PP y Junts buscaban reclamar a Pedro Sánchez la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, pero la Mesa recuerda que esa competencia corresponde solo al presidente del Gobierno.
La Mesa del Congreso ha impedido que el pleno pueda votar las iniciativas con las que PP y Junts pretendían reclamar a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones generales anticipadas.
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El órgano de gobierno de la Cámara, con mayoría de PSOE y Sumar y presidido por Francina Armengol, considera que esa decisión no corresponde al Parlamento, sino al presidente del Gobierno.
La maniobra de ambos partidos se había planteado dentro de una moción presentada previamente por el PP, en la que los populares cuestionaban la situación del Ejecutivo por su falta de apoyos parlamentarios y las dificultades para sacar adelante la legislatura.
En ese contexto, PP y Junts registraron sendas enmiendas para introducir sus propias propuestas.
La iniciativa de Junts iba más allá al pedir que el Congreso instara a Sánchez a disolver las Cortes, una decisión que abriría la puerta a un adelanto electoral. Sin embargo, la Mesa rechazó tramitar la enmienda al considerar que esa competencia corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno.
El Partido Popular ha criticado la decisión de la Mesa. Su portavoz, Ester Muñoz, ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de actuar "única y exclusivamente para Pedro Sánchez" y ha asegurado que no trabaja "para el Parlamento ni para los españoles".
El debate también ha abierto una nueva división entre los socios independentistas catalanes. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha desmarcado de la iniciativa de Junts y ha rechazado apoyar la petición de adelanto electoral.
En un mensaje publicado en X, ha defendido que su formación apuesta por "cerrar carpetas fundamentales para Cataluña".
Sus palabras contrastan con las del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que había cuestionado previamente la utilidad de mantener una legislatura sin avances.
En cualquier caso, la iniciativa no habría tenido efectos jurídicos, ya que la convocatoria de elecciones depende exclusivamente del presidente del Gobierno.
La votación habría servido únicamente como un movimiento político para medir apoyos y asestar un golpe sobre la mesa al Ejecutivo.