El magistrado José Luis Calama rechaza que la nueva imputación por contrabando y delito fiscal suponga una sorpresa que justifique más tiempo de preparación.
José Luis Rodríguez Zapatero declarará mañana ante la Audiencia Nacional con el doble cargo que tenía cuando se levantó esta mañana: investigado por el rescate público de Plus Ultra y, desde el viernes, también por las joyas encontradas en la caja fuerte de su oficina durante un registro de la UDEF, valoradas en más de un millón de euros.
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Su abogado lo intentó. Argumentó que cuatro días no eran suficientes para localizar la documentación que acredite el origen de los collares, relojes y pendientes hallados en aquella caja fuerte, y pidió al juez José Luis Calama que al menos suspendiera la parte de la declaración referida a esa nueva pieza separada. El magistrado lo ha rechazado con un argumento concreto: las joyas no son ninguna novedad en el sumario.
El hallazgo ya constaba en la causa principal; lo único nuevo es la tasación pericial que fija su valor. "No incorpora hechos nuevos", escribió Calama. Y añadió que si la defensa necesita más tiempo después de declarar, puede pedir diligencias complementarias, lo que "excluye cualquier perjuicio irreparable".
Así que mañana serán dos temas en uno. Zapatero tendrá que explicar si cobró por impulsar el rescate de más de 50 millones de euros de dinero público a la aerolínea Plus Ultra a través de la SEPI, y si para hacerlo utilizó un entramado societario que incluía, entre otras vías, la empresa de sus hijas. Además tendrá que acreditar de dónde vienen esas joyas.
La versión que ofreció su secretaria, Gertrudis Alcázar, a los agentes de la UDEF es que el contenido de la caja fuerte era una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y "regalos de viajes". Lo que está por ver es si esos objetos llegaron a España durante su etapa como presidente, entre 2004 y 2011, un detalle que no es menor: si fue así, los delitos podrían haber prescrito.
La defensa acumula además otras quejas. La semana pasada presentó un escrito exigiendo que el juez solicitara más información a Estados Unidos sobre cómo se obtuvo el teléfono de Rodolfo Reyes, considerado la prueba clave del caso. También alega que no tiene acceso completo a los dispositivos incautados, lo que le impide saber qué hay antes y después de las conversaciones que los agentes y el propio instructor utilizan en sus informes.