El presidente de la República promulgó un decreto del Parlamento que modifica la Ley de Nacionalidad, subrayando que ésta "debe basarse en un mayor consenso en torno a sus líneas esenciales". Seguro asegura que los casos pendientes no se verán afectados por el cambio legislativo.
El presidente de Portugal, António José Seguro, promulgó un decreto aprobado por el Parlamento que modifica la Ley de Nacionalidad, si bien subrayó que la "revisión" de una legislación con la importancia de esta "debe basarse también en un mayor consenso en torno a sus líneas esenciales".
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En una nota publicada en la página web de la Presidencia, difundida el domingo por la noche, Seguro enfatizó la posición que de la que ya había hecho gala durante la campaña electoral, al afirmar que la ley debe alejarse de cualquier "marca ideológica del momento".
La ley, que aumenta los plazos para que los extranjeros que residen legalmente en Portugal adquieran la nacionalidad del país, fue aprobada en el Parlamento el 1 de abril por el Partido Social Demócrata (PSD), Chega, Iniciativa Liberal (IL) y CDS-Partido Popular (CDS-PP), con los votos en contra del Partido Socialista (PS), Livre, el Partido Comunista Portugués (PCP), el Bloque de Izquierda (BE) y el Personas-Animales-Naturaleza (PAN) y la abstención de Juntos Por El Pueblo (JPP), tras revisar los puntos señalados por el Tribunal Constitucional.
Seguro justificó la decisión de promulgar la ley, según la Presidencia, en base a la "constatación de que el endurecimiento de los criterios y el aumento de los plazos para la adquisición de la nacionalidad no impiden la indispensable protección humanitaria y la deseable integración de los niños y menores nacidos en Portugal, hijos de inmigrantes, tal como establece el marco jurídico nacional, a saber, el acceso a la sanidad y a la educación".
En la nota publicada, el presidente de la República subraya también la "importancia de garantizar que los casos pendientes no se vean -efectivamente- afectados por el cambio legislativo, lo que constituiría una indeseable quiebra de la confianza en el Estado, tanto a nivel interno como externo".
Los cambios en el Código Penal esperan una decisión del Tribunal Constitucional
Además de la Ley de Nacionalidad, se envió a Belém el decreto 49/XVII de la Asamblea de la República, que modifica el Código Penal, creando la posibilidad de imponer una pena accesoria de pérdida de nacionalidad para algunos delitos.
El decreto fue aprobado en el Parlamento por el PSD, Chega, IL y CDS-PP en una votación final de conjunto, después de que el Tribunal Constitucional lo rechazara inicialmente. El documento fue objeto de una solicitud de revisión preventiva, presentada por el Partido Socialista, y aún se espera la decisión final de la Corte.