de productos sanitarios durante la pandemia. La Agencia Tributaria lo denunció y en enero de este año la Fiscalía abrió una investigación por presunto fraude fiscal.
Tras conocerse la noticia, el abogado de González Amador propuso a la Fiscalía Provincial de Madrid un acuerdo, según el cual su defendido reconocería los hechos y evitaría una posible pena de prisión futura. Algunos medios de comunicación del país informaron de que la Fiscalía fue quien había ofrecido un acuerdo a González Amador, basándose en filtraciones de las conversaciones del abogado a través de correo electrónico.
Al día siguiente de conocerse estas informaciones, la Fiscalía publicó una nota de prensa dando a conocer la realidad sobre el acuerdo, y es esta nota de prensa la razón por la que González Amador se querelló, alegando un delito de vulneración de secretos que vulneraba su derecho a la defensa.
El Tribunal Supremo investiga ahora al fiscal general, poniendo la atención en la filtración de las conversaciones entre Fiscalía y abogado, ya que la información que contenían no contaría como "revelación indebida" pero sí podría afectar negativamente al acusado. Se investiga también a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, quien presuntamente habría facilitado la información para elaborar la nota de prensa.